Andalucía respaldará la querella argentina sobre el genocidio franquista tras el verano

Font: Público 

PSOE e IU impulsarán mociones de apoyo en los ayuntamientos andaluces, que se unirán a los 59 de otras CCAA que ya las han aprobado. La Red Aqua extiende su influencia, mientras se retrasa el viaje de querellantes a Buenos Aires por motivos electorales 

El Parlamento andaluz mostrará su "apoyo y adhesión" a la querella argentina que investiga el genocidio franquista al inicio del próximo periodo de sesiones después del verano. Cualificados representantes del PSOE-A y de IU confirmarán dicha iniciativa este fin de semana en el acto de presentación en Sevilla de la Red Aqua, plataforma que agrupa a diferentes colectivos y personas querellantes en la causa que se sigue desde 2010 en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional nº1 de Buenos Aires, presidido por la magistrada María Servini.

Desde su constitución hace un año, la Red Aqua ha logrado persuadir a instituciones de siete comunidades autónomas de que apoyen la querella argentina. El balance de mociones aprobadas es el siguiente: el Parlamento vasco, 59 ayuntamientos entre ellos los de las capitales de provincias vascas y navarra. Aunque Euskadi concentra la mayor parte de los apoyos, con 40 municipios más en trámite de hacerlo, el proceso de adhesión institucional es una realidad en otras comunidades como Cataluña, Navarra, Asturias, Extremadura, Castilla-León y Madrid, donde la corporación municipal de Fuenlabrada (200.000 habitantes) ha aprobado recientemente una moción.

Sin embargo, Andalucía, que había permanecido hasta ahora al margen de este proceso, parece que va a sumar un importante aporte a este proceso tras la reunión convocada para este próximo sábado en Sevilla, a la que acudirán familiares de víctimas, y representantes de asociaciones de memoria histórica, colectivos de defensa de los derechos humanos, sindicatos y partidos políticos. Desde Madrid se desplazarán por la Red Aqua los coordinadores José María Galante y Soledad Luque, así como los abogados argentinos Carlos Slepoy y Ana Messuti. Se pretende constituir un grupo de trabajo que coordine a nivel andaluz las demandas de familiares y asociaciones que estén interesados en sumarse a la querella, así como las mociones institucionales de apoyo a la causa.

Probablemente, la moción de la Cámara andaluza de apoyo y adhesión a la querella argentina -cuyo debate como proposición no de ley podría celebrarse en la sesión plenaria del 26 de septiembre- no sea la primera que se apruebe en Andalucía, ya que tanto PSOE como Izquierda Unida están decididos a impulsar de manera inmediata mociones municipales en este sentido. Es más, desde el Grupo de Memoria del PSOE-A se pretende que la semana próxima comiencen a aprobarse mociones en ayuntamientos que también incluyan la declaración del 18 de Julio como día oficial de condena al franquismo, asumiendo así a nivel local la propuesta que la mayoría absoluta del PP rechazó recientemente en el Congreso de los Diputados. 

El renovado impulso de los socialistas andaluces a la memoria histórica se confirma así con hechos y se reitera con palabras, como las de Juan Cornejo secretario de Organización de la ejecutiva regional y senador por Cádiz, diciendo que "el PSOE andaluz no se quedará de brazos cruzados ante la pasividad del Gobierno que ha dejado en punto muerto este asunto de extrema delicadeza y ante el que se muestran insensibles e impasibles". Cornejo anuncia así no sólo "una ofensiva andaluza contra el inmovilismo del Gobierno y del PP" que incluye la referida moción parlamentaria -similar a la vasca del 20 de junio-, sino también el respaldo a la adhesión a la Plataforma por la Comisión de la Verdad para poner fin a la impunidad del franquismo. "Veremos en el Parlamento -dice el número tres del PSOE andaluz- si el rechazo del PP a la memoria histórica responde a criterios de austeridad o a ideología pura y dura; veremos si realmente están de acuerdo con que la historia de este país siga sepultada, las víctimas en las cunetas y el poder fáctico franquista siga siendo intocable".

Uno de los colectivos más dinámicos en el panorama andaluz de la memoria histórica, la Confederación General del Trabajo, valora el avance de estas mociones, pero apuesta por dar un paso más. Su portavoz Cecilio Gordillo, coordinador también de la importante base de datos de la represión Todoslosnombres.org, considera que "algunas instituciones deberían incluso personarse en el proceso judicial como querellantes, como el Ayuntamiento de Dos Hermanas (130.000 habitantes) con tres de sus alcaldes asesinados o la propia Diputación de Sevilla, cuyo presidente también fue fusilado".

La personación efectiva en la causa argentina por parte de algunas instituciones se está valorando en el seno de IU, uno de cuyos portavoces en temas de memoria Juan Francisco Arenas recuerda que el Partido Comunista de España es parte querellante desde hace tiempo. A este respecto, el abogado de la Red Aqua Carlos Slepoy no vería descabellado que algunas instituciones andaluzas decidieran ejercer activamente la acusación y lo militarse a apoyarla. "A fin de cuentas -precisa-, no podemos olvidar que Andalucía fue la región española que más sufrió la represión de los golpistas y de la dictadura franquista".

La red de apoyo a la querella argentina persigue sumar apoyos con la idea de integrar a cuantas más organizaciones, mejor, y no sólo limitadas al ámbito de la izquierda. De hecho, en el País Vasco fue fundamental el respaldo del PNV y del resto del espectro nacionalista. Solo contó con el rechazo del PP, ya que UPyD se acabó absteniendo. No obstante, la formación de Rosa Díez se sumó después a la moción de Fuenlabrada. La portavoz de Red Aqua María Arcenegui resume la estrategia: "buscamos que el apoyo a las mociones suceda de manera integradora, inclusiva y unitaria por parte de las fuerzas políticas que las presenten. Huimos de un partidismo definido, entre otras cosas por la diversidad ideológica dentro de la propia Red Aqua. Debe ser un punto de encuentro".

Por lo demás, la evolución del proceso de la querella argentina se enfrenta a un nuevo retraso, en este caso desde el país americano, ya que la jueza María Servini no va a poder tomar declaración a algunos querellantes que querían viajar a Buenos Aires hasta octubre o noviembre. Esto se debe a las próximas convocatorias electorales en Argentina sobre las que esta veterana magistrada tiene competencias a los efectos de supervisión. Carlos Slepoy se reunirá con ella dentro de pocas semanas para fijar la fecha definitiva del viaje de los querellantes y trata de disipar las dudas de fondo: "Esto sólo significa que se ralentiza un poco el proceso, pero me consta el sólido apoyo de la estructura judicial argentina a esta causa para acabar con la impunidad del franquismo".

El cruel asesinato de Aurora Picornell, la pasionaria de Mallorca

Font: Público

La noche del 5 de enero de 1937 la líder del PCE de Illes Balears fue torturada y ejecutada frente al cementerio de Porreres junto a cuatro de sus compañeras del sindicato de costureras de la capital balear. Sólo en Mallorca fueron asesinadas alrededor de 2.300 personas entre 1936 y 1942. 

Hay quien suele calificar a las mujeres como Aurora Picornell como mujer "avanzada a su tiempo". Aurora fue la primera mujer en militar en el Partido Laico de Mallorca. Fue quien organizó el sindicato de costureras de la capital balear y también una de las principales dirigentes del PCE de Illes Balears. Recorrió pueblo a pueblo la isla de Mallorca para señalar con el dedo a los culpables de la explotación laboral de los obreros y obreras y defender la emancipación de la mujer. La asesinaron a sangre fría con 26 años de edad. También a sus padres y hermanos. La fusilaron frente al cementerio de Porreres junto a otras cuatro compañeras del sindicato de costureras. Aurora era una mujer liberada del siglo XX y los militares habían ordenado una vuelta a la Edad Media.   

