Els
40 anys de franquisme van deixar a Terrassa una petjada que encara no
s'ha esborrat. I no només en les vides de molts ciutadans i ciutadanes i
en les seves experiències personals.
Les plaques amb el jou i les fletxes que apareixien a molts edificis
protegits sí que pràcticament són història, gràcies a les pressions
d'entitats i associacions polítiques i a l'actuació de l'Ajuntament, que
ha anat per feina sempre que se li ha demanat. Però resten encara
moltes mostres de la dictadura, potser de vegades relativament amagades,
però reals, com una placa al carrer del Puig Novell on la frase acaba
amb el franquista "Año de la Victoria", de molt mal record per als que
van lluitar per les llibertats i la democràcia.
Allà no hi fa res i ja va sent hora que se situï en un museu, per poder
ser contemplada i explicada a les noves generacions, perquè el passat
mai s'ha d'oblidar. Ara es revisarà la presència en el nomenclàtor del
carrer de Salvador Gros, excombatent de la División Azul, però caldria
anar més enllà i fer un pensament amb el de Josep Tapioles, un
personatge que durant la República va ser un conspirador i va participar
activament en el cop d’Estat del 18 de juliol. I també revisar carrers
dedicats a franquistes confessos.
Fora les medalles
A més, cal que l'Ajuntament vagi per feina i d'una vegada per totes
retiri les medalles i mencions d'honor de tots els colors a homes i
dones que van formar part d'un règim dictatorial que va fer molt de mal a
Catalunya i a Terrassa.
Entre els distingits hi ha ministres d'Educació de l'Estat espanyol, els
excombatents del bàndol denominat "nacional", intel·lectuals, el
Ejército español i exalcaldes dels moments més durs de la dictadura, com
Josep Clapés.
On s'admetria una discussió seria en la figura d'Alfons Sala i Argemí,
sobre la que es podria obrir un debat social i històric molt interessant
i acabar decidint si pesen més les seves aportacions, indubtables, a la
ciutat o el seu tarannà autoritari i caciquil.
Amnistía
Internacional, la Asociación Española para el Derecho Internacional o
la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por más de
cincuenta asociaciones, piden la investigación de los crímenes de la
Guerra Civil y el franquismo Ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas,
torturas, detenciones arbitrarias, exilio, trabajo forzoso, secuestro
masivo de niños. Un plan sistemático y generalizado de extermino de
disidentes políticos. Podríamos estar hablando de las dictaduras
militares de Argentina, Chile, Brasil o Alemania, por ejemplo. Pero no,
hablamos de España, del pasado reciente de nuestro país. Hablamos de
los 150.000 casos de desapariciones forzadas, incluidos 30.000 niños,
ocurridos en España durante la Guerra Civil y posterior represión
franquista entre 1936 y 1975. Hablamos de crímenes de lesa humanidad
que hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, siguen sin ser
investigados.
Esto es lo que denuncia la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional en su último informe “ El tiempo pasa, la impunidad permanece,” en
el que describe la falta de voluntad de las autoridades judiciales
españolas de cumplir con su obligación internacional de investigar estos
crímenes abocando al desamparo judicial a cientos de miles de víctimas
y a la negación absoluta de sus derechos fundamentales reconocidos por
todos los órganos de derechos humanos como el derecho a la verdad, la
justicia y la reparación.
El informe dibuja un
escenario judicial poco esperanzador para las víctimas del franquismo:
una tendencia continuada al archivo de las causas por parte de los
jueces españoles siguiendo las tesis del Tribunal Supremo, en cuya
sentencia del 27 de Febrero de 2012 ( proceso en el que el Juez
Baltasar Garzón fue también acusado de un presunto delito de
prevaricación por declararse competente para investigar), la más alta
instancia judicial española daba un portazo a la investigación de los
crímenes de la Guerra Civil y el franquismo acogiéndose – de forma
errónea por ser argumentos contrarios al derecho internacional, apunta
AI - a la existencia de una Ley de Amnistía, la prescripción del
delito, la ausencia de tipificación de los crímenes de derecho
internacional cuando ocurrieron los hechos, el presunto fallecimiento
de los autores y la existencia de una Ley de Memoria Histórica. El Tribunal Supremo añadió a su sentencia que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal".
Al desamparo judicial en nuestro país, Amnistía Internacional suma la
continua falta de cooperación y presiones ejercidas por parte de las
autoridades españolas sobre la Jueza argentina María Servini, quien,
valiéndose del principio de justicia Universal, aceptaba a trámite de la
querella “por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en
España entre el 17 de Julio de 1936 y el 15 de Junio de 1977”,
interpuesta en Buenos Aires por víctimas españolas el 14 de abril de
2010. Trabas que incluso llevaron a la suspensión de las declaraciones
testimoniales a través de videoconferencias en la Embajada argentina de España. Tampoco las puertas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han abierto a la causa, inadmitiendo
este tribunal todas y cada una de las demandas presentadas contra
España en relación a la Guerra Civil y el franquismo, argumentando, en
la mayoría de los casos, la negligencia de los demandantes por
interposición tardía, ignorando así el periplo judicial al que España
somete a las víctimas antes de acudir a Estrasburgo.
Ante este escenario de indefensión y de peregrinaje judicial de las víctimas del franquismo, algunas organizaciones como la Asociación Española para el Derecho Internacional (AEDIDH) , y la Plataforma por la Comisión de la Verdad,
integrada por más de cincuenta asociaciones para la recuperación de la
memoria, víctimas y familiares, han puesto en marcha una campaña internacionaldirigida
a las Naciones Unidas y las instituciones europeas para denunciar la
situación de desprotección en la que se hallan y para exigir al Estado
español la creación de una Comisión de la Verdad que garantice el
derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación,
cumpliendo así con sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos.
Se trata en definitiva, tal como lo
define las Naciones Unidas, de un “órgano oficial, temporal y de
constatación de hechos sin carácter judicial y que se ocupa de
investigar abusos de los derechos humanos que se hayan cometido a lo
largo de varios años,” un instrumento al servicio ya de 40 países que ha
proporcionado una descripción completa de los crímenes cometidos en el
pasado, contribuyendo a su investigación y posterior enjuiciamiento, y
garantizando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la aplicación del Pacto
sobre Derechos civiles y políticos ya recomendó a España en 2008 la
creación de una "comisión de expertos independientes" encargada de
restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos
humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, además de
recordar a nuestro país la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad y la consiguiente invalidez de Ley de Amnistía de 1977, así
como el derecho de familias a identificar y exhumar los cuerpos de las
víctimas, y , en su caso, a ser indemnizadas. En este sentido se
pronunció también el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas
de NNUU, quien recordó a España en 2009 el
carácter permanente del delito de desaparición forzada y la obligación
de ser investigado hasta que el paradero de la víctima no se haya
aclarado, sin que una ley de amnistía suponga el fin del deber del
Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables.
Recomendaciones todas ellas ignoradas, denuncian Amnistía Internacional,
AEDIDH y la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
En consecuencia, indican estas organizaciones, pesa sobre España la
obligación internacional de investigar los crímenes de lesa humanidad
producidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista,
de respetar la imprescriptibilidad de estos crímenes, y ofrecer a las
víctimas el conocimiento pleno y completo de los actos que se
produjeron, dotando de recursos para ello y en caso de fallecimiento de
una persona desaparecida, investigar su paradero, identificar y exhumar
sus restos.
CONVOCATORIA POR LA CONDENA DEL GOLPE DE ESTADO
DEL 18 DE JULIO DE 1936 ¡María de los Llanos de Luna dimisión!
En las últimas fechas hemos asistido a diversos
actos institucionales donde se ha puesto de manifiesto la involución
política de la Constitución de 1978 y la recuperación y el
mantenimiento de valores y símbolos históricos que nos retrotraen
de forma directa a la dictadura franquista.
Por un lado, el sórdido homenaje a los
fascistas de la División Azul, en Sant Andreu de la Barca, con la
presencia activa de Llanos de Luna, delegada del Gobierno en
Barcelona y de claras tendencias de extrema derecha, es un
acto totalmente reprobable e impensable en el resto de países
europeos, donde se vivió la barbarie del horror nazi.
Por otro, el rechazo en el Congreso, con los
votos del PP y de UPyD, de la propuesta de condena del golpe de
estado del 18 de Julio de 1936, es una prueba evidente de la
descomposición del Régimen de 1978 que está poniendo de manifiesto
las bases ideológicas de la actual mayoría parlamentaria, así como
las contradicciones y renuncias que se produjeron durante el
proceso de la mal llamada transición, que dejó intacta toda la
estructura sociopolítica de la dictadura.
