La entidad humanitaria publica el informe 'El tiempo pasa, la impunidad
permanece', en el que se concluye que "ni se investiga ni se coopera" en
los procesos contra el franquismo tanto en España como en terceros
países, como Argentina.
El Estado español, según un informe de Amnistía
Internacional (AI), no sólo "no investiga ni coopera" en los procesos
contra los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sino que además
"obstaculiza" las investigaciones abiertas en terceros países, como
Argentina.
Esta es una de las conclusiones del
informe "El tiempo pasa, la impunidad permanece", hecho público hoy en
una rueda de prensa en la que el director de AI España, Esteban Beltrán,
ha asegurado que "en España está garantizada la impunidad" de los
crímenes del franquismo.
Beltrán cree que España
"está haciendo un intento vano de pasar página sin leerla", se aleja así
de la tendencia mundial "a buscar verdad, justicia y reparación para
las víctimas" y es un caso "no típico" porque no hay "voluntad política"
de investigar.
Según el autor del informe, Ignacio
Jovtis, en España el Poder Judicial archiva sistemáticamente las
denuncias de las víctimas, la Fiscalía no colabora con la justicia
argentina, a la que no remite la información solicitada, mientras el
Gobierno incumple sus obligaciones internacionales y "ha obstaculizado"
que las víctimas presten declaración en ese proceso.
A
esto añade que el Poder Legislativo ha confirmado la Ley de Amnistía y
no ha ratificado la convención internacional sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, dejando en una situación
de indefensión a las víctimas.
"Nunca una amnistía
puede ser un obstáculo para investigar crímenes de guerra", ha dicho
Jovtis, tras explicar que el estudio es un análisis de 48 de los casos
instruidos por los juzgados territoriales tras la inhibición de la
Audiencia Nacional en 2008, de los que 38 han sido archivados.
Para AI, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en el caso en el que
juzgó a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes del
franquismo ha supuesto un "duro revés" para las víctimas, ya que varios
de los juzgados se acogen a sus argumentos para justificar el archivo,
lo que ha cerrado las puertas a que se investigue en España.
El informe también es crítico con la actuación del Gobierno, al que
acusa de no colaborar con la justicia argentina, como a su juicio ha
demostrado el rechazo del Ministerio de Exteriores a la petición de la
juez argentina María Servini para que varias víctimas testificaran en el
juicio desde el consulado de Argentina en España.
Otra de las críticas de Amnistía Internacional es sobre la actuación de
la Fiscalía, que, según indica, ha respondido a las peticiones de
información de Argentina con afirmaciones falsas, asegurando que España
está investigando y "tiene preferencia" para hacerlo.
En la presentación del informe ha participado también Soledad Luque
-presidenta de la Asociación 'Todos los niños robados son también mis
niños', que participa en la querella argentina-, quien ha anunciado que
seguirán luchando para que los crímenes del franquismo sean investigados
en España.
Por su parte, José Luis Mateos, de la
Plataforma contra la Impunidad del Franquismo', ha insistido en pedir la
nulidad de los procesos judiciales del franquismo y la derogación de la
Ley de Amnistía de 1977.
El informe, que es
continuación de otro realizado por AI el pasado año, concluye
recomendando al TS que rectifique su fallo del 27 de febrero de 2012 y a
la Fiscalía que actúe de oficio para investigar los crímenes de la
dictadura y que colabore con los tribunales extranjeros.
Insta además al Parlamento a autorizar "con prontitud" la convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y a la Justicia
argentina a continuar investigando los delitos cometidos en España.
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