Fue torturada en el antiguo convento de Montuïri

Fue la noche del 5 de enero de 1937. Aurora estaba presa en la antigua cárcel de mujeres de Mallorca tras su detención en la Casa del Pueblo en el verano del 36. Esa noche de reyes un grupo de falangistas la reclamó junto a sus otras cuatro compañeras. Aurora se despidió de sus camaradas de celda y se llevó con ella una bobina de hilo. "Si sobrevivo os haré llegar estos hilos", les dijo. La bobina nunca regresó. Aurora fue llevada junto a sus compañeras al convento de Montuïri donde fue brutalmente torturada para después ser fusilada frente a la fachada del cementerio de Porreras.

"La gente que la conoció recuerda de ella su alegría y optimismo. Era, dicen, eléctricamente optimista. Era una gran escritora y tenía un muy buen verbo. Sus escritos muestran una cosa que no se ve hoy en día. Denuncia la explotación laboral desde la primera persona, desde la práctica y denuncia a los explotadores con nombre y apellidos", explica a Público Josep Quetglas, que ha conseguido reunir cincuenta artículos de la líder comunista en la obra Aurora Picornell. Escrits 1930-1936. 

La historia de Aurora como escritora comenzó en 1926. Tenía sólo 16 años pero ya entonces escribió el prologo de la obra ¿Es la mujer superior al hombre?. Su breve escrito le sirve para conocer a Mateo Martí, futuro director de la revista de ideología comunista Nuestra palabra. De su mano, la joven Aurora se va integrando en política a la vez que va desarrollando su faceta de escritora. 

Tenía 26 años cuando fue fusilada

"Era la única mujer en el Partido Laico, así que gracias a su verbo y a su capacidad para dirigirse al auditorio poco a poco va adquiriendo popularidad. Rápidamente comenzó a publicar entrevistas a republicanos en revistas comunistas y a coordinar la revista Nuestra palabra", señala Quetglas, que apunta que entre 1932 y 1934 Aurora se marcha a vivir a Valencia, desde donde escribe bajo el pseudónimo de Amparo Pinós.

En 1934 Aurora regresaría a la isla. "Tras la revolución de Asturias de 1934, vuelve a Mallorca e inicia su periodo máximo de actividad política. En estos años se convierte en la roja por excelencia de las islas. Da muchos mitines y se pasea pueblo por pueblo. Hoy día sorprende que pudiera visitar tres pueblos el mismo día teniendo en cuenta las carreteras de entonces", explica el estudioso. 

Su personalidad y fama la convirtieron entonces en referencia del movimiento obrero y comunista balear y en objetivo de la Falange de Mallorca. Cuando el 18 de julio se proclama el golpe de Estado, Aurora acudió al Gobernador Civil del gobierno republicano, Antonio Espina, a pedir armas para combatir el fascismo. Antonio Espina le dijo entonces que no era necesario. El general Godet le había prometido esa misma mañana lealtad a la República asegurándole que él ya estaba muy mayor para esas aventuras. 

Un día después. Godet dictó el bando militar y pocas horas después, los golpistas dominaban la isla. "La primera orden tras tomar Mallorca fue liberar a todos los prisioneros de Falange. La segunda: localizar y encarcelar a los dirigentes de las organizaciones sindicales y políticas republicanas", explica a Público el historiador Manel Suárez, vicepresidente de la Asociación Memoria Histórica de Mallorca.

2.300 asesinatos 

La represión comenzó el mismo día 19 -explica Suárez- mediante listas confeccionadas "entre los líderes locales de Falange y los núcleos de poder tradicionales de los pueblos" y se puede dividir en tres etapas diferenciadas. La primera abarca desde el primer día hasta septiembre de 1937. "Es una fase de asesinatos 'pedagógicos'. Buscaban a los líderes políticos y sindicales en su casa, los mataban y los dejaban en cualquier cuneta a la vista de todos para que cundiera el ejemplo", asegura Suárez. 

Los militares habían ordenado una vuelta a la Edad Media

La segunda etapa transcurrió septiembre de 1936 y abril de 1937. "Esta etapa coincide con el nombramiento de Mateo Torres, amigo personal de Franco, y Francisco Parrado como director de la Policía. Es una época de terror desatado. Iban a las cárceles a buscar a los presos, los fusilaban en tandas y los enterraban a todos en fosas comunes. La cosa se descontroló tanto que Torres tuvo que ser cesado por petición de militares", asegura el historiador. Finalmente, la tercera etapa abarca de 1937 a 1942. Suárez la define como el periodo de la "pseudolegalidad". Se producen fusilamientos pero antes había una especie de juicio y sentencia condenatoria.

En total, solo en la isla de Mallorca la represión acabó con la vida de alrededor de 2.300 republicanos. "Creemos que pueden ser incluso más, pero ese el dato que hemos podido verificar", asegura el historiador. Entre esos 2.300 asesinatos estuvo Aurora Picornell. Al día siguiente de su ejecución, un líder local de Falange paseó el sujetador de Aurora por su barrio. El símbolo de mujer libre y liberada había caído. España ya estaba un poco más cerca de la Edad Media.

Un canto al amor, a la guerra, al idealismo

Font: El Diario

El Teatre del Raval representará en septiembre una versión en catalán del musical inglés ‘Goodbye Barcelona’, sobre las Brigadas Internacionales.
“Barcelona es el hogar espiritual de este espectáculo”, dice el británico Karl Lewcowicz, autor de la obra, que se estrenó en Londres en 2011.
“Este musical nos obliga a no olvidar el máximo exponente de la solidaridad internacional en toda la historia”, recuerda Empar Fernández, directora del teatro.
 

Por encima de 40 años de censura, de 30 más de silencio, de un agradecimiento (o de una disculpa) oficial que no llega, de recientísimas órdenes de derribo de un monumento dedicado a las Brigadas Internacionales en la Complutense de Madrid, la memoria histórica se abre paso (tarde, pero bien, muy bien) con espectáculos como el que podremos ver en el Teatre del Raval de Barcelona a partir de septiembre. Goodbye Barcelona se representó con gran éxito en Londres en noviembre y diciembre de 2011. Ayer, miércoles, asistimos a una presentación en la Fàbrica Moritz de Barcelona, a cargo de los principales protagonistas acompañados por cantaires del Orfeó Català. Fueron sólo unas pocas canciones, unos discursos y un vídeo, pero bastaron para emocionar a la concurrencia.

Karl Lewkowicz, coautor de la obra junto con Judith Johnson, en un catalán aprendido en un mes y medio explicó que hasta hace seis años, cuando empezó a pergeñar la obra, no sabía casi nada de los brigadistas. Así empezó a interesarse por las historias verídicas de esos combatientes por la libertad que lo dejaron todo para defender la democracia en un país extranjero. “El musical es una respuesta a la pregunta ¿por qué vinieron a España?”

La respuesta la dio ayer el historiador Josep Maria Solé i Sabaté: “Ante las muestras de poder nazis, los jóvenes de izquierda europeos se sintieron afortunados de poder ayudar al pueblo español en su lucha contra el fascismo”. 59.380 brigadistas de 54 países combatieron en la Guerra Civil del bando republicano entre octubre de 1936 y septiembre de 1938. El profesor enmarcó este musical en su contexto histórico destacando que las Brigadas Internacionales ponen en evidencia la cobardía de las democracias occidentales al decidir no intervenir en la guerra y al acabar tolerando (de alguna manera fue lo que hicieron) que se instalara un régimen totalitario en España. No olvidemos que durante el primer año de guerra, en Barcelona triunfó la revolución…

Goodbye Barcelona canta al amor, a la guerra y al idealismo. Narra la historia de Sam, un joven inglés que se siente obligado a viajar a España para defender sus ideales. Tras la marcha del hijo, la madre decide ir en su busca y alistarse también ella en las Brigadas, como enfermera. En la búsqueda se enamorará de un anarquista español mientras su hijo lo hará de una joven barcelonesa cuyos padres fueron asesinados por fascistas.