En esta situación de crisis total, que afecta
de forma directa al modelo de estado, a la propia Jefatura del
mismo y a los distintos órganos institucionales, la alternativa
urgente pasa por avanzar hacia un nuevo proyecto constitucional,
basado en la voluntad democrática de la ciudadanía y la ruptura
de la herencia anterior.
Esto supone la recuperación de la Memoria
Histórica, la condena sin paliativos de la dictadura y de sus
responsables, vivos o muertos., y por ello nos parece muy importante,
el proceso iniciado por la Juez argentina, con las víctimas
del franquismo y las responsabilidades de sus verdugos.
En la Coordinadora 14 de Abril de Barcelona
apostamos por iniciar un amplio proceso constituyente desde abajo
y donde se incorporen organizaciones políticas, colectivos y
movimientos sociales y sindicales, referentes de la
memoria histórica, junto a ciudadanos/as independientes, con el
objetivo de sumar miles y miles de voluntades plurales hacia un
nuevo modelo de estado federal y republicano, construido desde
abajo, capaz de ir tejiendo un amplio proyecto de la mayoría, en
base a una democracia radical y una constitución socialmente
avanzada, al servicio y defensa de los derechos de los ciudadanos.
Esto es la III República
Por todo ello, reclamamos la dimisión de la
delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, y convocamos
a manifestarnos el 18 de julio de 2013 a las 19:30 en la sede de
la Delegación de Gobierno en Catalunya (Mallorca con Roger de
Lluria), invitando a todos los ciudadanos/as a acudir con su bandera
tricolor.
Un misterioso médico, que
nadie conocía y que desapareció de la clínica al día siguiente, le
inyectó lo que se sospecha que era un veneno que le provocó la muerte.
Incitación al nixonicidio fue el último poemario de combate de Pablo Neruda y parece que la CIA respondió con más que palabras.
La versión oficial de la dictadura militar chilena es que el Premio
Nobel murió como consecuencia de la metástasis de su cáncer de próstata
pero el Partido Comunista pidió una investigación judicial que, por la
acumulación de indicios y sospechas, permtió la exhumación de los restos
del poeta que ahora se analizan en Estados Unidos, en un laboratorio de
Carolina del Norte.
Neruda murió, doce días después del golpe de Estado del general
Pinochet, en una clínica de Santiago de Chile, cuando iba a viajar a
México, donde el gobierno le había ofrecido asilo político, para
encabezar la resistencia internacional contra la dictadura. En la
víspera del viaje, un misterioso médico, que nadie conocía y que
desapareció de la clínica al día siguiente, le inyectó lo que se
sospecha que era un veneno que le provocó la muerte. El supuesto doctor Price
se parece mucho, según la descripción de quienes lo vieron alrededor
del poeta, al agente de la CIA Michael Townley, un colaborador de los
servicios secretos de los golpistas que ahora se refugia en el anonimato
del programa de testigos protegidos en Estados Unidos.
Townley fue procesado por los asesinatos del general Prats en Buenos
Aires (1974) y del ex/ministro Letelier en Washington (1976). Además
está acusado de participar en el secuestro y asesinato del funcionario
español de la ONU Carmelo Soria (1976) en Santiago de Chile. Townley era
el enlace de la CIA con los servicios secretos de la dictadura militar
chilena en una sofisticada operación para eliminar opositores con
venenos y gases letales. Así asesinaron también (1982) al ex/presidente
democratacristiano Frei en la misma clínica en la que murió Neruda.
En Brasil, la Comisión de la Verdad sigue con mucho interés las
investigaciones sobre la muerte de Neruda por la similitud con el
fallecimiento en el exilio (1976) del ex/presidente Joao Goulart cuando
preparaba su regreso para conducir las movilizaciones contra la
dictadura militar. También hay sospechas sobre su posible envenenamiento
mediante la Operación Cóndor, la coordinación de los gobiernos
militares latinoamericanos con la CIA para asesinar a los opositores en
cualquier lugar donde se refugiaran.
La entidad humanitaria publica el informe 'El tiempo pasa, la impunidad
permanece', en el que se concluye que "ni se investiga ni se coopera" en
los procesos contra el franquismo tanto en España como en terceros
países, como Argentina.
El Estado español, según un informe de Amnistía
Internacional (AI), no sólo "no investiga ni coopera" en los procesos
contra los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sino que además
"obstaculiza" las investigaciones abiertas en terceros países, como
Argentina.
Esta es una de las conclusiones del
informe "El tiempo pasa, la impunidad permanece", hecho público hoy en
una rueda de prensa en la que el director de AI España, Esteban Beltrán,
ha asegurado que "en España está garantizada la impunidad" de los
crímenes del franquismo.
Beltrán cree que España
"está haciendo un intento vano de pasar página sin leerla", se aleja así
de la tendencia mundial "a buscar verdad, justicia y reparación para
las víctimas" y es un caso "no típico" porque no hay "voluntad política"
de investigar.
Según el autor del informe, Ignacio
Jovtis, en España el Poder Judicial archiva sistemáticamente las
denuncias de las víctimas, la Fiscalía no colabora con la justicia
argentina, a la que no remite la información solicitada, mientras el
Gobierno incumple sus obligaciones internacionales y "ha obstaculizado"
que las víctimas presten declaración en ese proceso.
A
esto añade que el Poder Legislativo ha confirmado la Ley de Amnistía y
no ha ratificado la convención internacional sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, dejando en una situación
de indefensión a las víctimas.
"Nunca una amnistía
puede ser un obstáculo para investigar crímenes de guerra", ha dicho
Jovtis, tras explicar que el estudio es un análisis de 48 de los casos
instruidos por los juzgados territoriales tras la inhibición de la
Audiencia Nacional en 2008, de los que 38 han sido archivados.
Para AI, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en el caso en el que
juzgó a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes del
franquismo ha supuesto un "duro revés" para las víctimas, ya que varios
de los juzgados se acogen a sus argumentos para justificar el archivo,
lo que ha cerrado las puertas a que se investigue en España.
El informe también es crítico con la actuación del Gobierno, al que
acusa de no colaborar con la justicia argentina, como a su juicio ha
demostrado el rechazo del Ministerio de Exteriores a la petición de la
juez argentina María Servini para que varias víctimas testificaran en el
juicio desde el consulado de Argentina en España.
Otra de las críticas de Amnistía Internacional es sobre la actuación de
la Fiscalía, que, según indica, ha respondido a las peticiones de
información de Argentina con afirmaciones falsas, asegurando que España
está investigando y "tiene preferencia" para hacerlo.
En la presentación del informe ha participado también Soledad Luque
-presidenta de la Asociación 'Todos los niños robados son también mis
niños', que participa en la querella argentina-, quien ha anunciado que
seguirán luchando para que los crímenes del franquismo sean investigados
en España.
Por su parte, José Luis Mateos, de la
Plataforma contra la Impunidad del Franquismo', ha insistido en pedir la
nulidad de los procesos judiciales del franquismo y la derogación de la
Ley de Amnistía de 1977.
El informe, que es
continuación de otro realizado por AI el pasado año, concluye
recomendando al TS que rectifique su fallo del 27 de febrero de 2012 y a
la Fiscalía que actúe de oficio para investigar los crímenes de la
dictadura y que colabore con los tribunales extranjeros.
Insta además al Parlamento a autorizar "con prontitud" la convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y a la Justicia
argentina a continuar investigando los delitos cometidos en España.
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, ha asegurado que desde la institución defenderán "hasta donde podamos en los tribunales el mantenimiento de este monumento aquí, y creo que al final sí ganaremos", en referencia a la notificación emitida por un juzgado de la capital para el derribo del monumento a las Brigadas Internacionales, que asegura aún no han recibido. La
diligencia en cuestión, emitida por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid apremiaba a la
Universidad a responder en periodo de diez días que ya ha transcurrido, y
otorgaba un plazo de dos meses desde la notificación de respuesta para
proceder al derribo del monolito, construído en los terrenos de la
Universidad.
En una concentración convocada el sábado 15 de junio
por la Asociación Foro por la Memoria, secundada por la Asociación de
Amigos de las Brigadas Internacionales y otras organizaciones, Carrillo
ha insistido en que la Universidad no ha recibido el auto de ejecución "del que habla la prensa de la derecha". "Hay cierto empecinamiento por parte de la ultraderecha de este país en no reconocer los hechos claros,
y es que las Brigadas Internacionales vinieron aquí a defender la
libertad", afirmaba el rector, hijo del histórico líder del Partido
Comunista Español Santiago Carrillo, fallecido en septiembre de 2012.
