Con el firme compromiso de mantener la unidad de acción y de
reforzar, ampliar y canalizar las exigencias de justicia, verdad y
reparación, se celebró ayer sábado en Madrid el primer encuentro de
querellantes contra el franquismo. Participaron más de 120 personas a
título individual y en representación de varias asociaciones. Coincidió
el encuentro (en el Instituto Lope de Vega, a doscientos metros del
Ministerio de Justicia) con la noticia de que el sanguinario dictador
argentino Jorge Rafael Videla murió en la cárcel de Marcos Paz para presos comunes, donde cumplía cadena perpetua; nada que ver con el dictador español, que falleció en la cama con “todo atado y bien atado”.
Fue como si Darío Rivas hubiese
traído de Buenos Aires la buena nueva de que todavía la justicia es
posible en este mundo. Con 93 años, Darío realizó el largo viaje para
acompañar a los querellantes españoles contra los crímenes del
franquismo. Él fue el primero en acudir a la Justicia en Argentina,
donde reside, para denunciar la criminalidad y la represión sistemática
de la dictadura española. Viendo el maltrato al magistrado Baltasar Garzón, eligió el 79º aniversario de la proclamación en las urnas de la II República para presentar la querella.
El padre de Darío, Severino Rivas, era un socialista
que fue elegido alcalde de Castro del Rei, en Lugo. Los militares
golpistas y sus secuaces nazifascistas lo asesinaron en 1936, como
hicieron con cientos de alcaldes, concejales y diputados desde primera
hora en todas las zonas donde triunfó la sublevación. Sus restos fueron
exhumados en 2005 con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica, que se personó con él en la causa ante los
tribunales de Argentina.
Además de la asociación española de familiares de víctimas del
franquismo, ese 14 de abril de 2010, Darío estuvo acompañado por varios
colectivos de defensa de los derechos humanos, singularmente, por las
madres y abuelas de la Plaza de Mayo y por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Desde entonces, la “querella madre”, como la denominan los letrados Ana Messuti y Carlos Slepoy,
no ha parado de crecer y hoy se cuentan más de 150 querellantes y
asociaciones en demanda de justicia universal contra aquellos crímenes
impunes de lesa humanidad.
Con las carpetas de documentación en la mano, Messuti explica a los
reunidos que además de la acción en nombre de los familiares, la causa
está abierta en un segundo nivel a documentalistas e historiadores y en
un tercer nivel a la adhesión de los ciudadanos que sufrieron el clima
generalizado de represión de las libertades y la vulneración sistemática
de los derechos humanos. Decenas de miles de firmas refuerzan la acción
judicial por esta vía. La coordinación estatal de la
red de Apoyo a la Querella Argentina (AQUA)
y otras plataformas, incluidos los familiares de niños robados durante
el franquismo y la transición, fue un objetivo principal del encuentro.
El letrado Slepoy consideró “llamativo” que España, que fue
pionera en la aplicación de la jurisdicción universal para perseguir a
los genocidas del Cono Sur y de otros países de América Latina, niegue
el amparo judicial a sus víctimas. “Es llamativo, pero no es sorprendente, porque casi todos los Estados hacen lo mismo”, añadió antes de reconocer que “gracias
a la acción de la justicia española (del magistrado Garzón en este
caso) se destrabó el proceso contra los crímenes de la dictadura
argentina y Videla ha muerto en la cárcel”.
Tanto Slepoy como Messuti contaron los altibajos de la causa contra los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini,
a quien las autoridades españolas están poniendo todo tipo de trabas.
Si el primer obstáculo fue la negación de la documentación que solicitó
el fiscal argentino a España y el consiguiente archivo, que dio lugar a
una apelación y a la resolución de la Cámara judicial argentina
ordenando la continuidad del proceso, y el siguiente fueron los
obstáculos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
a la comisión rogatoria para que la jueza se desplazara a España a
hacer su trabajo, el último palo en la rueda ha sido la queja del
Ejecutivo español por vía diplomática para impedir que pudiera tomar
declaración a 12 querellantes por videoconferencia desde los consulados
de Argentina en España.
Para impedir las declaraciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titular José Manuel García Margallo,
emitió una queja verbal al embajador argentino, quien, a su vez, pidió
directamente a la magistrada que suspendiera las declaraciones que iban a
comenzar el 8 de mayo. La jueza aplazó el acto. Según los juristas, el
Gobierno español invocó un convenio de reciprocidad de cumplimiento de
penas que nada tiene que ver con el caso. Según el abogado Slepoy, a la
magistrada “le faltó un punto de pundonor”.
Sin embargo, los letrados confían en que Servini supere los
obstáculos y, según sus informaciones, recabe testimonios en un plazo de
dos o tres semanas. La propia jueza, en declaraciones a la emisora Andalucía Información, dijo el viernes que “los gobiernos españoles no quieren que se investigue”. Y añadió: “No
soy yo la que quiere investigar, es la Cámara Federal, nuestro Tribunal
Superior, la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en
2013”.
Por el momento han testificado 5 de los 91 querellantes previstos en
una primera fase. Y Servini, que es la decana de los juzgados de lo
criminal y titular del nº 1 de Buenos Aires estima que terminará antes
de fin de año. Por su parte, los abogados, que consideran muy importante
el estímulo social, insisten en que “el tiempo ha de transcurrir a
favor de las víctimas, no de los verdugos”. En este caso, aparte de los “juicios de la verdad”
cuando los autores de los crímenes han fallecido, figuran al menos
nueve imputados que podrían ser condenados, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del actual titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como el policía torturador José González Pacheco, alias Billy el Niño.
-------------
La jueza argentina calcula que habrá imputaciones por los crímenes del franquismo en un año
La jueza argentina María
Servini, que investiga el genocidio y los crímenes de lesa humanidad
del franquismo, se muestra optimista por el devenir de la instrucción
y confía en que dentro de un año pueda confirmarse la imputación
contra los nueve acusados actuales (tres exministros, dos jueces y
cuatro policías), según ha declarado en la única entrevista que ha
concedido desde que asumió la causa en abril de 2010. Entre los
nueve posibles imputados estaría José Utrera Molina, exministro de
Franco y suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro
de la UCD Rodolfo Martín Villa, y José González Pacheco, el
expolicía acusado de torturas apodado Billy el Niño’.
María Servini es una jueza veterana -76 años- titular desde 1990 del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires que ha decidido romper su silencio públicamente con una entrevista concedida al programa especializado La Memoria de la emisora pública Radio Andalucía Información. Sus inéditas declaraciones se producen una semana después de haber visto frustrado su intento de tomar declaración por videoconferencia a 12 personas que tenía citadas durante varios días en el Consulado argentino en Madrid. “Me pareció muy desagradable que, en el último momento, cuando todo estaba preparado y veíamos a los declarantes en la pantalla dispuestos a hablar desde el Consulado, esto se cortara, porque era como cortar la ilusión a la gente y cortarla a nosotros para seguir investigando”.
La jueza
admite que recibió el pasado miércoles una llamada del embajador
argentino en Madrid que le trasladó la presión diplomática desde
el Gobierno español para que se suspendiera la toma de declaración.
“No me sentí presionada, sino defraudada. No quise ser artífice
de que de esa situación derivara en serias consecuencias para mí
país y suspendí la declaración. De todas formas –añade
Servini-, ya se están corrigiendo todos esos supuestos errores,
aunque para mí no hay errores, y espero que nos autoricen a tomar
declaración por videoconferencia a algunas de esas personas que
están desesperadas por declarar y que carecen de medios para pagarse
un viaje a Argentina”.
No es la primera vez que Servini
encuentra serios obstáculos en su instrucción desde el Gobierno
español. Incluso con Zapatero en el poder, el fiscal general del
Estado frenó su intención de venir a España: “Nos pusieron una
serie de inconveniencias que hicieron imposible nuestra ida a España.
Creíamos que era más fácil hacer las videoconferencias, pero ya es
la segunda vez que me las paran”, se lamenta la jueza.
"Los
gobiernos españoles no quieren que se investigue"
Preguntada
por la causa de esta reiterada resistencia oficial española a
facilitar su instrucción, gobierne quien gobierne, no titubea: “No
quieren que se investigue”. La jueza añade: “No soy yo la que
quiere investigar, es la Cámara Federal, nuestro Tribunal Superior,
la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en 2013”.
Pese al
retraso y a la progresiva acumulación de querellantes -ya van 150-,
María Servini se muestra confiada: “Antes de fin de año se puede
terminar con la toma de declaraciones”. La cuestión es cómo,
cuándo y dónde poder desarrollar tanto trabajo pendiente, si hasta
ahora sólo han hablado ante la magistrada 5 de las 91 personas
previstas.
La jueza
sugiere a quienes tengan que declarar que sería mucho más fácil
para ella recibirlos en su despacho de Buenos Aires, e incluso bromea
con la posibilidad expuesta por el entrevistador de que se lleguen a
fletar vuelos charter desde España a modo de “turismo o emigración
judicial” con testigos y querellantes por el genocidio franquista.