La obra juega un papel importante en la defensa de la memoria histórica. “Pretende mantener vivo el recuerdo de aquella gente ordinaria que fue tan extraordinaria”, sostiene Lewcowicz. “Confiamos en haber hecho justicia a los brigadistas y a sus ideales”. Empar López comparte esta opinión: “Estos combatientes son el máximo exponente de la solidaridad entre los pueblos y esta obra nos obliga a no olvidarlos”, dice la directora del teatro. Y Solé i Sabaté se avergüenza de la actitud española cuando llegó la democracia y el país no fue, como se les aseguró, la patria de los brigadistas. “Torneu aquí, Espanya us guarda un lloc”, cantan en la canción de despedida. Ese lugar, sin embargo, los brigadistas supervivientes han visto que no existe.

Empar López confiesa haber llorado viendo el espectáculo: “Lo que vi en el teatro no era ficción. Era una realidad ocurrida hace muy poco tiempo. Y creo que el pueblo de Catalunya la tiene que ver”, dice. Lo verá al ritmo de una veintena de canciones que mezclan letras de amor, de política (incluso con humor) y temas originales que cantaban los brigadistas. El género no asusta a un teatro como el del Raval que, en la temporada pasada apostó por La vampira del Raval, un musical que se convirtió en la revelación de la cartelera. Preocupa más la situación que atraviesa el sector. Mattheww Tree, escritor inglés afincado en Barcelona, que presentó el acto, subrayó la importancia de emprender un proyecto como éste y, ante la inexistente subvención pública, anunció una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos. En esta página web, además, se puede ver un vídeo promocional con escenas del espectáculo madre, en Londres.

Residus del franquisme a Terrassa

Font: La Torre del Palau 

Gairebé 40 anys després de la mort de Francisco Franco, Terrassa encara manté noms de carrers, plaques, distincions i monuments que recorden els temps de la dictadura. 

El franquisme va ser un règim dictatorial vigent a Espanya entre 1939 i 1975. Fa 38 anys que és va tancar una de les etapes més fosques en la història del país. Avui encara en resten alguns residus a ciutats com Terrassa. El règim no va sobreviure a la mort del dictador, el 20 de novembre de 1975, però després de 40 anys no s'han fet desaparèixer el 100 per cent dels símbols, escultures, noms de carrers i distincions que el franquisme va imposar.

El 26 de gener de 1942 el ple acordava concedir la Medalla d'Or al general Francisco  Franco Bahamonde. Se li va lliurar el 13 març de 1946, i se li va retirar ja en democràcia, el 30 d'octubre 2003. I, just en el 70è aniversari de l’inici de la Guerra Civil, l’Ajuntament condemnava el cop d'Estat. Però hi ha d'altres referències i personatges estretament lligats a la dictadura que mantenen la distinció, lliurada o concedida entre els anys posteriors al final de la Guerra Civil i 1967.

Hi ha el cas d'Alfons Sala i Argemí, industrial i polític i l'exemple per excel·lència del caciquisme. El seu cas és segurament el més obert a discussió, atès que, a la seva vinculació amb el règim i amb la dictadura de Primo de Rivera, s'hi afegeix una tasca ingent que va beneficiar Terrassa. Segons els llistats oficials de l'Ajuntament, la ciutat manté la Medalla d'Or a José Ibáñez Martín (ministre d’Educació Nacional); Delegación Comarcal de los Excombatientes; Joaquín Ruiz Giménez (ministre d’Educació Nacional); Ejército Español (no es va lliurar mai), i Josep Clapés Targarona (exalcalde).

També romanen vigents les medalles d'or al mèrit esportiu (1960-1978) a Joan Antoni Samaranch Torelló (delegat provincial d'Esports, president de la Diputació de Barcelona i president del Comitè Olímpic Internacional); José Antonio Elola Olaso (delegat nacional de Educación Física y Deportes) i també a Josep Clapés Targarona.

"PLAZA DE LOS CAÍDOS"

 
El Monument als Caiguts no va ser desmuntat fins l'any 1991, 16 anys després de la mort de Franco i un any abans dels Jocs Olímpics de Barcelona. Inicialment instal·lat a la plaça del Doctor Robert (anomenada en aquell temps Plaza de los Caídos), fou desmantellat i les seves escultures es van instal·lar al cementiri, on ara se l'anomena Monument a les Víctimes de la Guerra. Ha estat un procés de reconversió i reaprofitament que es va fer sense massa soroll i gairebé d'amagatotis per no despertar susceptibilitats. Una obra de grans dimensions com aquella que presidia una gran rotonda al bell mig de la ciutat es va desmuntar i bona part de les seves peces es van fer servir per bastir els murs d'una de les ampliacions del cementiri municipal.

Aquest monument de caire franquista i que va costar 1.200.000 pessetes de l’època (poc més de 6.000 euros) va ser inaugurat el 24 de gener del 1944 i era obra de l’arquitecte Frederic Vinyals i l’escultor Jaume Bazin. No es va enderrocar fins a l’any en què es va començar a construir l’aparcament subterrani del Passeig. Al llarg del temps la ciutat ha mantingut la retolació dels carrers sense canvis, llevat dels moments polítics. En el segle XIX, van començar a modificar els noms durant la primera República, quan es van substituir les denominacions monàrquiques per personatges revolucionaris: les vies d'Amàlia, de Ferran, d'Isabel II i de Princesa van passar a ser de Serrano, de Topete, de Baldrich i de Prim, respectivament.

Quan es va proclamar la Segona República, l'abril del 1931 i, també, quan va esclatar la Guerra Civil, es va procedir a canviar el noms de molts dels que tenien un marcat caire eclesiàstic o un accent de l’antic règim.

OLOR A REPUBLICANISME

En acabar l'enfrontament bèl·lic, la dictadura franquista va esborrar tot el que feia flaire a republicà i va castellanitzar totes les denominacions. El 1979, amb l’adveniment de la democràcia, es van restituir les denominacions tradicionals i populars dels carrers i places i es van catalanitzar i substituir el noms polítics que havien imposat durant la dictadura, després d'una campanya de la Crida a la Solidaritat que moltes vegades va portar els seus militants a ser detinguts per la Policia Municipal.

Terrassa encara té carrers dedicats a persones que van estar vinculades amb el règim feixista: Salvador Gros, un voluntari de la División Azul (a la Cogullada); Comte d'Ègara, Alfons Sala, fundador de la Unión Monárquica Nacional; Josep Maria Palau, regidor franquista (a Ègara); Josep Tapiolas, president del Partido Tradicionalista (a Ègara); Miquel Palomares, dirigent d'Acción Católica (a Sant Pere Nord); Eugeni d'Ors, Jefe Nacional de Bellas Artes i intel.lectual del franquisme (a Can Boada); Simeó Garcia, alcalde franquista del barri de les Fonts (a les Fonts); Bisbe Castelltort, bisbe durant els anys 1957-60 (a Ègara), i el Bisbe Sanahuja, bisbe durant els anys 1944-70 (a les Fonts).

També actualment hi ha carrers dedicats a aquelles persones que el règim va considerar “caídos por Dios y por España”, com Antoni Barata (a Can Roca), Francesc Salvans (a Sant Pere), Mossèn Josep Moncau (a la Cogullada) i Mossèn Parramón (a les Fonts).