Durante
el acto, celebrado junto al monumento en cuestión -inaugurado en 2011 y
financiado mediante aportaciones personales e institucionales-, el
rector defendió que a pesar de que la obra se inauguró sin el permiso
correspondiente, éste fue requerido poco después, sin que el Ayuntamiento de la capital emitiese respuesta o validase la certificación de silencio positivo que en dos ocasiones la Universidad ha solicitado al Consistorio que dirige Ana Botella.
Por su parte, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales ha criticado el doble rasero que utilizan las instituciones en el tema de la Memoria Histórica, y ha recordado que otros monumentos erigidos en los terrenos de la UCM- como el del 11 de marzo- fueron inaugurados sin licencia previa y " no tuvieron ningún problema". Un manifiesto
al que ya se han adherido importantes personalidades de la política, el
periodismo o la cultura - El Coordinador de IU Cayo Lara, el exjuez
Baltasar Garzón, la actriz Pilar Bardem o el periodista Ramón Lobo entre
otros- y una petición en change.org
-cuenta con cerca de 12.000 firmas- son algunas de las medidas
adoptadas por la asociación para detener el derribo del monumento,
erigido en memoria de los miles de brigadistas de 54 países que lucharon
y perdieron la vida apoyando al bando republicano durante la Guerra
Civil.
La sentencia
La diligencia en cuestión hace referencia a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba nula la instalación del monumento ,
para cuya construcción la Universidad Complutense no solicitó el
correspondiente permiso hasta haber concluido la ejecución de la obra.
Según la sentencia, queda "claro" y no es objeto de "discusión" que el día 22 de octubre de 2011 la UCM instaló e inauguró en suelo público un monumento "sin instar procedimiento urbanístico de ninguna clase y sin obtener licencia urbanística al efecto". Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aseguran que es una sentencia firme ante la que no hay posibilidad de recurso-la UCM ya recurrió esta decisión del TSJM sin lograr resultados.
Ignacio Blanco, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV),
defiende en las Cortes Valencianas una PNL para instar al Gobierno a la
convocatoria de un referéndum que permita al pueblo español elegir
democráticamente su forma de Estado. Trenta y cinco años después de la
Constitución de 1978, el desprestigio de la Corona se acrecienta cada
día con los escándalos de corrupción que implican a miembros de la
familia real y afectan al propio rey Juan Carlos, que disfruta de
impunidad absoluta. Frente a la propuesta de EUPV, el Partido Popular
defiende una monarquía "que ha dado grandes glorias a España" y el
Partido Socialista se abstiene (excepto un diputado que rompe la
disciplina) porque "no es el momento de un proceso constituyente, y los
valores republicanos ya están recogidos en la actual Constitución".
Blanco acaba su intervención pidiendo que el pueblo tome la palabra para
"desatar de una vez por todas aquello que Franco dejó atado y bien
atado".
Pleno de las Cortes Valencianas del 13 de junio de 2013
Monarquía Versus República en las Cortes Valencianas
EUPV
presentó una Proposición no de Ley sobre la convocatoria de un
referéndum para que la ciudadanía decida entre monarquía y república
Transcripción de la intervención de Ignacio
Blanco, Diputado de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en las
Cortes Valencianas el pasado 13 de junio.
«Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios
cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar
lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional.» Esas son
las palabras que pronunció Juan Carlos de Borbón el 22 de noviembre de
1975 cuando tomó posesión de su cargo de rey de España. Y hasta hoy.
Porque no ha vuelto a pronunciar otras, porque no ha jurado la
Constitución española.
Esta barbaridad, como dicen en los escaños del Partido Popular, puede
parecerles anecdótica, pero no lo es. Es la demostración de la falta de
legitimidad democrática de origen de la corona. Juan Carlos es rey por
decisión personal de Franco, del dictador, y la monarquía es el vínculo
que une el actual régimen con el régimen anterior, con el régimen
franquista. Porque hubo cosas que cambiaron, y otras que no. Sigue la
máxima institución del estado ocupada por la misma persona y sigue la
misma oligarquía económico-financiera del franquismo.
Pero tampoco tiene Juan Carlos de Borbón una legitimidad democrática de
ejercicio, por mucho que se empeñen en contarnos historias oficiales
sobre la transición y el 23-F. Juan Carlos nunca quiso salvar la
democracia, sino salvar la corona, y lo que es peor, al pueblo español
nunca se le preguntó si quería la monarquía o una república. Al pueblo
español en 1978 se le ofreció un pack, iba todo junto, las
libertades democráticas que recuperaba después de cuarenta años de feroz
dictadura y, al mismo tiempo, ese título segundo con la corona
incrustada en la Constitución.
El rey nunca se ha sometido a la democracia, e incluso durante un tiempo
no ha querido someterse ni a las encuestas, porque ya en el CIS se ve
cómo pierde apoyo popular, en 2011, el 4,89 sobre 10; después dejaron de
preguntar. Recientemente, en 2013, el 3,68; y entre los más jóvenes,
con una desaprobación muchísimo más alta.
Porque el rey, porque la familia real, porque la corona, ha sido motivo
de escándalo durante mucho tiempo, escándalos que vienen de lejos,
escándalos económicos que afectan a personas vinculadas al rey de
España. A Prado y Colón de Carvajal, a De la Rosa, a Mario Conde, a los
Albertos, cosas que se sabían pero que no se contaban, porque funcionaba
un bloqueo informativo que poco a poco se va rompiendo.
Ahora sabemos cada vez con más claridad que tiene relaciones con los
jeques saudíes del petróleo, tenemos noticias de las comisiones
multimillonarias por negocios un tanto oscuros, sabemos que tiene
cuentas personales en Suiza, y quizás otras a través de testaferros.
Sabemos que su gasto millonario hasta ahora o ha estado sometido a la
trasparencia, y ya veremos si se le aplica la ley. Un gasto que, por
otra parte, la Constitución refleja que es para el sostenimiento de su
familia y casa… de su familia y casa, no dice nada del “pisito”, que
también tenía un “pisito” para la señora Corina von Wittgenstein.
El señor rey Juan Carlos de Borbón ha tenido actuaciones personales
dudosas que le han hecho perder credibilidad: estaba cazando elefantes
mientras en España teníamos seis millones de parados y dos millones de
familias sin ningún ingreso. Ahí está el caso Nóos, los padrinos de
Iñaki Urdangarin y de Diego Torres no son solo Jaume Matas, Francisco
Camps y Rita Barberá, hay también un padrino real. La diferencia es que
él está muy tranquilo, porque es inviolable, porque el artículo 56.3 de
la Constitución dice que su persona es inviolable y, por lo tanto, no se
le puede imputar, no se le puede juzgar. La prensa satírica lo ha
explicado mejor que yo... [muestra la portada de la revista Mongolia,
titulada “El rey podría violarte, y no le pasaría nada”]. El rey nunca, nunca, se ha sometido a la ley, nunca ha sido igual, y tampoco ejemplar, tal como preconiza para los demás.
Pero este es un debate que va más allá de la persona y de los escándalos
que la rodean, es un debate sobre la institución, sobre la monarquía,
sobre una anomalía y un anacronismo histórico. Recuerden ustedes las
palabras del hermano de George Bush, el gobernador de Florida, hablando
de la República Española... Es que no le cabe en la cabeza a cualquier
ciudadano de un país democrático y normal que aquí todavía tengamos una
monarquía por razones dinásticas.
Además, en breve asistiremos al hito que marca la esencia de la
institución: la sucesión, donde se manifiesta claramente su falta de
legitimidad democrática, su condición puramente dinástica. Y enfrentando
ese momento, Esquerra Unida, y con nosotros cada vez más gente,
pensamos que el pueblo español es ya mayor de edad y puede decidir sobre
la forma de estado treinta y cinco años después del referéndum sobre la
Constitución en el que se nos hurtó la posibilidad de votar, cuando
muchos de nosotros, o no habíamos nacido o no habíamos cumplido la
mayoría de edad. En estos momentos creemos que sí se puede.
Nosotros, Esquerra Unida del País Valencià, Izquierda Unida, queremos
una república porque somos demócratas y es la única forma democrática de
organizar el estado en cuanto a la máxima institución. Queremos una
república porque somos de izquierdas y queremos un modelo de sociedad
diferente, justo socialmente, libre, igualitario. Y eso en España
siempre ha venido de la mano de la lucha por la República.
Pero en esta PNL ni siquiera pedimos que se ponga nuestra opción
republicana, simplemente queremos un referéndum para que el pueblo pueda
decidir democráticamente. Además, planteamos que se sigan los
procedimientos constitucionales de convocatoria del referéndum, el
artículo 92 de la Constitución, y también de reforma de la misma, en
caso de que el pueblo decidiera mayoritariamente, democráticamente, que
quiere elegir la forma más democrática: la república. Ese artículo 168
que corresponde al blindaje especial del título II, «De la corona», en
la actual Constitución.