“Si fuera así, yo estaría muy contenta. Sepan que todos los que
quieran viajar van a ser atendidos y se les va a tomar su
correspondiente declaración”.
De hecho en las próximas
semanas van a ir cinco personas a declarar a Buenos Aires, algún
alcalde, algún parlamentario y hasta el exjuez Baltasar Garzón, a
quien conoce desde 1991 y que tiene cita para el 27 de mayo: “una
excelente persona y una pena perder a una persona que tanto ha
luchado por la justicia en su país y en otros, como el mío”. El
exmagistrado español que rompió la impunidad de las dictaduras
chilena y argentina acude ahora a Argentina como experto a instancia
de los querellantes y, a juzgar por las palabras de Servini, parece
que su declaración puede influir en el desarrollo del procedimiento:
“Lo esperamos pensando que puede ser una declaración muy
esclarecedora. Por eso no he querido escuchar a los otros antes,
porque primero quiero escuchar a Baltasar para ver si pregunto lo
mismo o si tengo que ampliar las preguntas”.
"La
declaración de Garzón en Buenos Aires puede ser muy esclarecedora"
María Servini, no obstante, piensa venir a España para tomar
declaración, ya que no cree que funcione la vía de la comisión
rogatoria que propone el Gobierno de Rajoy. “El inconveniente es
que quieren que venga sola y yo necesito venir con mi equipo, porque
de otro modo casi me tendría que quedar a vivir aquí y no puedo
dejar mi juzgado, entre otras cosas porque hay elecciones en mi país
y yo tengo también responsabilidad sobre el proceso electoral”.
Pese a
tantos inconvenientes, la magistrada argentina mantiene la esperanza
en que “en un año como mínimo” puedan sustanciarse las primeras
imputaciones en esta causa por el genocidio franquista con las
correspondientes órdenes de detención cursadas al Gobierno español:
“Yo me lo imagino. A Pinochet no lo dejaron detener pero también
fue perseguido en Chile. Contreras y otras personas fueron detenidas
en Chile en base a los elementos acusatorios que nosotros les
facilitamos. Acá estuvo detenido Arancibia Clavel, que había
pertenecido a la DINA chilena”.
María Servini traza en su
horizonte una hoja de ruta similar a las consecuencias que se
derivaron de la intervención a finales del siglo XX del juez Garzón
en el Cono Sur americano, e sea, abrir el camino para que la justicia
autóctona reaccione y actúe contra los represores. Lo dice con
conocimiento de causa y proyectando su intención sobre España: “El
derecho internacional llega a los países, tarde o temprano llega y,
si a la larga no aplican nuestro derecho, sí que obligan a los
países a investigar o viene la condena internacional”.
Frente
a la conocida petición de Garzón -en su intento fallido de juzgar
los crímenes del franquismo- del certificado de defunción de Franco
y su camarilla golpista, la jueza argentina desvela una orientación
más pragmática de su instrucción: “Hay que ir directamente sobre
los que están vivos. Eso no quita que también se investigue la
participación de los que ya están fallecidos, porque todo hace un
conjunto del expediente. La investigación es una sola sobre un grupo
que ha trabajado de forma conjunta. Entonces, cuando usted está
investigando a una persona que está viva, es lógico que también
tenga alguna conexión con alguien que esté muerto. Hay que
investigar las dos conexiones y al muerto no se le puede dejar de
lado. No se le puede juzgar, ni detener, pero hay que saber qué hizo
y ver si agrava o beneficia al otro imputado vivo”.
“Les
pido un poquito de paciencia; esto va a salir adelante"
María
Servini es una jueza muy sensibilizada con el tema de los derechos
humanos cuya actuación fue determinante para condenar al asesino del
general demócrata chileno Carlos Prats en Buenos Aires, un ex agente
de la policía política de Pinochet. También cuenta con una
experiencia positiva en el tema de los niños robados, habiendo
logrado devolver a varios menores a sus familias biológicas. Contra
viento y marea, la jueza argentina, optimista, concluye su única
entrevista periodística lanzando un mensaje de esperanza a las
víctimas del franquismo: “Les pido un poquito de paciencia, que
esto va a salir adelante. Que vamos a tomar declaración a todos los
que necesitan declarar, a todas las víctimas, que lo haremos yendo
allá o viniendo la gente acá. De alguna forma esto se va a
solucionar. La justicia, tarde o temprano, llega. Que tengan
esperanza, que va a haber justicia”.