Però, a part dels carrers, encara queden més coses simbòliques, com, per exemple les plaques del Ministerio de la Vivienda, amb el "yugo y las flechas", en algunes cases de la ciutat. La tasca de grups com la JERC i de l'Ajuntament de Terrassa ha fet que ara pràcticament siguin testimonials i només restin a les parets dels edificis algunes marques. Des del Consistori hi ha el compromís de retirar-les si se'ls fa avinent.

En referència als carrers, hi ha com a casos més significatius el de Josep Tapioles, un personatge que durant la República va ser un conspirador, va participar activament en el cop d’Estat del 18 de juliol i va col·laborar durant la Guerra Civil amb els franquistes, i quan va acabar la guerra va esdevenir un dels homes més importants de la Falange a la ciutat de Terrassa.

DESAPERCEBUTS

Hi ha alguns noms de passat franquista que passen desapercebuts, per la seva ubicació més perifèrica o per la personalitat menys rellevant en les seves activitats vinculades amb el règim anterior. Entre aquests darrers, el del doctor José María Albiñana Sanz, un destacat ultradretà. Els seus seguidors formaven uns escamots paramilitars que s'anomenaven els Legionarios de Albiñana. Va morir assassinat a Madrid l'agost de 1936.
 

En el cas del carrer del Doctor Albiñana, en què la recuperació del nom anterior, Fermín Salvochea, va portar a un enfrontament entre defensors i detractors, es va acabar resolent amb una decisió que ocasionés menys trastorns: carrer d'Albiñana, municipi del Baix Penedès. Semblant amb el que va passar amb el carrer de la Batalla de Teruel, avui de Terol, municipi d'Aragó.

La justicia en España es ejemplar: condena a 1 año de cárcel al joven que robó una gallina

Font: Público

  

El animal fue tasado en 5 euros, y la Policía lo recuperó a los pocos minutos. El joven tenía 18 años y tendrá que ingresar en prisión si la Audiencia de Madrid no revoca el fallo.

Robar una gallina en España cuesta, penalmente hablando, 1 año de cárcel. Es la condena que un juez de lo Penal de Madrid, el número 5, ha impuesto a un joven por sustraer un ejemplar de este ave en un patio aparentemente abandonado anejo a una vivienda en la localidad de Las Rozas, pese a que el delito sólo se consideró una tentativa, porque los acusados --el condenado y un menor que le acompañaba-- fueron inmediatamente descubiertos por la Policía y el animal recuperado.

La implacable condena se ha producido pese a que la gallina fue tasada en el proceso judicial en sólo 5 euros, y a que el juez ha estimado la atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción, que estuvo parada por causas ajenas al acusado durante un año y medio, desde mediados de 2011 hasta 2013. Los hechos sucedieron el 17 de diciembre de 2009, cuando el ahora condenado tenía sólo 18 años de edad (hoy tiene 22). 

La sentencia, del pasado 26 de junio, declara probado que a las 13.40 horas del día de los hechos, el joven acompañado por el menor, "con intención de obtener un beneficio económico", trepó por el muro de una finca y se introdujo en un patio interior que comunica con una puerta con una vivienda, "y se apoderó de una gallina". Hicieron el camino de vuelta, saltaron el muro, y en la calle fueron interceptados por agentes de la Policía local de Las Rozas, que les quitaron la gallina.

La Fiscalía y el juez consideran que se trata de un delito de robo con fuerza en las cosas, agravado por haber sido realizado en el patio de una casa habitada.  La defensa desmonta la acusación, ayudándose de fotos, porque el patio y la vivienda están en estado ruinoso y parecen abandonados.

El joven declaró en el juicio que el menor saltó la valla para coger una pelota y que él le esperó sentado en el muro para ayudarle a salir. En ese momento llegó la Policía y luego apareció la gallina al lado de un coche. El juez no le creyó y consideró que fue sorprendido por la Policía en flagrante delito.

La defensa del joven considera la sentencia "ridícula" y la condena "totalmente injusta". Subraya que el patio donde se produjo el supuesto robo de la gallina --que ellos consideran no probado-- se encuentra en estado ruinoso, como demuestran las fotos tomadas a instancias suyas por la Guardia Civil (y que ilustran esta noticia), y que la vivienda aneja está aparentemente deshabitada.

La abogada del joven señaló a Público que ni el acusado ni su acompañante fueron vistos en el interior del patio por la Policía ni por nadie. Todas estas circunstancias se incluirán en el recurso de apelación que plantearán ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra. 

El delito de robo con fuerza en las cosas realizado en el patio de una casa habitada --hasta estos detalles desciende el Código Penal en estos casos--,  está castigado con entre 2 y 5 años de cárcel. Pero cómo fue realizado en grado de tentativa --es decir, que la Policía recuperó la gallina-- debe rebajarse la pena en uno o dos grados. La Fiscalía pidió un año de cárcel. 

El juez, aunque aprecia además la atenuante de dilaciones indebidas, establece esa condena de 1 año de prisión para el joven. La defensa entiende que no ha aplicado correctamente la ley y que debió imponer desde una multa a una pena máxima de 6 meses, aunque ellos piden la absolución porque no comparten los hechos probados.

La abogada alegó subsidiriamente --lo que el juez rechaza-- que el acusado actuó por estado de necesidad, lo que se denomina hurto famélico (para comer), ya que la gallina es un alimento. El joven es de escasos recursos y ha trabajado en su día de repartidor de pizzas. La defensa destaca que, en caso de que se confirme el año de cárcel, debería ingresar en la cárcel por esta causa al menos 4 años después de los hechos, porque tiene antecedentes.

El Gobierno avala la persecución policial de la bandera republicana

Font: Kaos en la Red

Confirma la expulsión de un estadio de un espectador que enarboló la tricolor, al considerarlo una "alteración del orden público en la grada". 

 

Prensa

El Gobierno del PP sigue pensando que enarbolar una bandera republicana en un estadio deportivo no es un acto de libertad ideológica y de expresión sino que puede incitar a la violencia y constituir "una alteración de orden público en la grada".

En respuesta al diputado valenciano de IU Ricardo Sixto, el Ejecutivo justifica en esos términos la expulsión de un espectador al inicio de un partido de balonmano entre las selecciones de España y Serbia que se disputó en el pabellón Príncipe Felipe, de Zaragoza, el pasado 21 de enero.

Añade que la Subdelegación del Gobierno en dicha ciudad abrió al ciudadano un expediente sancionador, de acuerdo al artículo de la Ley contra la Violencia en el Deporte que prohibe la exhibición "de pancartas, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia o al terrorismo o que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante". 

Según explicaba Sixto en su pregunta, en el acta de incidencia en espectáculo público que se levantó se recogía que, durante el himno, la exhibición de una bandera republicana provocó una reacción contraria del público que se encontraba más próximo, "produciéndose un acercamiento de varias personas al ciudadano que exhibía la bandera, profiriendo insultos contra él,calificando estos hechos como alteración grave del orden público".

El ciudadano fue expulsado y la bandera retirada por la Policía. Sixto afirma que la reacción de los otros espectadores no fue tal como dice el acta, aunque, si así hubiera sido, debió ser el ciudadano que llevaba la bandera el protegido de los silbidos e insultos de los otros asistentes y no al revés. Además, subraya que quien enarboló la bandera republicana "estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión".

"Exhibir banderas republicanas está amparado por los derechos fundamentales previstos en los artículos 16.1 y 20.1.a de la Constitución, que consagran la libertad ideológica y de expresión", expuso Sixto al Gobierno.