Por lo tanto, ustedes, señorías, no van a votar entre república o
monarquía. Eso no nos compete a nosotros, le corresponde a todos los
ciudadanos en igualdad de condiciones. Ustedes, señorías, van a votar
democracia sí o democracia no. Por eso les pido que no tengan miedo a la
democracia, ese miedo que se manifestó cuando los dos grandes partidos
decidieron no someter a referéndum la reforma del artículo 135 de la
Constitución. No tengan miedo a la democracia.
Por eso pido el voto de los republicanos, que me consta que los hay
seguramente en todos los grupos, especialmente a los republicanos de
izquierda, con los que compartimos una tradición, una historia épica y
trágica. Pero pido sobre todo el voto de los demócratas, que me consta
que también los hay. Es más, deberían serlo todos, aunque a veces no se
note.
Thomas Jefferson decía que las circunstancias del mundo están cambiando
continuamente y las opiniones de los hombres también, y como el gobierno
es para los vivos y no para los muertos, sólo los vivos tienen derecho
sobre él. Señorías, ninguno de los españoles vivos, menores de cincuenta
y tres años, que son mayoría en la sociedad, que también somos mayoría
en este parlamento, pudo votar en 1978. Es hora de que los ciudadanos y
las ciudadanas tomen la palabra y destapen de una vez por todas aquello
que Franco dejó “atado y bien atado”.
Texto de la Proposición no de Ley sobre un referéndum para decidir entre monarquía o república
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la
convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía decida entre
monarquía y república, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra
Unida (RE número 52.049)
A LA MESA DE LES CORTS
Ignacio Blanco Giner, diputado y portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Esquerra Unida, al amparo de los artículos 160 y
siguientes del RCV, presenta la siguiente proposición no de ley de
tramitación especial de urgencia:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En una sociedad democrática todas las instituciones se deberían elegir
por voluntad popular y estar sometidas al control y a la posibilidad de
revocación. Este es un principio básico de las sociedades basadas en la
soberanía popular, donde la fuente última de todo poder y autoridad es
exclusivamente la ciudadanía. Por este motivo no puede existir ninguna
autoridad ni ningún poder por encima de esta. Así se hace especial
referencia al principio básico de igualdad ante la ley de todo el mundo.
La Constitución española vigente establece una monarquía parlamentaria,
en la que todas las instituciones del Estado son elegidas -directa o
indirectamente- por sufragio universal, a excepción del jefe de Estado,
que lo es por razones dinásticas. Esto constituye una anomalía y un
anacronismo, compartido con otros países europeos. Pero supone un
fenómeno absolutamente minoritario tanto en la Unión Europea como a
nivel mundial.
La Constitución española de 1978 fue aprobada en referéndum, pero no
dejaba opción a elegir la forma de Estado entre monarquía o república,
sino que se trataba de ratificar o no una constitución que restablecía
las libertades democráticas después de 40 años de dictadura represora.
Lógicamente, la inmensa mayoría de los españoles y españolas en aquel
momento votaron a favor de la Constitución. Pero eso no puede ser
interpretado como un apoyo mayoritario a la institución monárquica, que
nunca se ha sometido al sufragio popular.
Treinta y cuatro años después, la mayoría de la población no votó en
aquel referéndum, ya que todos los que hoy tienen menos de 53 años no
habían cumplido la mayoría de edad y muchos ni tan siquiera habían
nacido.
Además, el apoyo de la ciudadanía a la institución monárquica ha ido
reduciéndose, según se manifiesta en todos los estudios de opinión
-incluidos los del Centro de Investigaciones Sociológicas-, proceso que
se ha acelerado los últimos años al conocer la opinión pública diversos
hechos presuntamente delictivos y otros de dudosa ética que afectan al
propio monarca. Es el caso, por ejemplo, de las presuntos actividades de
intermediación empresarial efectuadas por el rey, la posesión de
cuentas en Suiza (situación que elude la aplicación del régimen fiscal
español), así como la disposición de dinero y medios públicos por
personas ajenas a la Casa Real o a toda actividad institucional oficial
(como, las reuniones programadas por el Instituto Nóos en el entorno de
la Zarzuela para acordar negocios presuntamente delictivos).
Ha llegado el momento en el que el pueblo español decida libre y
democráticamente su forma de Estado y, por ello, presentamos la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Corts Valencianes instan al Consell a:
Instar al gobierno del Estado a convocar un referéndum, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 92 de la Constitución española, para que
la ciudadanía decida entre monarquía y república; de forma que, en el
caso de que ganara democráticamente la opción republicana, se ponga en
marcha el procedimiento de reforma constitucional establecido en el
artículo 168 de la Constitución española.
Les Corts, 4 de abril de 2013
Ignacio Blanco Giner
Andalucía se prepara para retomar la iniciativa de la política memorialista
con proyección estatal. Y el primer paso será la tramitación
parlamentaria después del verano de la Ley de Memoria Democrática cuyo
proyecto ultima el Gobierno de coalición PSOE-IU, una norma avanzada que
contrastará con la desactivación de le Ley estatal de Memoria Histórica de 2007 por parte del Gobierno central del PP.
La
Junta de Andalucía ha estado siempre a la vanguardia de las políticas
para la recuperación de la memoria histórica, como lo demuestra su temprana reacción
a las demandas de este movimiento social cuyo nacimiento se sitúa en el
año 2000 a raíz de la primera exhumación con criterios científicos
internacionalmente homologados -la de Priaranza del Bierzo- y la
creación de la primera asociación memorialista, la ARMH
surgida entonces en León. De hecho, la cuantía presupuestaria
acumulada destinada por el Gobierno andaluz a este fin rondaría los 16 millones de euros:
10 de ellos en indemnizaciones a represaliados desde 2001 y los 6
restantes, en subvenciones concedidas a asociaciones, ayuntamientos y
universidades para diferentes actuaciones (exhumaciones,
investigaciones, publicaciones, documentales, monolitos,
reconocimientos, etc.)
La presencia ininterrumpida de un Gobierno
de izquierdas en Andalucía, sostenido por la configuración sociológica
de la mayoría social, ha sido clave en la sensibilidad de estas
políticas con las demandas de las víctimas y de sus herederos. Además,
se da la circunstancia histórica objetiva de que Andalucía fue la región más masacrada por la represión franquista, con más de 50.000 mil fusilados, especialmente en su mitad occidental donde no hubo prácticamente guerra, sino represión pura y dura. El Mapa de Fosas de Andalucía -concluido en 2009 y costeado por la Junta- revela la existencia de 614 fosas comunes en toda la Comunidad,
constituyendo el conjunto de varias de ellas situado en el viejo
cementerio de Málaga el segundo más importante de toda Europa, tras la
tristemente célebre de Srebrenica, en Bosnia.
Andalucía fue la región más masacrada por la represión franquista, con más de 50.000 mil fusilados
La gestión política socialista andaluza de la memoria histórica comenzó
en 2001 dependiendo de la Consejería de Presidencia para pasar en 2003 a
la de Justicia, año del que data la regulación por decreto
de las subvenciones actualmente vigente. En 2006 se creó el Comisario
de la Memoria Histórica, una figura competente en la materia pero
carente de estructura departamental definida. Hasta que el pasado año
2012, con la constitución del Gobierno de coalición PSOE-IU, las
competencias memorialistas pasaron a manos de Izquierda Unida
dependiendo de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales encabezada por el vicepresidente de la Junta Diego
Valderas. IU ha elevado el rango político de la memoria histórica con la
creación de una dirección general específica de Memoria Democrática,
aunque los recortes impuestos desde el Gobierno central han mermado
considerablemente la disponibilidad presupuestaria con respecto a la etapa anterior bajo gestión socialista.
Sin embargo, pese a la escasez de recursos económicos, sí que se observa ahora un impulso político renovado
en torno a la próxima Ley de Memoria Democrática, caracterizado por el
consenso no sólo político, por la buena sintonía entre PSOE e IU tras el
primer año de rodaje compartiendo responsabilidades de gobierno, sino
también social. No en vano más de cien organizaciones especialmente
vinculadas con la memoria histórica han participado en la gestación del
anteproyecto a través de reuniones celebradas en las ocho provincias
andaluzas durante los últimos meses, aportando sugerencias y enmiendas.
El documento base sobre el que se cimentará la futura ley tiene su origen en la proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía que IU vio rechazada hace dos años
-abril de 2011- por la fuerza aplastante de los votos de PSOE y PP.
