Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 12 de junio de 2013
Este artículo denuncia la
avalancha ideológica que se reproduce en los medios de mayor difusión a
favor de la reducción de las pensiones en España. El artículo documenta
la falta de diversidad en los cinco rotativos de mayor difusión de
España en su cobertura de la sostenibilidad de las pensiones públicas,
promoviendo puntos de vista catastrofistas presentados por las
instituciones financieras que favorecen la privatización de las
pensiones.
A primera vista esta pregunta parece
una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar
una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido
y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una
dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la
mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen
un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores
más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro
ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o
privados.
Veamos un ejemplo.
Hace unos días se publicó un informe de
una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del
PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran
garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta
Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las
Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de
12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar
las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier
país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre
otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro
conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado
a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para
mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los
intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos
miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta
representatividad no era formal. Pero su dependencia de las
instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y
sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad,
todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de
las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe
pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de
las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron
fondos). Todo era muy predecible.
En un país democrático
esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha
sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a
la Comisión como “Comisión de Expertos”, ignorando que tales medios
tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado
y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal
Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.
El sesgo abusivo de los medios de información y persuasión
Pero la cosa es incluso peor. Si miramos
los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El
País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que
todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas
de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis
de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada
Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni
uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las
pensiones -que la “Comisión de Expertos” estaba recomendando- fueran
necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso
nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las
pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas. Un
ejemplo, entre otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de la
Universidad de Barcelona, en su artículo “El Estado de Bienestar, más
allá de las pensiones” (La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el
artículo del Catedrático Josep Oliver titulado “Los inevitables recortes
en pensiones” (El Periódico, 08.06.13), rotativo que también se ha
distinguido por promover los recortes de pensiones públicas, escribiendo
un editorial durante el fin de semana en apoyo de los recortes.
Editoriales semejantes han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha
escrito en contra de dichos recortes de las pensiones.
Además de esta campaña propagandística a
favor de los recortes de las pensiones (que de seguirse la metodología
de cálculo de las pensiones propuesta por la supuesta Comisión de
Expertos serían los más acentuados en el país de la UE-15 que se gasta
menos en pensiones), estos rotativos han invitado a dirigentes de la
Banca y de las Compañías de Seguros para que expongan sus puntos de
vista sobre la viabilidad de las pensiones. Así, El País, el mismo día
que publicaba todos los artículos de apoyo a los recortes (07.06.13)
invitó al aristócrata Henri de Castries, Conde de Castries, presidente y
consejero delegado de la compañía de seguros AXA, para que opinara
sobre el futuro de las pensiones públicas y, como era de esperar, auguró
un futuro catastrófico para tales pensiones, aconsejando a la gente que
fuera corriendo a la Banca y a las Compañías de Seguros para hacerse un
plan de jubilación privado. El título de esta presentación era “¿Quiere
una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará”. El aristócrata
indicó que no solo las pensiones, sino todos los servicios públicos,
deberían privatizarse, porque la gente se ha malacostumbrado y exige más
de lo que el Estado puede y debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro,
enfatizó que el sistema sanitario público debe servir solo para
emergencias (es decir, para casos muy costosos) pero no para ofrecer
confort (y calidad de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía más su
carácter reaccionario (y no hay otra manera de decirlo) indicó que los
salarios estaban demasiado altos, añadiendo: “¿Dónde está escrito que
los salarios solo puedan subir? (…) Los salarios deberían poder
descender”. Y también, como era de esperar, repitió el mismo argumento
de que la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace más de
cincuenta años y que, por lo tanto, debería cambiarse. Es interesante
notar que los que aducen estos argumentos nunca han dicho que el horario
laboral diario de 8 horas se aprobó a finales del siglo XIX, hace ya
más de un siglo, y en cambio no han recomendado cambiarlo.
Este artículo es la guinda que termina
la avalancha ideológica. Ni que decir tiene que esta campaña carece de
la más mínima sensibilidad democrática y refleja una prepotencia que
caracteriza al establishment español. La arrogancia de este
establishment es única en la UE-15. España tiene uno de los Estados del
Bienestar más pobres de la UE-15, unos de los salarios y de las
pensiones más bajos, y todavía quieren recortarlos más y más. Las clases
populares deberían movilizarse y no estaría de más que se comenzaran a
hacer escraches también a los medios de desinformación que existen en
España. Es obvio que son parte del problema y debería denunciárseles. El
enriquecimiento de la democracia exige en nuestro país un cambio
profundo de sus escasamente democráticos medios de información. Éstos,
en realidad, son más de persuasión que de información.
En contra de lo que se indica, la gran
mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social
no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro
Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la
University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no
te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial
Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y
las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de
ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría
convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas,
pues los establishments financieros, políticos y mediáticos saben lo
frágiles que son sus argumentos, muy vulnerables a desaparecer, si
pudieran mostrarse los enormes fallos de su estructura
ideológico-intelectual, que promueven los medios.
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