Por todo ello, elevó pregunta al Ejecutivo para saber si tuvo conocimiento de los hechos, cómo valoraba los mismos, por qué no fue protegido el ciudadano que exhibó pacíficamente la tricolor, o por qué no se repuso el orden público supuestamente alterado sin retirar la bandera republicana ni expulsar al ciudadano increpado por otros espectadores.

La respuesta del Gobierno es breve y lacónica. Se limita a señalar que, efectivamente, el pasado 21 de enero, "en el momento de iniciarse, en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, el encuentro deportivo del Mundial de Balonmano entre las selecciones de España y Serbia, un espectador provocó una alteración del orden público en la grada".

Por ello, el coordinador de Seguridad --máximo responsable del mantenimiento de la seguridad durante el desarrollo del acontecimiento deportivo--  "dispuso su expulsión, con el fin de evitar mayores incidentes", y procedió a elevar acta de denuncia y proponer la apertura del expediente sancionador.

Es el segundo incidente relacionado con la bandera republicana y un partido de la selección española de balonmano del que el Gobierno de Rajoy ha tenido que dar explicaciones durante su mandato. Durante un encuentro entre España y Argelia en Alicante, en abril de 2012, sucedió algo similar y la Policía también expulsó al ciudadano que exhibía la tricolor. El Ejecutivo justificó entonces el suceso en que la actitud de quien portaba la bandera podía interpretarse como una incitación a la violencia y una provocación al resto de aficionados españoles.

En aquella ocasión, la Policía estimó que el espectador ondeó la enseña republicana "con gran vehemencia", lo que según el Gobierno "provocó malestar entre el resto de espectadores que animaban a la selección española". En ese contexto, se procedió a expulsarle, se le identificó y se le abrió expediente de sanción.  

Para el Ejecutivo, según subrayaba entonces, "portar una bandera republicana no es un comportamiento que 'per se' incite a la violencia", pero "son las circunstancias en un contexto concreto, como en este caso, las que determinan, a juicio de los agentes responsables de la seguridad del evento, si puede convertirse en un acto de incitación a la violencia".

Otra bandera susceptible de generar violencia según el Gobierno es la independentista catalan, conocida como estelada. En respuesta parlamentaria de hace unos meses, el Ejecutivo manifestó que ondearla, tanto en el fútbol como en otros espectáculos deportivos, puede incitar a la violencia en sectores de aficionados, por lo que está justificado confiscarla en la puerta de los estadios --es decir, en este caso, incluso antes de ser enarbolada-- y prohibir su exhibición si la Policía lo juzga oportuno.

La Comissió de la Dignitat denuncia el govern espanyol davant la Unesco pels 'papers' de Salamanca

Font: Ara

L'entitat assegura que el ministeri de Cultura posa nous obstacles perquè els documents, la digitalització dels quals ha costat 1.558.195 euros al govern català, tornin als seus legítims propietaris
 

És una història que sembla no tenir final. Altra vegada, la Comissió de la Dignitat ha denunciat l'incompliment de la llei de retorn del 2005. Segons aquesta llei, tots els 'papers' de la Generalitat i de particulars requisats per l'exèrcit franquista durant la Guerra Civil ja haurien d'haver tornat als seus legítims propietaris.  L'entitat ha denunciat que l'actual ministre de Cultura, José Ignacio Wert, va prometre ara fa sis mesos que "completaria" el retorn de la documentació en el termini de mig any. Però les 300 caixes amb 'papers', una cinquantena de documents –cartells, postals, pamflets, làmines...– i 3.000 llibres continuen a Salamanca. Independentment de les promeses de Wert, segons la llei, ja haurien de ser a Catalunya.

La Comissió ha decidit enviar a la Unesco un informe en què denuncia "els incompliments i els entrebancs del govern espanyol", segons ha assegurat el seu portaveu, Josep Cruanyes. "Tota la documentació està digitalitzada i preparada [el govern català hi ha invertit més d'1,5 milions d'euros] però no s'ha transferit, quan, segons la llei, els 'papers' s'han de retornar tres mesos després de ser digitalitzats". Cruanyes també ha criticat els nous obstacles que posa Wert. "Hi ha documentació que ara consideren que no han de retornar, perquè en el moment que es va fer la llei no era a Salamanca, com alguns documents judicials de Companys". El govern espanyol tampoc vol retornar la documentació de 13 ajuntaments –com l'acta en què l'Ajuntament de Moià recull la proclamació de la República– o d'altra relacionada amb la maçoneria. "Potser –ha lamentat Cruanyes– el model de Wert és el de Franco i el senyor Rafael Álvarez Arenas, cap del servei d'ocupació de Catalunya el 1939". El director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Josep Maria Sans i Travé, ha expressat el suport de la Generalitat a les demandes de la Comissió de la Dignitat.

Otra España y otra Catalunya son posibles

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 4 de julio de 2013

Este artículo analiza la situación en España, incluida Catalunya, y las posibilidades y estrategia para un cambio.

Estamos viendo claramente en España (y también, por lo tanto, en Catalunya) el fin del periodo iniciado en la transición de la dictadura a la democracia, conocido como el “periodo democrático”. Como resultado del enorme dominio que las fuerzas profundamente conservadoras tenían sobre el Estado español y sus aparatos y también sobre los medios de información, las instituciones llamadas representativas reproducían una visión y una práctica democrática enormemente limitada que determinó una democracia muy incompleta, responsable de un bienestar social sumamente insuficiente. El gran retraso social de España (con el gasto y empleo público en su Estado del Bienestar más bajos de la comunidad de países de semejante desarrollo económico, la Unión Europea de los Quince, UE-15, y con el no reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español) es un indicador de las enormes limitaciones de la democracia española. Esta se ha entendido y promovido por los establishments políticos y mediáticos que dominan el poder en nuestro país, como el proceso de votar cada cuatro años según un proceso electoral muy poco representativo y proporcional, sesgado en contra de las fuerzas reformistas, en un contexto mediático carente de diversidad ideológica.

La respuesta de las instituciones estatales (tanto centrales como autonómicas) a las crisis actuales (financiera y económica) refleja claramente las enormes limitaciones de esta democracia. En realidad, la democracia apenas existe hoy en España. Se están llevando a cabo políticas sumamente impopulares sin ningún mandato popular, pues ninguna de estas políticas estaba en los programas electorales de los partidos gobernantes que las están imponiendo a la ciudadanía. Por lo demás, las fuerzas ultraconservadoras están consiguiendo lo que siempre han deseado, es decir, el desmantelamiento del estado del bienestar y la reducción de los salarios, (en complicidad con las élites gobernantes de la Unión Europea), justificando dichas medidas como necesarias “para recuperar la confianza de los mercados financieros” o “para mejorar la competitividad” u otros argumentos que ocultan el enorme poder de unas minorías financieras y patronales que diseñan aquellas políticas para optimizar sus intereses, con la ayuda de las mal llamadas instituciones democráticas y de las mediáticas que controlan  o sobre las que tienen una gran influencia.

Hoy, demacracia en España, incluyendo en Catalunya, es votar cada cuatro años -en un proceso escasamente democrático- para elegir gobiernos que no cumplen su programa electoral, imponiendo políticas opuestas a las que prometieron. Y la mayoría de la población está hastiada, con la consiguiente pérdida de legitimidad del sistema democrático; hastío que viene incluso más acentuado como resultado de la extendida corrupción, consecuencia del maridaje existente entre el establishment financiero y empresarial con el establishment político y mediático.

¿Cómo se reproduce esta supuesta democracia?

