Es el precio del rescate. El que
nos impone Bruselas. El que servilmente acepta Rajoy. Y eso que no
fuimos nosotros los presionados sino los que presionamos a los
dirigentes comunitarios para que se activara “un rescate sin
condiciones”. Sea como fuere, asistimos a la mayor estafa política desde
la transición democrática, porque no solo se recortan derechos y
prestaciones hasta límites desconocidos; estamos ante un nuevo proyecto
de sociedad desarticulada, insolidaria, atenazada por el miedo, asentada
en principios y valores hostiles con la democracia, incompatibles con
la Constitución. Es un programa de gobierno que surge de una agenda
oculta que no se sometió al veredicto de las urnas.
Cuando el presidente del Gobierno
presentó en el Congreso de los Diputados, su enésimo plan de recortes,
sorprendió su radical contenido antisocial (menos prestaciones para las
personas en paro, drástico recorte salarial y más jornada para los
empleados públicos, que se quedarán sin paga de Navidad, nuevo golpe a
las pensiones, confirmación del recorte a la dependencia, imprudente
subida del IVA, irresponsable bajada a los empresarios de las
cotizaciones sociales), su renuncia a generar actividad económica y
empleo; la fuerte vocación centralizadora y antidemocrática frente a
ayuntamientos y comunidades autónomas; la privatización de las empresas
públicas; y el desmantelamiento del Estado; pero no menos grave fue la
puesta en escena del plan: un presidente sonriente anunciando recortes por doquier mientras la bancada popular aplaudía con entusiasmo.
El tono de su intervención se
vuelve irritante cuando para justificar el plan de recortes se acuerda
de las personas en paro “lo único que realmente me preocupa”. El
dramaturgo británico y amigo de Tomas Moro, John Heywood, ya advirtió
que “es más fácil elogiar la pobreza que soportarla”, una reflexión muy
oportuna para tanto proveedor de ideología conservadora dispuestos a
elevar la impostura a categoría política.
Fraude a la ciudadanía
El 20 de noviembre de 2011 el
Partido Popular ganó las elecciones. Las ganó por mayoría absoluta.
Poco después formó gobierno, echando mano de mujeres y hombres sabios, con largo expediente académico y dilatada experiencia.Transcurridos
siete meses, cabe decir aquello de que no sabían tanto. Su curriculum
apenas sirve para tapar su abrupta ineptitud, y su capitán de barco
navega a la deriva haciendo honor a su pasión por la pereza. Eso sí,
fieles escuderos del liberalismo rampante, no han dudado en poner el
país patas arriba, quebrando la convivencia, arruinando el Estado de
bienestar, subvirtiendo la democracia. Como paradigma del nuevo discurso
corporativo, sustentado en el decreto, ajeno a la participación de la
ciudadanía, y hostil con la democracia, el ejecutivo conservador está
consumando un espectacular fraude de ley, sacándose de la manga un
programa de gobierno que negó tres veces en el proceso electoral. No es
que se sienta incómodo con el ideario que inspira la obsesión por el
déficit o el adelgazamiento del Estado; pero anda perdido por no poder
administrar a su antojo los tiempos de ejecución.
El Ejecutivo de Rajoy se burla de
la democracia, y en esto no conviene frivolizar. Lleva siete meses
gobernando mediante decretos. Ha arruinado el diálogo social y político
–salvo algunos pinitos con Rubalcaba-. Huye como de la peste del debate
de ideas. Acrecienta el poder coercitivo del Estado para tratar de
neutralizar la respuesta social. Impulsa la subalternidad de las
instituciones democráticas. Agranda su figura de marioneta del lobby
conservador europeo. Hace añicos su contrato electoral con la
ciudadanía. Levanta un muro entre la sociedad y la política. Acaricia el
elitismo corporativo en su relación con los grandes empresarios y
banqueros del país. Exhibe un contumaz desprecio por el mundo del
trabajo y los sindicatos. Consolida un modelo discriminatorio de
relaciones sociales. Estimula la comunicación sectárea frente al
pluralismo y la reflexión crítica. Y todo ello va minando el crédito de
la política y la democracia en beneficio de populistas y
ultraconservadores a los que la cultura democrática les sobra.
En este contexto, adquiere una
dimensión singular la propuesta del movimiento sindical de celebrar una
consulta el próximo otoño para que trabajadores y ciudadanas se
pronuncien sobre los sucesivos paquetes de recortes sociales y laborales
que está aplicando el Gobierno. Los sindicatos están cargados de razón
al explicar esta consulta como consecuencia de la estafa que supone
solicitar el voto para un programa y gobernar con otro. Insisto, no
estamos ante una quiebra de su ideario, porque sería tanto como decir
que el PP en el fondo no cree en la desregulación de los derechos y la
inutilidad del Estado. Lo que sucede es que ya no gobierna los tiempos y
entonces precipita la acción ilegítima de gobierno.
Después del verano, por tanto, nos espera un calendario de intensa actividad. De movilización y reivindicación para hacer frente a un plan de agresiones sin precedentes. De movilización y propuesta
para pedir a la ciudadanía el pronunciamiento sobre la política del
Gobierno. Del resultado podría desprenderse la posibilidad de exigir nuevas elecciones porque este Gobierno ya no estaría en condiciones de seguir engañando a la gente.
Luis María González
Fuente: www.nuevatribuna.es
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada