Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 13 de junio de 2013
Este artículo critica los
supuestos que sostienen la tesis de que el sistema de pensiones público
necesita unas reducciones de sus beneficios a fin de garantizar su
viabilidad. El artículo señala que no es la transición demográfica la
que está cuestionando tal viabilidad, sino la distribución de las rentas
a favor del capital y a costa de las rentas del trabajo que explica que
aquellas actividades, como las pensiones, que derivan primordialmente
de las rentas del trabajo estén experimentando una disminución de sus
ingresos.
El mensaje que se está transmitiendo con
gran intensidad en los medios de mayor difusión en Catalunya y otras
partes de España es que los recortes de las pensiones son inevitables,
mensaje que recuerda mucho al que se ha estado transmitiendo estos años
sobre la inevitabilidad de los recortes. En la cultura económica
dominante, los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público
social (sea este en forma de transferencias o de servicios públicos del
Estado del Bienestar), son inevitables y necesarios para salir de la
crisis y para “salvar” al Estado del Bienestar. El abanico de esta
sabiduría convencional abarca desde los economistas ultraliberales (que
todos sabemos quiénes son por su gran prominencia en los medios
televisivos) a los socioliberales o socialdemócratas afines a la Tercera
Vía, muy influyentes en el socialismo español y catalán. Incluso Josep
Oliver, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona,
economista al cual tengo gran respeto y estima y que fue influyente en
el diseño de las políticas económicas del Tripartito, ha estado
escribiendo artículos de apoyo a las políticas de austeridad (negando
incluso que existieran, refiriéndose al crecimiento de la deuda pública
como muestra de su inexistencia) y de apoyo a los recortes de las
pensiones en un artículo titulado significativamente “Los inevitables
recortes en pensiones” en El Periódico. 08.06.13, el rotativo que
publica el mismo día y en el mismo número un editorial, “La revisión de
las pensiones del futuro”, de apoyo a la reducción de las pensiones.
Este rotativo no ha publicado artículos que cuestionen las tesis
catastrofistas que están detrás de la supuesta necesidad de recortar las
pensiones.
Veamos primero los datos que se aportan
para sostener la tesis de que las pensiones tienen que recortarse
inevitablemente, tomando los que utiliza el Profesor Josep Oliver en su
artículo. De una manera representativa de aquellos (la mayoría) que
consideran que la raíz de la supuesta insostenibilidad es la transición
demográfica, Josep Oliver (a partir de ahora J.O.) indica que el punto
débil de la sostenibilidad es que el número de personas en edad de
trabajar (16 a 64 años) bajará de los 30.7 millones actuales a 20.8
millones a mediados de siglo, es decir en 2052, mientas que la población
anciana (más de 65 años) habrá aumentado de 8 a 15 millones en el mismo
periodo. Y ello dentro de un contexto de disminución total de la
población que caerá de 46 a 41,5 millones, con lo cual, el porcentaje de
gente anciana (de más de 65 años) pasará a representar del 17,4% en el
año 2012 a un 36,6% en el 2052, situando a España entre los países más
envejecidos del mundo, sino el más envejecido. Creo haber resumido bien
las tesis de J.O. y de los catastrofistas basadas en la transición
demográfica, que todos ellos concluyen que hacen inevitables las
reducciones de las pensiones, subrayando que los gobiernos –incluido el
español y el catalán- puedan hacer muy poco, al menos a corto plazo,
para evitarlas. Se llega así a un determinismo demográfico que anula la
voluntad política.
Estas tesis, sin embargo, son altamente
cuestionables. Todas ellas se caracterizan por intentar resolver los
problemas a base de recortes y no a base de aumentar los ingresos (para
ver alternativas a los recortes de gasto público, ver el libro Hay
alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España
de Vicenç Navarro, Juan López y Alberto Garzón). Pero vayamos por pasos.
En primer lugar, es altamente cuestionable que dentro de cuarenta años a
partir de ahora España vaya a ser más pequeña y a tener una población
menor. Si fuera así, dudo que fuera por causas demográficas. Si miramos
el récord histórico demográfico de los pueblos y naciones de España, y
muy en particular los últimos treinta años, podemos ver que, excepto en
casos de recesión profunda, la población ha crecido. Es más, diferencial
entre el nivel de vida de España y el de sus vecinos del sur continuará
creciendo, con lo cual es más que probable que la inmigración no se
interrumpa. Los porcentajes que J.O. utiliza, sumamente alarmistas, son
más que cuestionables. Si asumimos que las tasas de crecimiento
demográfico serán las mismas o semejantes a las de los periodos
expansivos de la economía (que son los periodos más largos, a no ser que
asumamos que estaremos siempre, o casi siempre, en recesión), entonces
estos porcentajes utilizados por J.O. son excesivamente alarmistas. Es
más, España está entre las zonas menos desarrolladas de la Eurozona y de
la UE y, por lo tanto, es de esperar que (como ocurre en países menos
desarrollados) su crecimiento económico será mayor que el promedio de la
Eurozona. Esta ha sido la experiencia de España en los últimos
cincuenta años. Y a mayor crecimiento económico puede asumirse que habrá
mayores ingresos al Estado. Creo que sería un error asumir que España
será más pobre en el 2052 que hoy.