Este sistema escasamente democrático se reproduce a base de una enorme represión, no sólo policial (la cual ha aumentado considerablemente) sino también económica. El elevadísimo desempleo tiene aterrorizada a la población. Existe un temor (diría yo terror) entre la ciudadanía a perder su puesto de trabajo, terror que el mundo empresarial aprovecha para bajar los salarios, empeorar las condiciones de trabajo, anular los convenios colectivos y debilitar y demonizar los únicos instrumentos que las poblaciones trabajadoras tienen a su alcance: los sindicatos.

Este terror es un campo fértil para que cuajen los mensajes que llegan a la ciudadanía a través de los medios, que están altamente controlados (muy en especial por la banca, que les presta el dinero que los tiene endeudados). Junto a la represión, la información (mejor dicho, desinformación) es el mecanismo por el cual el sistema de poder y sus instituciones se mantienen y reproducen. Se crea así una imagen de inevitabilidad de las políticas públicas que dañan a las clases populares, insistiendo en que “No Hay Alternativas”, el mensaje que ha sido promovido con más intensidad por los medios de mayor difusión. Es precisamente la falta de diversidad ideológica de los medios (que excluyen sistemáticamente la abundante evidencia que muestra lo contrario) lo que permite que estos mensajes, claramente ideológicos, se presenten como “científicos” o “razonables”.

La realidad, sin embargo, siempre termina imponiéndose. Y el gran fracaso de estas políticas de recortes y de reformas laborales regresivas (que intentan exitosamente bajar los salarios y destruir empleos) en conseguir lo que se presentaba como su objetivo –la recuperación económica- está mostrando su falsedad, apareciendo con intensidad detrás de ellas los intereses financieros y económicos que las promocionan.

Las revueltas populares

El movimiento 15-M fue un soplo de aire fresco que se está convirtiendo (a través de los distintos movimientos que lo componen) en un vendaval. Su gran impacto ha sido debido, precisamente, a su radicalidad, es decir, el ir directamente a la raíz de los problemas en España: la falta de democracia. Su “no nos representan” y su “no hay pan para tanto chorizo” (entre otros muchos otros eslóganes) iban directamente al grano y contaron y cuentan con gran apoyo y simpatía popular, de los que derivan su gran poder e influencia. Y este movimiento está teniendo un impacto radicalizador en los instrumentos tradicionales de las izquierdas tales como partidos políticos y sindicatos. Entre estos movimientos en Catalunya está el movimiento llamado “para un proceso constituyente” (“per un Procés Constituent”).

Una característica común de estos movimientos es una protesta frente a esta estructura de poder, que controla las instituciones llamadas representativas para optimizar sus intereses. Dicha estructura está asfixiando la democracia en España. Como bien ha señalado el 15-M, “Su democracia no es nuestra democracia”. Y “su España no es nuestra España”. Y “sus símbolos no son nuestros símbolos”. Su atractivo es su radicalidad, no solo en sus análisis sino también en sus medios. “No os dejaremos dormir, si no nos dejáis soñar” transmite un mensaje contestatario de un reformismo radical. Y por soñar se entiende diseñar y llevar a cabo una alternativa al sistema ademocrático y, en muchas dimensiones, antidemocrático que existe en España.

La definición del futuro deseable

La protesta, sin embargo, no es suficiente. Se  requiere diseñar alternativas al sistema democrático actual con el desarrollo de una estrategia sobre cómo alcanzarlas. De ahí la necesidad y urgencia de encontrar puntos de acuerdo entre los distintos movimientos sociales contestatarios para que se pueda ir creando un movimiento político socialreunido alrededor del consenso sobre un programa que refleje el tipo de sociedad que se desea, con suficiente especificidad, y que cuente, punto por punto, con amplio apoyo popular. Y en contra de lo que pudiera parecer, este proyecto, conceptualmente, debería ser fácil, pues un simple análisis de la mayoría de los movimientos sociales, así como de los partidos políticos de izquierda y de los sindicatos, muestra que los puntos en común son mucho más abundantes que los puntos de separación. La dificultad radicará en los comportamientos corporativos de las élites dirigentes de estos instrumentos de las clases populares, que desearán enfatizar su propia identidad sobre el proyecto común. Pero es ahí donde el movimiento político social debería movilizar a las clases populares, incluyendo también a las bases de esos partidos y sindicatos (que deberían ser uno de los componentes de ese movimiento, sin liderarlo), a fin de presionar para que se desarrolle un programa consensuado por todos sus componentes.

La respuesta del establishment a las revueltas populares

Ni que decir tiene que ya existe un intento por parte de los establishments políticos y mediáticos de desacreditar ese movimiento. Y el intento que se reproduce con mayor frecuencia es aquel que presenta dichos movimientos como bienintencionados pero “no realistas”, “utópicos”, o “algo irrealizable”. Ese sentimiento, sintetizado en la frase de que “son buena gente pero no tienen los pies en la tierra” traduce este intento de desmerecer el enorme potencial de cambio que ofrecen tales movimientos. “No tener los pies en la tierra” es el código utilizado por las fuerzas conservadoras de todos los colores para señalar que aquellos movimientos no aceptan las estructuras de poder que los establishments consideran inalterables.

Por ejemplo, la petición del proceso constituyente en Catalunya de la expropiación de la banca privada (que se caracteriza por su carácter especulativo) y la defensa de la banca pública se desmerece como poco realista, aún cuando la experiencia muestra que la primera nos ha conducido al desastre de la falta de crédito y la segunda, cuando ha existido en condiciones reguladas, ha dado mejores resultados que la banca privada. O cuando se pide el fin de los salarios bajos y de los recortes, se responde ridiculizando esta petición como contraria a lo que la ciencia económica aconseja, cuando en realidad toda la evidencia científica muestra precisamente lo contrario. O cuando se pide democracia participativa, expandiéndola mediante el poder de decisión a través de referéndums vinculantes tanto a nivel central como autonómico y local, se niega su posibilidad considerándola anticonstitucional, idealizando una Constitución que fue resultado de un gran dominio de las fuerzas conservadoras en el proceso de transición. Y así un largo etcétera.

Otra España y otra Catalunya son posibles

Existe una gran agitación social en España, incluyendo Catalunya, frente a esta España oficial, frente a los establishments políticos y mediáticos y frente a los poderes financieros y económicos que los instrumentalizan. Nunca antes, durante el periodo democrático, había habido mayor nivel de movilización, con gran descrédito de las instituciones del Estado y pérdida de su legitimidad. Para millones de españoles, esta España oficial no es su España, y para millones de catalanes, esta Catalunya oficial tampoco es la suya. Lo que se requiere es que estas distintas movilizaciones sectoriales converjan hacia una movilización política (que no quiere decir crear un nuevo partido político) que demande y exija el desarrollo de otra España y de otra Catalunya que sean auténticamente democráticas, con amplia participación de la ciudadanía en la gobernanza del país, tanto a nivel central como autonómico y local, a través de fórums de democracia directa -tales como referéndums vinculantes- o con formas de democracia indirecta o representativa basadas en un sistema electoral auténticamente proporcional y con plena diversidad ideológica en los medios (hoy prácticamente inexistente).

Democracia es poder de decisión de la ciudadanía a todos los niveles del Estado y que, como reconocimiento del carácter plurinacional de España, este poder pueda ejercerse por todos los pueblos y naciones de este país. Por último, como condición para eliminar los obstáculos que empobrecen la democracia, se requieren políticas públicas redistributivas que terminen con la enorme concentración de las rentas y riquezas que convierte a España en el país más desigual de la UE-15. Esta desigualdad es causa y consecuencia de nuestra limitadísima democracia.