Pero como las rencillas en política no son eternas y la necesidad
obliga, la coyuntura ha cambiado y desde el PSOE, su coordinador andaluz
de memoria histórica Carlos Perales considera que "ha llegado el
momento de que la Junta retome el impulso político a nivel estatal
previo a la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica". Un Perales
autocrítico con su propio partido precisa aún más al decir que "tenemos
que aprovechar la oportunidad de la coalición con Izquierda Unida para
abandonar esa cierta timidez que hemos tenido y cubrir las lagunas importantes que quedan por cerrar en la memoria histórica". "La nueva Ley va a ser, sin duda, el marco legal más avanzado de España"
Una de las novedades más importantes de la futura normativa legal hace
referencia a las exhumaciones, con lo que dejará sin efecto el protocolo autonómico aprobado en 2009 que fue muy criticado por las asociaciones de la memoria histórica y que ha demostrado su ineficacia dada la arbitrariedad y desorganización
con que se están realizando estas delicadas tareas en los últimos años,
de espaldas en ocasiones a las administraciones y bajo la única
supervisión de familiares con profesionales contratados al efecto.
La Junta quiere evitar con ello la privatización de estos procesos, porque "forman parte de las políticas públicas
de memoria histórica", afirma Juan Francisco Arenas, secretario de
memoria histórica del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y número dos
de la Dirección General de Memoria Democrática andaluza. El Gobierno
andaluz se personará como denunciante ante el juzgado correspondiente
cuando se efectúe cualquier exhumación, a fin de ajustarse al protocolo
de actuación de Naciones Unidas en estos casos. "Trataremos de dar
satisfacción a los familiares que quieran exhumar, pero con mucho
cuidado de no destruir la cadena de custodia de las pruebas de crímenes de lesa humanidad",
enfatiza Arenas con la esperanza de que "en algún momento el
ordenamiento jurídico español deje de amparar la impunidad del
franquismo".
Otros aspectos sobre los que pretende incidir la
próxima norma andaluza, que pretende irradiar sus efectos con
transversalidad hacia otras consejerías, son: la educación, el acceso a
los archivos, la eliminación total de la simbología franquista en los
espacios públicos, los lugares y senderos de la memoria -a caballo entre
turismo y medio ambiente-, un censo de las víctimas, un banco de ADN
con colaboración de Sanidad, la reparación moral y el reconocimiento de
colectivos, así como la creación de un Instituto de Memoria Democrática.
"La nueva ley va a ser, sin duda, el marco legal más avanzado de España", concluye Juan Francisco Arenas.
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 13 de junio de 2013
Este artículo critica los
supuestos que sostienen la tesis de que el sistema de pensiones público
necesita unas reducciones de sus beneficios a fin de garantizar su
viabilidad. El artículo señala que no es la transición demográfica la
que está cuestionando tal viabilidad, sino la distribución de las rentas
a favor del capital y a costa de las rentas del trabajo que explica que
aquellas actividades, como las pensiones, que derivan primordialmente
de las rentas del trabajo estén experimentando una disminución de sus
ingresos.
El mensaje que se está transmitiendo con
gran intensidad en los medios de mayor difusión en Catalunya y otras
partes de España es que los recortes de las pensiones son inevitables,
mensaje que recuerda mucho al que se ha estado transmitiendo estos años
sobre la inevitabilidad de los recortes. En la cultura económica
dominante, los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público
social (sea este en forma de transferencias o de servicios públicos del
Estado del Bienestar), son inevitables y necesarios para salir de la
crisis y para “salvar” al Estado del Bienestar. El abanico de esta
sabiduría convencional abarca desde los economistas ultraliberales (que
todos sabemos quiénes son por su gran prominencia en los medios
televisivos) a los socioliberales o socialdemócratas afines a la Tercera
Vía, muy influyentes en el socialismo español y catalán. Incluso Josep
Oliver, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona,
economista al cual tengo gran respeto y estima y que fue influyente en
el diseño de las políticas económicas del Tripartito, ha estado
escribiendo artículos de apoyo a las políticas de austeridad (negando
incluso que existieran, refiriéndose al crecimiento de la deuda pública
como muestra de su inexistencia) y de apoyo a los recortes de las
pensiones en un artículo titulado significativamente “Los inevitables
recortes en pensiones” en El Periódico. 08.06.13, el rotativo que
publica el mismo día y en el mismo número un editorial, “La revisión de
las pensiones del futuro”, de apoyo a la reducción de las pensiones.
Este rotativo no ha publicado artículos que cuestionen las tesis
catastrofistas que están detrás de la supuesta necesidad de recortar las
pensiones.
Veamos primero los datos que se aportan
para sostener la tesis de que las pensiones tienen que recortarse
inevitablemente, tomando los que utiliza el Profesor Josep Oliver en su
artículo. De una manera representativa de aquellos (la mayoría) que
consideran que la raíz de la supuesta insostenibilidad es la transición
demográfica, Josep Oliver (a partir de ahora J.O.) indica que el punto
débil de la sostenibilidad es que el número de personas en edad de
trabajar (16 a 64 años) bajará de los 30.7 millones actuales a 20.8
millones a mediados de siglo, es decir en 2052, mientas que la población
anciana (más de 65 años) habrá aumentado de 8 a 15 millones en el mismo
periodo. Y ello dentro de un contexto de disminución total de la
población que caerá de 46 a 41,5 millones, con lo cual, el porcentaje de
gente anciana (de más de 65 años) pasará a representar del 17,4% en el
año 2012 a un 36,6% en el 2052, situando a España entre los países más
envejecidos del mundo, sino el más envejecido. Creo haber resumido bien
las tesis de J.O. y de los catastrofistas basadas en la transición
demográfica, que todos ellos concluyen que hacen inevitables las
reducciones de las pensiones, subrayando que los gobiernos –incluido el
español y el catalán- puedan hacer muy poco, al menos a corto plazo,
para evitarlas. Se llega así a un determinismo demográfico que anula la
voluntad política.
Estas tesis, sin embargo, son altamente
cuestionables. Todas ellas se caracterizan por intentar resolver los
problemas a base de recortes y no a base de aumentar los ingresos (para
ver alternativas a los recortes de gasto público, ver el libro Hay
alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España
de Vicenç Navarro, Juan López y Alberto Garzón). Pero vayamos por pasos.
En primer lugar, es altamente cuestionable que dentro de cuarenta años a
partir de ahora España vaya a ser más pequeña y a tener una población
menor. Si fuera así, dudo que fuera por causas demográficas. Si miramos
el récord histórico demográfico de los pueblos y naciones de España, y
muy en particular los últimos treinta años, podemos ver que, excepto en
casos de recesión profunda, la población ha crecido. Es más, diferencial
entre el nivel de vida de España y el de sus vecinos del sur continuará
creciendo, con lo cual es más que probable que la inmigración no se
interrumpa. Los porcentajes que J.O. utiliza, sumamente alarmistas, son
más que cuestionables. Si asumimos que las tasas de crecimiento
demográfico serán las mismas o semejantes a las de los periodos
expansivos de la economía (que son los periodos más largos, a no ser que
asumamos que estaremos siempre, o casi siempre, en recesión), entonces
estos porcentajes utilizados por J.O. son excesivamente alarmistas. Es
más, España está entre las zonas menos desarrolladas de la Eurozona y de
la UE y, por lo tanto, es de esperar que (como ocurre en países menos
desarrollados) su crecimiento económico será mayor que el promedio de la
Eurozona. Esta ha sido la experiencia de España en los últimos
cincuenta años. Y a mayor crecimiento económico puede asumirse que habrá
mayores ingresos al Estado. Creo que sería un error asumir que España
será más pobre en el 2052 que hoy.
Lo cual me lleva a otros
dos factores que cuestionan las tesis catastrofistas, siendo el primero
de ellos el número y el porcentaje de la población ocupada cotizante a
la Seguridad Social. España tiene un filón que apenas ha explotado: el
enorme potencial de la mujer en el mercado de trabajo. Solo el 51% de
las mujeres están trabajando en el mercado de trabajo. Si en lugar del
51% fuera el 72% como en los países escandinavos, habría más de tres
millones más de trabajadoras. Y el segundo factor es la productividad,
puesto que a mayor productividad, mayores salarios y mayor cotización
social. Es más, se necesita una mayor progresividad en la financiación
de la Seguridad Social, pues paradójicamente, en el sistema actual, a
mayores ingresos, menor es la cotización social (a partir de un nivel
totalmente arbitrario). La corrección de tal regresividad aumentaría
considerablemente los ingresos a la Seguridad Social.