Lo cual me lleva a otros
dos factores que cuestionan las tesis catastrofistas, siendo el primero
de ellos el número y el porcentaje de la población ocupada cotizante a
la Seguridad Social. España tiene un filón que apenas ha explotado: el
enorme potencial de la mujer en el mercado de trabajo. Solo el 51% de
las mujeres están trabajando en el mercado de trabajo. Si en lugar del
51% fuera el 72% como en los países escandinavos, habría más de tres
millones más de trabajadoras. Y el segundo factor es la productividad,
puesto que a mayor productividad, mayores salarios y mayor cotización
social. Es más, se necesita una mayor progresividad en la financiación
de la Seguridad Social, pues paradójicamente, en el sistema actual, a
mayores ingresos, menor es la cotización social (a partir de un nivel
totalmente arbitrario). La corrección de tal regresividad aumentaría
considerablemente los ingresos a la Seguridad Social.
Otro factor de gran importancia es el
aumento de la productividad. La importancia de este factor queda clara
cuando calculamos que el PIB aumentaría 2,25 veces en unos cincuenta
años si la productividad aumentara un 1,5% por año (una cifra
razonable), con lo cual, aún cuando el porcentaje del PIB gastado en
pensiones pasara del 8% del PIB al 15% en estos cincuenta años, todavía
la cantidad tanto para los pensionistas como para los no pensionistas
sería mayor en 2060 que, por ejemplo, en 2007, cuando se inició la
crisis. Así, si en el año 2007, de cada cien euros los pensionistas
recibían 8 euros y los no pensionistas recibían 92, en el año 2060
aquellos cien euros habrían aumentado a 225 euros (constantes, con la
misma capacidad adquisitiva) con lo cual los pensionistas recibirán mas
de 8 euros, es decir, 33 euros (el 15% de 225) y los no pensionistas
recibirán 192 euros. Considerar la ratio trabajadores versus ancianos
constante, sin tener en cuenta el cambio de la productividad, es un
error enorme. Hace cuarenta años había un 18% de la población en España
trabajando en el campo, alimentando a la población. Hoy solo el 2% lo
hace y produce más de lo que producía entonces el 18%. Pongan
“pensiones” en lugar de “alimento” y pueden ver que si hoy se necesitan
2,5 trabajadores por pensionista, es razonable esperar que dentro de
cuarenta años haga falta solo uno, o incluso menos. Imagínese el
ridículo que habría hecho un economista que al ver que los trabajadores
agrícolas disminuían hubiera alertado que España se moriría de hambre
por falta de trabajadores en el campo. Pues sustituyan la palabra
“alimento” por “pensiones” y verán el ridículo de las tesis
catastrofistas.
El punto clave es, pues, la
productividad y cómo se distribuye la renta generada por este aumento de
la productividad. En los últimos años (desde que se estableció el euro)
hemos visto que las rentas derivadas del trabajo han ido descendiendo
(en parte resultado de las políticas neoliberales que han guiado el
establecimiento del euro) mientras que las derivadas del capital han
aumentado, en proporción a la renta total. Por primera vez desde que hay
democracia, las rentas del capital son iguales a las rentas del
trabajo. No es, pues, de extrañar, que aquellos programas como las
pensiones públicas financiadas por las rentas del trabajo hayan sido
negativamente afectadas por esta redistribución de las rentas a favor
del capital a costa del trabajo. Y ahí está el problema. Y no tiene nada
que ver con la transición demográfica. Como explicamos Juan Torres y yo
en el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión, si
suponemos que las rentas de un país son cuatro euros, dos que van al
capital y dos al trabajo, y si de estos dos uno va a las pensiones, es
lógico que si en lugar de dos son tres los que van al capital, sólo uno
queda para el mundo del trabajo, con lo cual en lugar de un euro a las
pensiones, va solo medio euro. Esto es lo que está pasando. Si se
quieren salvar las pensiones, hay que redistribuir las rentas que se
derivan del aumento de productividad a favor de las rentas del trabajo,
tema que jamás aparece en las reflexiones de los catastrofistas, donde
jamás se habla de la necesidad de la redistribución de las rentas y
riquezas en España (uno de los Estados menos redistributivos y con gasto
en pensiones y en protección social más bajos de la UE-15). Así de
claro.
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