Un juez y la Falange, contra la libertad de expresión

Font: La Lamentable

Carlos Jiménez Villarejo
Ex fiscal Anticorrupción

Volvemos a encontrarnos con otra muestra de la presencia del franquismo en la magistratura. Hace unos meses, un articulista de ELPLURAL.COM, Gerardo Rivas, hacía una referencia a Falange Española de las JONS como una organización “con un amplio historial de crímenes contra la humanidad”. Esta afirmación es un hecho histórico más que acreditado e incontrovertible. Pues, pese a ello, la Falange presentó una querella criminal contra dicho colaborador por un delito de injurias graves del Art. 208 del Código Penal. Y, lo que es muy grave y reprochable, es que el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid- en un Auto carente de toda motivación y, por tanto, de justificación- la haya admitido a trámite y que el articulista esté citado a declarar como imputado. Una verdadera aberración jurídica y gravísimo ataque a la libertad de expresión.

Como hemos dicho, la  activa, plena y continuada participación de Falange en el genocidio franquista es una realidad histórica. Así lo acreditan desde hechos concretos hasta valoraciones históricas más globales. Entre los primeros, cómo “una milicia de Falange”, en 1936, asesinó a sangre fría a treinta y cuatro hombres en Zaragoza. (1) Y los análisis más recientes de Julián Casanova sobre “la radicalización  que el fascismo aportó a los proyectos y prácticas contrarrevolucionarias, su potencial totalitario, la pureza y exclusivismo ideológico y la experiencia de la guerra de exterminio… desde julio de 1936…”. (2) O, entre otros muchos, los análisis de Paul Preston sobre “el terror-actos de robo, tortura, violación y asesinato-ejercido por los falangistas…” (3) en distintos puntos de la geografía española, son suficientemente elocuentes de la veracidad de las afirmaciones del periodista injustamente perseguido.

En el propio Auto, de 16 de Octubre de 2008 (Sumario 53/2008) del juez Garzón, se hace constar que la realidad dramática de las desapariciones forzadas- desde el 17 de julio de 1936 a diciembre de 1951-se tradujo en la cifra de 114.266 personas. Y en diferentes momentos de dicha Resolución se hace referencia a la participación en ese sistema de represión de “estructuras paramilitares como la Falange” y a la “estructura paramilitar conocida como Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a cuyo frente estaba el Generalísimo Francisco Franco, y que estuvo presente en todo momento en la represión desplegada”. Consecuentemente, entre las Diligencias acordadas se encontraba reclamar la identificación de los “máximos dirigentes de la Falange Española” durante el periodo indicado para“acordar lo necesario sobre la imputación y extinción, en caso de fallecimiento, de la responsabilidad penal”. La juez de Instrucción debe saber que los historiadores, los citados y muchos más, nunca han sido perseguidos por esta causa y que por las resoluciones mencionadas y otras similares, el juez Garzón fue absuelto.

Para la catalogación de los crímenes contra la humanidad, nada mejor que retomar su definición por el juez Garzón en el Auto anterior: “La categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental: que estas conductas agreden en la forma más brutal a la persona como perteneciente al género humano en sus derechos más elementales como la vida, la integridad, la dignidad y la libertad, que constituyen los  pilares sobre los que se constituye una sociedad civilizada y el propio Estado de Derecho”.

Exactamente, esta fue la posición y la conducta adoptada por Falange desde la sublevación militar y la posterior dictadura. ¿Cómo pueden tener la osadía y desfachatez de invocar ahora una supuesta “dignidad” ofendida de quienes participaron consciente y activamente en el exterminio impuesto por el franquismo?

En el conflicto, ya histórico, entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor -que incluye la persecución del delito de injurias- la jurisprudencia constitucional ha diseñado un modelo donde prima el primero de ellos en cuanto fundamento básico de la sociedad democrática con ciertas limitaciones que, en este caso, no concurren. Los juicios históricos, la crítica política, no pueden en ningún caso generar una calificación penal. Y menos aún, cuando, además de ser veraces, los destinatarios de dicha crítica no solo atropellaron la dignidad de tantos miles de personas sino que además contribuyeron a impedir durante cuarenta años su justa reparación.

Por tanto, carecen de todo derecho a una “fama” y a  una “propia estimación” de la que carecen, personal y públicamente, y que, en ningún caso,  pueden exigir porque actuaron, como vencedores de la guerra civil, de forma cruel, inhumana y, en cualquier caso, delictiva.

Así lo hizo la STC 39/2005, entre otras, que entendió que aquel derecho opera como instrumento de participación política y, en consecuencia, debe reconocérsele una mayor amplitud que al derecho al honor ya que garantiza un bien jurídico fundamental cual es la formación de una opinión pública libre. Derecho, por ello,  “especialmente resistente” a  restricciones que podrían justificarse en otros ámbitos. Máxime, cuando el destinatario de la crítica es o ha sido, como en este supuesto, sujeto con responsabilidades políticas.

Ante esta interpretación democrática de los delitos contra el honor resulta sorprendente,  cuestionable y rechazable la posición del Juzgado nº 37 de Madrid, que, además, expresa objetivamente un evidente menosprecio a las incontables víctimas de la Falange Española.

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(1) “Cunetas”, de La obra del miedo. Gutmaro Gómez Bravo y Jorge Marco, Editorial Península. 2011. pg. 120.

(2) España partida en dos. Julián Casanova. Editorial Crítica. 2013. Pg. 147.

(3) El Holocausto Español. Editorial Debate. 2011. Pgs. 283 y otras.

Concentració a Barcelona el 18 de juliol

Ja s'han obert les inscripcions per a participar a la 6ª Cursa i Caminada Lluís Companys

Ja ens podem inscriure per participar el proper 6 d'octubre a la Cursa i Caminada Lluís Companys, en homenatge a la Olímpiada Popular de Barcelona de 1936.

Les inscripcions es fan des de la web:
www.cursacompanys.cat

La silenciada lucha de clases

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 2 de julio de 2013

Este artículo analiza el impacto que las políticas públicas neoliberales han tenido en la distribución de las rentas en España, mostrando que las rentas derivadas del capital han crecido desorbitadamente a costa de las rentas del trabajo. El artículo señala como esta realidad queda ocultada por el silencio en la narrativa de los establishments políticos y mediáticos, que vetan el uso de categorías analíticas como clase social y lucha de clases.

¿Existe la lucha de clases? En realidad, muchos se preguntarán incluso si existen clases sociales. Algunos columnistas ultraliberales que gozan de grandes cajas de resonancia en los medios públicos y privados de Catalunya incluso han llegado a ridiculizar el mero concepto de clase social. En realidad, términos como burguesía, pequeña burguesía o clase trabajadora casi nunca aparecen en las páginas de los medios de mayor difusión. El único término que se utiliza en tales medios es el de clase media, donde, por lo visto, la mayoría de la ciudadanía se encuentra. En esa estructura social, la población se divide en ricos, clase media y pobres. Esta definición de la estructura social refleja, por cierto, la enorme influencia en España de la cultura dominante en EEUU, donde términos como burguesía o clase trabajadora nunca se utilizan. Son parte del lenguaje prohibido. En aquel país, el término clase media se utiliza para definir clase trabajadora. La americanización de la cultura política y mediática de España (fenómeno masivo que considero muy preocupante) se traduce, así, en la americanización del lenguaje.

Y en este nuevo lenguaje, el concepto de lucha de clases aparece también en España como anticuado. Ya nadie lo utiliza. ¿Por qué? Por la misma razón por la que está en la práctica prohibido en EEUU. La enorme influencia de la clase dominante, es decir, de la clase capitalista (término que es considerado más que anticuado; se define casi como blasfemo) aparece en una cultura en la que el  lenguaje de clases y lucha de clases no existe. Este es uno de los mayores indicadores de aquel dominio de clase. El mero concepto de clase desaparece. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país.

