Font: El Diario
Amnistía
Internacional, la Asociación Española para el Derecho Internacional o
la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por más de
cincuenta asociaciones, piden la investigación de los crímenes de la
Guerra Civil y el franquismo
Ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, exilio, trabajo forzoso, secuestro masivo de niños. Un plan sistemático y generalizado de extermino de disidentes políticos. Podríamos estar hablando de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil o Alemania, por ejemplo. Pero no, hablamos de España, del pasado reciente de nuestro país. Hablamos de los 150.000 casos de desapariciones forzadas, incluidos 30.000 niños, ocurridos en España durante la Guerra Civil y posterior represión franquista entre 1936 y 1975. Hablamos de crímenes de lesa humanidad que hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, siguen sin ser investigados.
Esto es lo que denuncia la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional en su último informe “ El tiempo pasa, la impunidad permanece,” en el que describe la falta de voluntad de las autoridades judiciales españolas de cumplir con su obligación internacional de investigar estos crímenes abocando al desamparo judicial a cientos de miles de víctimas y a la negación absoluta de sus derechos fundamentales reconocidos por todos los órganos de derechos humanos como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, exilio, trabajo forzoso, secuestro masivo de niños. Un plan sistemático y generalizado de extermino de disidentes políticos. Podríamos estar hablando de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil o Alemania, por ejemplo. Pero no, hablamos de España, del pasado reciente de nuestro país. Hablamos de los 150.000 casos de desapariciones forzadas, incluidos 30.000 niños, ocurridos en España durante la Guerra Civil y posterior represión franquista entre 1936 y 1975. Hablamos de crímenes de lesa humanidad que hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, siguen sin ser investigados.
Esto es lo que denuncia la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional en su último informe “ El tiempo pasa, la impunidad permanece,” en el que describe la falta de voluntad de las autoridades judiciales españolas de cumplir con su obligación internacional de investigar estos crímenes abocando al desamparo judicial a cientos de miles de víctimas y a la negación absoluta de sus derechos fundamentales reconocidos por todos los órganos de derechos humanos como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
El informe dibuja un
escenario judicial poco esperanzador para las víctimas del franquismo:
una tendencia continuada al archivo de las causas por parte de los
jueces españoles siguiendo las tesis del Tribunal Supremo, en cuya
sentencia del 27 de Febrero de 2012 ( proceso en el que el Juez
Baltasar Garzón fue también acusado de un presunto delito de
prevaricación por declararse competente para investigar), la más alta
instancia judicial española daba un portazo a la investigación de los
crímenes de la Guerra Civil y el franquismo acogiéndose – de forma
errónea por ser argumentos contrarios al derecho internacional, apunta
AI - a la existencia de una Ley de Amnistía, la prescripción del
delito, la ausencia de tipificación de los crímenes de derecho
internacional cuando ocurrieron los hechos, el presunto fallecimiento
de los autores y la existencia de una Ley de Memoria Histórica. El Tribunal Supremo añadió a su sentencia que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal".
Al desamparo judicial en nuestro país, Amnistía Internacional suma la
continua falta de cooperación y presiones ejercidas por parte de las
autoridades españolas sobre la Jueza argentina María Servini, quien,
valiéndose del principio de justicia Universal, aceptaba a trámite de la
querella “por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en
España entre el 17 de Julio de 1936 y el 15 de Junio de 1977”,
interpuesta en Buenos Aires por víctimas españolas el 14 de abril de
2010. Trabas que incluso llevaron a la suspensión de las declaraciones
testimoniales a través de videoconferencias en la Embajada argentina de España. Tampoco las puertas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han abierto a la causa, inadmitiendo
este tribunal todas y cada una de las demandas presentadas contra
España en relación a la Guerra Civil y el franquismo, argumentando, en
la mayoría de los casos, la negligencia de los demandantes por
interposición tardía, ignorando así el periplo judicial al que España
somete a las víctimas antes de acudir a Estrasburgo.
Ante este escenario de indefensión y de peregrinaje judicial de las víctimas del franquismo, algunas organizaciones como la Asociación Española para el Derecho Internacional (AEDIDH) , y la Plataforma por la Comisión de la Verdad,
integrada por más de cincuenta asociaciones para la recuperación de la
memoria, víctimas y familiares, han puesto en marcha una campaña internacional dirigida
a las Naciones Unidas y las instituciones europeas para denunciar la
situación de desprotección en la que se hallan y para exigir al Estado
español la creación de una Comisión de la Verdad que garantice el
derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación,
cumpliendo así con sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos.
Se trata en definitiva, tal como lo
define las Naciones Unidas, de un “órgano oficial, temporal y de
constatación de hechos sin carácter judicial y que se ocupa de
investigar abusos de los derechos humanos que se hayan cometido a lo
largo de varios años,” un instrumento al servicio ya de 40 países que ha
proporcionado una descripción completa de los crímenes cometidos en el
pasado, contribuyendo a su investigación y posterior enjuiciamiento, y
garantizando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la aplicación del Pacto
sobre Derechos civiles y políticos ya recomendó a España en 2008 la
creación de una "comisión de expertos independientes" encargada de
restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos
humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, además de
recordar a nuestro país la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad y la consiguiente invalidez de Ley de Amnistía de 1977, así
como el derecho de familias a identificar y exhumar los cuerpos de las
víctimas, y , en su caso, a ser indemnizadas. En este sentido se
pronunció también el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas
de NNUU, quien recordó a España en 2009 el
carácter permanente del delito de desaparición forzada y la obligación
de ser investigado hasta que el paradero de la víctima no se haya
aclarado, sin que una ley de amnistía suponga el fin del deber del
Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables.
Recomendaciones todas ellas ignoradas, denuncian Amnistía Internacional,
AEDIDH y la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
En consecuencia, indican estas organizaciones, pesa sobre España la
obligación internacional de investigar los crímenes de lesa humanidad
producidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista,
de respetar la imprescriptibilidad de estos crímenes, y ofrecer a las
víctimas el conocimiento pleno y completo de los actos que se
produjeron, dotando de recursos para ello y en caso de fallecimiento de
una persona desaparecida, investigar su paradero, identificar y exhumar
sus restos.
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