Otro factor de gran importancia es el
aumento de la productividad. La importancia de este factor queda clara
cuando calculamos que el PIB aumentaría 2,25 veces en unos cincuenta
años si la productividad aumentara un 1,5% por año (una cifra
razonable), con lo cual, aún cuando el porcentaje del PIB gastado en
pensiones pasara del 8% del PIB al 15% en estos cincuenta años, todavía
la cantidad tanto para los pensionistas como para los no pensionistas
sería mayor en 2060 que, por ejemplo, en 2007, cuando se inició la
crisis. Así, si en el año 2007, de cada cien euros los pensionistas
recibían 8 euros y los no pensionistas recibían 92, en el año 2060
aquellos cien euros habrían aumentado a 225 euros (constantes, con la
misma capacidad adquisitiva) con lo cual los pensionistas recibirán mas
de 8 euros, es decir, 33 euros (el 15% de 225) y los no pensionistas
recibirán 192 euros. Considerar la ratio trabajadores versus ancianos
constante, sin tener en cuenta el cambio de la productividad, es un
error enorme. Hace cuarenta años había un 18% de la población en España
trabajando en el campo, alimentando a la población. Hoy solo el 2% lo
hace y produce más de lo que producía entonces el 18%. Pongan
“pensiones” en lugar de “alimento” y pueden ver que si hoy se necesitan
2,5 trabajadores por pensionista, es razonable esperar que dentro de
cuarenta años haga falta solo uno, o incluso menos. Imagínese el
ridículo que habría hecho un economista que al ver que los trabajadores
agrícolas disminuían hubiera alertado que España se moriría de hambre
por falta de trabajadores en el campo. Pues sustituyan la palabra
“alimento” por “pensiones” y verán el ridículo de las tesis
catastrofistas.
El punto clave es, pues, la
productividad y cómo se distribuye la renta generada por este aumento de
la productividad. En los últimos años (desde que se estableció el euro)
hemos visto que las rentas derivadas del trabajo han ido descendiendo
(en parte resultado de las políticas neoliberales que han guiado el
establecimiento del euro) mientras que las derivadas del capital han
aumentado, en proporción a la renta total. Por primera vez desde que hay
democracia, las rentas del capital son iguales a las rentas del
trabajo. No es, pues, de extrañar, que aquellos programas como las
pensiones públicas financiadas por las rentas del trabajo hayan sido
negativamente afectadas por esta redistribución de las rentas a favor
del capital a costa del trabajo. Y ahí está el problema. Y no tiene nada
que ver con la transición demográfica. Como explicamos Juan Torres y yo
en el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión, si
suponemos que las rentas de un país son cuatro euros, dos que van al
capital y dos al trabajo, y si de estos dos uno va a las pensiones, es
lógico que si en lugar de dos son tres los que van al capital, sólo uno
queda para el mundo del trabajo, con lo cual en lugar de un euro a las
pensiones, va solo medio euro. Esto es lo que está pasando. Si se
quieren salvar las pensiones, hay que redistribuir las rentas que se
derivan del aumento de productividad a favor de las rentas del trabajo,
tema que jamás aparece en las reflexiones de los catastrofistas, donde
jamás se habla de la necesidad de la redistribución de las rentas y
riquezas en España (uno de los Estados menos redistributivos y con gasto
en pensiones y en protección social más bajos de la UE-15). Así de
claro.
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 12 de junio de 2013
Este artículo denuncia la
avalancha ideológica que se reproduce en los medios de mayor difusión a
favor de la reducción de las pensiones en España. El artículo documenta
la falta de diversidad en los cinco rotativos de mayor difusión de
España en su cobertura de la sostenibilidad de las pensiones públicas,
promoviendo puntos de vista catastrofistas presentados por las
instituciones financieras que favorecen la privatización de las
pensiones.
A primera vista esta pregunta parece
una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar
una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido
y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una
dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la
mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen
un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores
más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro
ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o
privados.
Veamos un ejemplo.
Hace unos días se publicó un informe de
una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del
PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran
garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta
Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las
Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de
12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar
las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier
país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre
otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro
conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado
a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para
mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los
intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos
miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta
representatividad no era formal. Pero su dependencia de las
instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y
sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad,
todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de
las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe
pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de
las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron
fondos). Todo era muy predecible.
En un país democrático
esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha
sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a
la Comisión como “Comisión de Expertos”, ignorando que tales medios
tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado
y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal
Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.
El sesgo abusivo de los medios de información y persuasión
Pero la cosa es incluso peor. Si miramos
los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El
País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que
todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas
de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis
de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada
Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni
uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las
pensiones -que la “Comisión de Expertos” estaba recomendando- fueran
necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso
nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las
pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas. Un
ejemplo, entre otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de la
Universidad de Barcelona, en su artículo “El Estado de Bienestar, más
allá de las pensiones” (La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el
artículo del Catedrático Josep Oliver titulado “Los inevitables recortes
en pensiones” (El Periódico, 08.06.13), rotativo que también se ha
distinguido por promover los recortes de pensiones públicas, escribiendo
un editorial durante el fin de semana en apoyo de los recortes.
Editoriales semejantes han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha
escrito en contra de dichos recortes de las pensiones.
Además de esta campaña propagandística a
favor de los recortes de las pensiones (que de seguirse la metodología
de cálculo de las pensiones propuesta por la supuesta Comisión de
Expertos serían los más acentuados en el país de la UE-15 que se gasta
menos en pensiones), estos rotativos han invitado a dirigentes de la
Banca y de las Compañías de Seguros para que expongan sus puntos de
vista sobre la viabilidad de las pensiones. Así, El País, el mismo día
que publicaba todos los artículos de apoyo a los recortes (07.06.13)
invitó al aristócrata Henri de Castries, Conde de Castries, presidente y
consejero delegado de la compañía de seguros AXA, para que opinara
sobre el futuro de las pensiones públicas y, como era de esperar, auguró
un futuro catastrófico para tales pensiones, aconsejando a la gente que
fuera corriendo a la Banca y a las Compañías de Seguros para hacerse un
plan de jubilación privado. El título de esta presentación era “¿Quiere
una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará”. El aristócrata
indicó que no solo las pensiones, sino todos los servicios públicos,
deberían privatizarse, porque la gente se ha malacostumbrado y exige más
de lo que el Estado puede y debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro,
enfatizó que el sistema sanitario público debe servir solo para
emergencias (es decir, para casos muy costosos) pero no para ofrecer
confort (y calidad de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía más su
carácter reaccionario (y no hay otra manera de decirlo) indicó que los
salarios estaban demasiado altos, añadiendo: “¿Dónde está escrito que
los salarios solo puedan subir? (…) Los salarios deberían poder
descender”. Y también, como era de esperar, repitió el mismo argumento
de que la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace más de
cincuenta años y que, por lo tanto, debería cambiarse. Es interesante
notar que los que aducen estos argumentos nunca han dicho que el horario
laboral diario de 8 horas se aprobó a finales del siglo XIX, hace ya
más de un siglo, y en cambio no han recomendado cambiarlo.
Este artículo es la guinda que termina
la avalancha ideológica. Ni que decir tiene que esta campaña carece de
la más mínima sensibilidad democrática y refleja una prepotencia que
caracteriza al establishment español. La arrogancia de este
establishment es única en la UE-15. España tiene uno de los Estados del
Bienestar más pobres de la UE-15, unos de los salarios y de las
pensiones más bajos, y todavía quieren recortarlos más y más. Las clases
populares deberían movilizarse y no estaría de más que se comenzaran a
hacer escraches también a los medios de desinformación que existen en
España. Es obvio que son parte del problema y debería denunciárseles. El
enriquecimiento de la democracia exige en nuestro país un cambio
profundo de sus escasamente democráticos medios de información. Éstos,
en realidad, son más de persuasión que de información.
En contra de lo que se indica, la gran
mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social
no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro
Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la
University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no
te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial
Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y
las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de
ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría
convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas,
pues los establishments financieros, políticos y mediáticos saben lo
frágiles que son sus argumentos, muy vulnerables a desaparecer, si
pudieran mostrarse los enormes fallos de su estructura
ideológico-intelectual, que promueven los medios.
Recientemente hemos sabido que el coronel retirado Amadeo Martínez Inglés
ha sido condenado por haber comentido un delito de injurias graves al
Rey y, precisamente, dicha condena ha sido confirmada por el Pleno de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por mayoría de sus
magistrados.
Sólo cuatro magistrados se mostraron en contra de dicha
sentencia, parecer que incluyeron en un voto particular. No es un dato
menor que en este grupo disidente se encuentre el Presidente de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.
Las manifestaciones vertidas mediante publicidad por el
coronel retirado se contextualizan en una crítica al monarca porque su
yerno esté implicado en el denominado Caso Nóos, que investiga el juez José Castro en Palma de Mallorca.
Al hilo de esta crítica, vierte expresiones como “putero, borracho, cabrón, ninfómana…”,
que según la sentencia han ido dirigidas a la persona del rey y, según
el voto particular de cuatro magistrados, se referían a la dinastía de
los Borbón, “en el ámbito de la valoración histórica”, no contra su
persona.