Y, sin embargo, continúa existiendo lo que Noam Chomsky, en la introducción al libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España (de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón) ha definido acertadamente como la guerra de clases unilateral, es decir, la agresividad que se ve y se palpa en bases diarias de la clase capitalista en contra de la clase trabajadora y de las clases medias, que juntas suman la gran mayoría de la población, las clases populares. Es lo que en lenguaje anglosajón radical (del Occupy Wall Street Movement) se llama la lucha del 1% de la población (los súper ricos, que junto con otro 9% constituyen los establishments financieros, empresariales -de las grandes corporaciones-, mediáticos y políticos que dominan las instituciones mal llamadas representativas del país) contra la gran mayoría de la población. En esta “guerra de clases”, la lucha de la burguesía en contra de la clase obrera se ha ampliado y redefinido para pasar a ser la lucha de una minoría –las elites financieras y de las grandes corporaciones que controlan la actividad económica del país- ayudada por las elites mediáticas y políticas, frente a la gran mayoría de la población (el 90%).

No hay manera más fácil de demostrar que España tiene clases sociales que mirar a nuestro alrededor, observando dónde vive la gente, cómo vive y cuándo muere. Cojan ustedes un taxi y conduzcan por los barrios de Barcelona. Verán ustedes que hay claramente barrios burgueses, barrios pequeño burgueses, barrios de clase media y barrios de clase trabajadora, que a su vez pueden diferenciarse entre clase trabajadora cualificada y clase trabajadora no cualificada. Verán fácilmente que no es cierto que todos los barceloneses vivamos en barrios de clase media. Y verán también como el tipo de comercio va orientado a distintas clases sociales. Y si miran las tasas de mortalidad verán que siguen un gradiente según su clase social, de manera que en España un burgués, como promedio, vive diez años más (sí, diez años más) que un trabajador no cualificado en paro crónico.

¿Existe lucha de clases?

Una manera fácil de verlo es analizar la distribución de las rentas en el Estado español hoy. Estas, las rentas del país, derivan bien de poseer capital (tal como acciones bancarias u otros bienes que generan dinero) o del trabajo, es decir, de los salarios y otras rentas asociadas al trabajo. La gran mayoría de la ciudadanía consigue sus rentas a partir de su trabajo. Solo una minoría (muy minoría) deriva sus rentas del capital.

Pues bien, analicemos cómo han ido evolucionando estos dos tipos de rentas en España. Si las rentas estuvieran distribuidas proporcionalmente a como se distribuye la población, las rentas del capital serían un porcentaje del total de rentas muy bajo, pues los capitalistas –que obtienen sus rentas de la propiedad del capital- son un sector muy pequeño de la población. Pero en realidad, debido a la mala distribución de las rentas a favor del capital (es decir, de los capitalistas) a costa del mundo del trabajo (incluido usted lector y yo, puesto que deduzco que los capitalistas no me leen), observamos como las rentas del capital alcanzaron más del 40% de las rentas totales. Y las rentas del trabajo oscilaron alrededor de un 50% (hay un 10% que procede de otras fuentes) durante los últimos treinta años.

Esta cifra ya le da a usted una idea de quién tiene más poder en España. Por cierto, que España es uno de los países de la UE-15 donde las rentas del capital son más altas, y por lo tanto donde las rentas del trabajo son más bajas. El poder del capital sobre el Estado explica que las rentas del capital se gravaran mucho menos que las rentas del trabajo. Incluso el Banco Central Europeo (que es una institución de las más conservadoras que hay en el establishment conservador que gobierna la Eurozona) ha indicado que los beneficios de las grandes empresas en España son demasiado altos en comparación con otros países de la Eurozona.

Pero, por si fuera poco, las políticas neoliberales (que son las políticas promovidas por el capital en los medios y en las instituciones llamadas democráticas) han ido acentuando todavía más esa polarización, de manera que este año las rentas del capital, por primera vez desde que se recogen datos sobre la distribución de las rentas, han sido mayores (46%) que las rentas del trabajo (45%). La situación no podía haber ido mejor para los capitalistas. Aunque usted no lo sabrá puesto que no aparecerá en los medios de mayor difusión, donde usar la palabra “capitalista” es anticuado, y hablar de “lucha de clases” es “demagógico”. ¿Se da cuenta usted, lector, del significado que tiene que a un lenguaje se le fuerce y margine para que aparezca como anticuado? Y mientras tanto la lucha de clases ha alcanzado un nivel de hostilidad sin precedentes. Excepto en la mal llamada Guerra Civil, que fue una lucha de clases de primera magnitud, realizada por medios militares, no habíamos visto una lucha con semejante agresividad. Llevada a cabo ahora por el gobierno más reaccionario que España (ver “El gobierno Rajoy, el más reaccionario de la eurozona”, El Plural, 01.07.13) ha tenido desde el establecimiento de la democracia, se están recortando derechos laborales, sociales, civiles y políticos con una hostilidad que justifica la definición de “guerra de clases” que utiliza Chomsky. La única alternativa a esta situación es que esta guerra sea bilateral y que la mayoría de la ciudadanía, que deriva sus rentas del trabajo, se rebele por todos medios (siempre y cuando no sean violentos) a fin de parar/revertir aquella agresividad. Nunca olvidemos lo que se nos quiere hacer olvidar: que Franco murió en la cama pero la dictadura murió en la calle. Hoy estamos al final del periodo que se inició con aquella Transición de la dictadura a la democracia, una Transición profundamente inmodélica que nos dio una democracia profundamente limitada y un bienestar sumamente insuficiente. Hoy se requiere una segunda Transición que permita el paso a una democracia completa y a un bienestar social que responda a las necesidades de las clases populares (que son la gran mayoría de la ciudadanía), revirtiendo y cambiando la enorme concentración de las rentas y de la riqueza en España que están corrompiendo la democracia subdesarrollada que existe en este país.

Carme Casas: "¿Os dejaréis comer por la situación?"

Font: El Periódico

La luchadora antifranquista y militante del PSUC, de 92 años, insta a la movilización ciudadana en un vídeo

 

Carme Casas es una luchadora de 92 años. Sus ideales la llevaron al exilio y a la cárcel durante la dictadura franquista. Ahora, en plena crisis y en un contexto de retroceso en materia de derechos sociales, insta en un vídeo a la movilización ciudadana.

"Se debe abrir los ojos a los compañeros de trabajo, a la familia, a los vecinos y amigos. ¿Qué haréis?¿Os dejaréis comer por esta situación?", se pregunta Casas, que apela al sentido de la responsabilidad y pide que no se hagan "barbaridades".

En un tono combativo, que recuerda a José Luis Sampedro y a Stéphane Hessel -ambos fallecidos este año-, Casas explica: "Hay gente que ha perdido el trabajo, tiene miedo y no hará nada". La activista, que opina que ni el Gobierno ni la derecha "nos ayudarán", acaba el vídeo asegurando que "hay que luchar por las cosas por las que se debe luchar".

Una mujer comprometida

Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas de Catalunya y posteriormente del PSUC, Carme Casas tuvo que exiliarse en 1939, al final de la guerra civil. En Francia pasó por varios campos de concentración y sufrió la persecución nazi.

Bajo el nombre de Elisa, regresó a España en 1943 para organizar el movimiento que, con ayuda internacional, quería acabar con el franquismo. La ayuda nunca llegó y Casas fue encarcelada durante dos años en Madrid, acusada de comunista y por organización ilegal. Su marido, Leandre Saún, también miembro del PSUC, pasó 15 años en la prisión de Zaragoza.

Casas -que vive en Tarragona- también militó en CCOO, en ICV y fue una de las fundadoras de la entidad Dones del 36, integrada por supervivientes de la guerra civil.

Signa per demanar un referèndum sobre la monarquia

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