Entre ambas posturas judiciales no hay término medio: la
mayoría entiende que se ha cometido delito; la minoría de cuatro
magistrados sostiene que hay que absolver porque se trata de una crítica, una opinión, en el marco de un Estado democrático, en cuyas reglas del juego se incluye la más feroz crítica a sus instituciones.
El voto particular cita la sentencia de 8 de marzo de 2.011 dictada por el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH),
en el caso de Arnaldo Otegi. En esta sentencia, el Tribunal Europeo
entendió que España había vulnerado el derecho a la libertad de
expresión del señor Otegi, al condenarle a un año de prisión por llamar
al rey públicamente “responsable de los torturadores”
como “como jefe máximo del Ejército español”. El reino de España fue
condenado al pago de una indemnización de 20.000 euros en concepto de
daño moral y 3.000 euros por las costas causadas a Otegi.
Asimismo, el TEDH considera que el delito de injurias
graves al rey no tiene cabida en Europa, por cuanto la reputación del
jefe de Estado debiera estar protegida de la misma forma que la de un
ciudadano común. Este Tribunal, además, rechaza que se penalicen las críticas o insultos a las instituciones o funcionarios públicos,
pues éstos, precisamente, han de estar expuestos a la objeción, aunque
ésta sea provocadora, siempre en el marco de un estado democrático.
Mucho menos admite el TEDH que se incluya pena de prisión por estos
hechos. Así, incluye entre los países que incorporan a su legislación la
pena de prisión por la “difamación pública” a sus instituciones, a
Turquía y a Azerbayán, lo cual, en el seno de Europa es censurable.
Vemos, por tanto, que España incumple la legislación europea en materia de Derechos Humanos
por incorporar como delito la injuria realizada a sus instituciones y
funcionarios, por incluir la pena de prisión y por agravar el castigo
penal cuando la injuria va dirigida a las instituciones y funcionarios
públicos. Para evitarlo, cuatro jueces, en minoría, se han pronunciado
en defensa del derecho a la libertad de expresión, que constituye uno de
los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las
condiciones primordiales de su progreso.
Del mismo modo que últimamente las “recomendaciones” de la
Unión Europea, en materia económica, son de obligado cumplimiento para
España, las sentencias de la más alta instancia judicial de Europa
debieran ser vinculantes, pues, aquí sí, España se juega su prestigio y
autoridad. Nuestro país suscribió el Convenio Europeo de Derechos Humanos y asumió la responsabilidad de acatarlo.
Darrera sessió del Cicle de Cinema Republicà de Terrassa d'aquest any, aquest dimarts 18 de juny a les 21h al Cinema Catalunya (al carrer Sant Pere, entrada gratuita). Després del documental tindrem un col·loqui amb un representant de FETE-UGT.
Cicle de cinema Republicà: Las maestras de la república
Dimarts, 18 de juny, a les 21:00h.
Aquest documental, amb la recreació d’una mestra de l’època i imatges d’arxiu inèdites, ens descobreix l’extraordinari llegat que ens han deixat les mestres republicanes i que ha arribat fins avui. Articulat al voltant de testimonis d’investigadors i familiars, coneixerem el moment històricque varen viure, i la seva participació en la transformació social del nostre país a través de l’educació.
Entrada gratuïta. Organitza: Associació de Terrassa per la III República
La Conferencia Episcopal percibirá a lo largo de 2013, sólo por la
casilla que los contribuyentes pueden marcar en su declaración del IRPF,
alrededor de 280 millones de euros. Pero eso apenas son las migajas del
trozo que a la Iglesia le corresponde del suculento pastel de los
Presupuestos Generales del Estado. Si se tienen en cuenta todas las
subvenciones y bonificaciones fiscales, el privilegiado
tratamiento que España concede a la religión católica tiene un impacto
en las cuentas del Reino cercano a los 11.000 millones, el 1% del PIB, según diversas fuentes consultadas.
Aunque esa apreciable suma de dinero sale del bolsillo de todos, la Conferencia Episcopal no suele informar periódicamente a la opinión pública sobre su destino,
salvo en líneas generales y sólo por lo que se refiere a la asignación
tributaria. De hecho, la última memoria que está a disposición de los
interesados en su página web data de 2010. Pese a ello, el portavoz de
los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, manifestó recientemente a la
prensa que "la transparencia es un modo ordinario de funcionamiento en
las cuestiones económicas de la Iglesia".
El dinero que recibe de la asignación tributaria cuadruplica la subvención a partidos y sindicatos
Por otra parte,
los medios de comunicación que controla el episcopado llevan tiempo
embarcados en una campaña contra el uso opaco que hacen de las
subvenciones, en particular, los partidos políticos y los
sindicatos. Esas subvenciones, en cualquier caso, son bastante menores
que los fondos obtenidos por la jerarquía católica a través de la
asignación tributaria y que sirven para cubrir su actividad ordinaria.
La subvención estatal a los partidos depende de los resultados
electorales y el año pasado rondó los 53 millones. La de los sindicatos
no llega a la mitad, según datos oficiales.
Vías de financiación
Un informe de la entidad laicismo.org sostiene que la principal vía de financiación de la Iglesia son los conciertos educativos,
que en 2012 costaron a las arcas públicas del orden de 3.900 millones
de euros, con los que se mantienen 2.400 centros privados. La compensación por la asistencia sanitaria
prestada en sanatorios, orfanatos, dispensarios y asilos se aproxima a
los 2.700 millones. El tercer capítulo por su cuantía es el dedicado a
la conservación de las 103 catedrales y los 280 museos propiedad de la Iglesia, con un montante de 700 millones de euros.
El
resto del dinero hasta 8.500 millones en números redondos corresponde a
los salarios de los profesores de religión, al pago de los capellanes
que siguen prestando sus servicios en las cárceles, en los hospitales,
en las universidades y en las fuerzas armadas, a las ayudas para la
celebración de eventos como la Jornada Mundial de la Juventud y a las
transferencias que reciben las dos grandes ONG católicas: Cáritas y
Manos Unidas. El culto y el clero ordinario se sufragan con cargo a los
280 millones de euros de la asignación tributaria.
Beneficios fiscales
El ahorro que suponen los beneficios fiscales es más difícil de calcular: laicismo.org lo
cifra en unos 2.500 millones anuales, mientras que un estudio de la
Fundación Primero de Mayo lo rebaja hasta 700. Una buena parte procede
del IBI, que no recae sobre los lugares de culto (templos, capillas,
conventos), ni sobre oficinas parroquiales, seminarios o universidades
eclesiásticas. La vigente ley de Haciendas Locales y la jurisprudencia
permiten que también se acojan a esa exención los centros de enseñanza
de carácter religioso sujetos al régimen de conciertos.
La Iglesia se ahorra anualmente 2.500 millones en impuestos
La Iglesia está exenta del IRPF,
salvo si los rendimientos proceden de explotaciones económicas o
ganancias de capital; así como de los impuestos de Sucesiones y
Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales, cuando se trata de bienes
destinados al culto, a la sustentación del clero y al ejercicio de la
caridad. Contra la opinión de la Comisión Europea, tampoco le afectaba
el IVA hasta 2006, lo que suponía una merma de recaudación para el
Estado de 25 millones de euros anuales.
Todas estas ventajas, que
no disfruta ni de lejos ninguna otra confesión religiosa, quedaron
consagradas en un acuerdo entre España y la Santa Sede firmado en 1979,
poco después de que se aprobara la Constitución. Desde 2006, la
Conferencia Episcopal tiene la obligación de elevar al Gobierno un
informe anual con el destino dado a la asignación tributaria, que sin
embargo no se hace público. "Lo tienen las
instituciones competentes", dijo hace poco el portavoz de los obispos.
Cuando entre en vigor la ley de Transparencia, en la que se ha incluido a
la Iglesia, mantener la opacidad no le será tan fácil.
La Plaça del Vapor Ventalló va acollir ahir a les 19 hores la
presentació del Procés Constituent davant d’un auditori de més de 700
persones, la majoria de peu ja que l’assistència va desbordar
l’organització, tal i com ve sent costum en els actes on és present
Teresa Forcades.
La monja, junt amb Joan Tamayo, advocat i defensor de Drets Humans, i
l’historiador Manel Márquez, van començar l’acte donant les gracies al
públic per la seva presència i van voler fer palès que l’important és el
què es diu, més que qui ho diu, reconeixent el poder de convocatòria de
Forcades.
També van destacar que Terrassa sempre ha estat una ciutat
lluitadora, especialment contra el franquisme, i que ara la societat
torna a necessitar fer pinya i sortir junta a defensar els drets
adquirits “que són nostres tot i que els hem deixat en mans de qui no
n’ha fet un bon ús”.
Per la igualtat i la llibertat
Teresa Forcades va començar el parlament recordant els anys que va
passar treballant a la Mútua de Terrassa abans d’ marxar als Estats
Units a estudiar l’especialitat.
A continuació, la metgessa va explicar que el Capitalisme, des de el
seu naixement amb la industrialització, mai ha defensat la llibertat i
que hi ha hagut qui ha canviat la igualtat per la llibertat, creant així
les diferencies de classe. Per ella però, “no es pot ser lliure fins
que tots siguem lliures aconseguint la llibertat del Poble”.
En aquesta línia també va comentar que des de aleshores, i fa 2
segles, el poder polític i econòmic han anat junts i s’han ajudat,
creant unes lleis proteccionistes que només han beneficiat a uns quants.
Com a exemple va citar el cas de les patents de medicaments i vacunes
“que només beneficia a les farmacèutiques i que, en canvi, deixa morir a
milions de persones”
Entrant de ple en el Procés Constituent, va remarcar els 4 punts més
importants per a ella. Així, va destacar la necessitat de recuperar el
subjecte polític, promovent canvis socials des de baix i la voluntat de
potenciar la diversitat en tots els sentits, ja que “la unitat no vol
dir uniformitat. La uniformitat porta al pensament únic i a la
globalització”. El tercer punt consisteix en engegar el Procés però
sense precipitació, malgrat a Catalunya hi ha un 30% de persones pobres
(ingressos inferiors a la renda mínima) i d’aquests un 12% està en la
misèria. Finalment, creu en la importància de “fer la Revolució per
tornar-la a fer”, és a dir, fer desaparèixer la “passivitat política” i
un cop acabat el Procés, no s’ha de parar i només anar a votar cada 4
anys.
Procés participatiu
Un cop finalitzada la presentació, es va passar a un torn de
preguntes on els assistents van interessar-se per saber com el Procés
Constituent tractaria temes com l’agricultura ecològica; la medicina
natural; els moviments associatius alternatius; o les religions, entre
d’altres. Teresa Forcades va contestar totes les preguntes, deixant clar
però que ho feia a títol personal, ja que el Procés durà al programa
tot allò que les Assemblees dels pobles i ciutats vulguin i que pot ser
diferent del que ella pensa.
El proper 20 de Juny a les set del vespre, totes aquelles persones
que ho vulguin podran assistir al Centre Cívic Mª Aurèlia Campmany a
l’Assemblea constituent de Terrassa.
Cautiverio, tortura y muerte: españoles en Mauthausen. Poco se
habla de lo que no se quiere hablar. La pérdida de memoria, voluntaria o
no, destruye neuronas o las transforma, y de forma paulatina se va
perdiendo la esencia propia y el sentido del ser.
También
ocurre cuando olvidamos conscientemente actos de crueldad humana en la
historia. Es el caso de los recuerdos hacia los compatriotas españoles,
que sufrieron cautiverio, tortura y muerte en los campos de exterminio
de la Alemana nazi.
En el pasado mes de mayo, se han cumplido 68 años desde que se liberó
el macabro campo de exterminio de Mauthausen, por las fuerzas
estadounidenses, en el que miles de españoles republicanos murieron, por
haberse empeñado en defender la libertad en España y fuera de ella. La
dictadura franquista consiguió, durante casi cuarenta años, ocultar
aspectos esenciales de la verdadera historia. Años después, en
democracia, no se han hecho todos los esfuerzos necesarios para dar a
conocer la tragedia de los hombres y mujeres que la sufrieron. Y ahora,
el gobierno de turno con sus voceros al frente, siguen con su afán
revisionista, ocultando la historia.
Cuando terminó la guerra civil española, huyendo de Franco y de la
sangrienta represión fascista, cerca de quinientos mil republicanos
cruzaron las fronteras hacia Europa. Francia los recibió mal y fueron
internados en diferentes campos de refugiados o de concentración. La
derrota francesa llevó a miles de ellos a caer prisioneros del Tercer
Reich, por defender la libertad y luchar contra el nazismo. Todos estos
hombres y mujeres, víctimas de la guerra, sufrieron el régimen cruel de
la dictadura nazi. El gobierno de Franco nunca les reconoció como
conciudadanos, alegando que no existían españoles fuera de España. Hoy,
la derecha reaccionaria española sigue sin reconocerlos.
Quienes abandonaron España en febrero de 1939, procedían de todas las
condiciones sociales, y habían perdido ya toda esperanza de construir
en su país una sociedad moderna y democrática; pero la sed de libertad y
el espíritu de lucha la llevaron a todos los rincones de Europa. De su
convicción y valor dieron muestra miles de españoles, en la «resistencia
francesa», en el ejército o en la «Legión Extranjera». Los primeros
vehículos blindados de la División Leclerc que liberaron París, iban
conducidos por republicanos españoles. El tributo pagado por la búsqueda
de libertad fue muy costoso.
El 6 de agosto de 1940, 470 presos españoles, llegaron en vagones de
carga a Mauthausen. Serian los primeros de los más de diez mil
republicanos deportados a los campos de concentración, de trabajo y de
exterminio nazis (más de 1600 según diferentes fuentes), siendo
considerados como enemigos y apátridas. Fueron marcados con un triángulo
azul, con una «S» de Spanier en el centro. Allí conocieron lo que nunca
podían haber imaginado: trabajos forzados, agotamiento, hambre,
enfermedades, castigos, crueldad y muerte. No eran las únicas víctimas. A
su alrededor, miles de prisioneros padecían su mismo destino (se
calcula en 195.000 prisioneros en Mauthausen entre agosto de 1938 y mayo
de 1945). De los españoles que entraron en Mauthausen solamente dos mil
regresaron a Francia en 1945.
En una segunda fase (después de 1943) los republicanos españoles que
llegaban a Mauthausen eran los detenidos por su actividad en la
resistencia francesa. En total, alrededor de treinta y cinco mil
españoles participaron en la guerra mundial junto a los aliados. Cerca
de siete mil acabaron en el campo de concentración de Mauthausen, que
pronto sería conocido entre los prisioneros como «El campo de los
españoles». Fueron albañiles españoles quienes construyeron ese mausoleo
de terror «cada piedra de Mauthausen representa la vida de un español».
Los trabajos forzados en Mauthausen se realizaban en la cantera de
granito. Una larga escalera separaba el tajo de los barracones. Los
presos, cargados con grandes piedras, subían la escalera diez o doce
veces al día, golpeados por los «kapos» que les empujaban. El 26 de
agosto de 1940, murió el primer español (de los más de 95.000
prisioneros que murieron en ese campo). Sus compatriotas, guardaron el
primer minuto de silencio de los muchos que se producirían durante los
cinco años de cautiverio.
Con el paso del tiempo, algunos pasaron a desempeñar trabajos
especializados como: albañiles, peluqueros, administrativos, sastres,
intérpretes o fotógrafos. Esta situación les ofreció mayores
posibilidades para sobrevivir y ayudar a sus compañeros de presidio.
Accedían a más información y disponían de más autonomía para sostener la
organización clandestina. Cuando en 1942 comenzaron ha llegar
prisioneros de la resistencia francesa y del frente ruso, los españoles
eran veteranos expertos y buenos estrategas en la lucha por la
supervivencia. Repartían medicinas robadas de la enfermería y
redistribuían, entre los más débiles y enfermos, la escasa comida que
les llegaba.
Cuando el Ejército norteamericano entró en Mauthausen el 5 de mayo de
1945, después de cinco largos años, banderas republicanas habían
sustituido a las banderas nazis, y en la puerta del campo, una gran
pancarta decía: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas
libertadoras». Habían muerto en los campos de concentración cuatro mil
cuatrocientos españoles (según la base de datos del Ministerio de
Justicia, sobre los fallecidos en Alemania y Austria).
68 años después, el gobierno de Rajoy, no ha mostrado ningún interés
en participar en los actos de homenaje que en Mauthausen se han hecho en
memoria de las víctimas y asesinados. Resulta llamativo que, mientras
tanto, en un acto de conmemoración de la fundación de la Guardia Civil,
excombatientes «voluntarios de la división azul» en las filas del
ejercito del Tercer Reich, recibieron placas conmemorativas por su
«gesta». Tampoco asistió el gobierno, ni envió representante, a los
actos en el cementerio de Fuencarral de Madrid, en homenaje a los
españoles que lucharon por la libertad de Europa en las filas aliadas en
la «segunda guerra mundial». El color de la ideología del gobierno está
dibujado con su aptitud.
En memoria de cuantos han sufrido cautiverio, tortura y muerte por la libertad, la democracia y la justicia social.
