dissabte, 13 de juliol del 2013

La justicia en España es ejemplar: condena a 1 año de cárcel al joven que robó una gallina

Font: Público
  
El animal fue tasado en 5 euros, y la Policía lo recuperó a los pocos minutos. El joven tenía 18 años y tendrá que ingresar en prisión si la Audiencia de Madrid no revoca el fallo.

Robar una gallina en España cuesta, penalmente hablando, 1 año de cárcel. Es la condena que un juez de lo Penal de Madrid, el número 5, ha impuesto a un joven por sustraer un ejemplar de este ave en un patio aparentemente abandonado anejo a una vivienda en la localidad de Las Rozas, pese a que el delito sólo se consideró una tentativa, porque los acusados --el condenado y un menor que le acompañaba-- fueron inmediatamente descubiertos por la Policía y el animal recuperado.

La implacable condena se ha producido pese a que la gallina fue tasada en el proceso judicial en sólo 5 euros, y a que el juez ha estimado la atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción, que estuvo parada por causas ajenas al acusado durante un año y medio, desde mediados de 2011 hasta 2013. Los hechos sucedieron el 17 de diciembre de 2009, cuando el ahora condenado tenía sólo 18 años de edad (hoy tiene 22). 

La sentencia, del pasado 26 de junio, declara probado que a las 13.40 horas del día de los hechos, el joven acompañado por el menor, "con intención de obtener un beneficio económico", trepó por el muro de una finca y se introdujo en un patio interior que comunica con una puerta con una vivienda, "y se apoderó de una gallina". Hicieron el camino de vuelta, saltaron el muro, y en la calle fueron interceptados por agentes de la Policía local de Las Rozas, que les quitaron la gallina.

La Fiscalía y el juez consideran que se trata de un delito de robo con fuerza en las cosas, agravado por haber sido realizado en el patio de una casa habitada.  La defensa desmonta la acusación, ayudándose de fotos, porque el patio y la vivienda están en estado ruinoso y parecen abandonados.

El joven declaró en el juicio que el menor saltó la valla para coger una pelota y que él le esperó sentado en el muro para ayudarle a salir. En ese momento llegó la Policía y luego apareció la gallina al lado de un coche. El juez no le creyó y consideró que fue sorprendido por la Policía en flagrante delito.

La defensa del joven considera la sentencia "ridícula" y la condena "totalmente injusta". Subraya que el patio donde se produjo el supuesto robo de la gallina --que ellos consideran no probado-- se encuentra en estado ruinoso, como demuestran las fotos tomadas a instancias suyas por la Guardia Civil (y que ilustran esta noticia), y que la vivienda aneja está aparentemente deshabitada.

La abogada del joven señaló a Público que ni el acusado ni su acompañante fueron vistos en el interior del patio por la Policía ni por nadie. Todas estas circunstancias se incluirán en el recurso de apelación que plantearán ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra. 

El delito de robo con fuerza en las cosas realizado en el patio de una casa habitada --hasta estos detalles desciende el Código Penal en estos casos--,  está castigado con entre 2 y 5 años de cárcel. Pero cómo fue realizado en grado de tentativa --es decir, que la Policía recuperó la gallina-- debe rebajarse la pena en uno o dos grados. La Fiscalía pidió un año de cárcel. 

El juez, aunque aprecia además la atenuante de dilaciones indebidas, establece esa condena de 1 año de prisión para el joven. La defensa entiende que no ha aplicado correctamente la ley y que debió imponer desde una multa a una pena máxima de 6 meses, aunque ellos piden la absolución porque no comparten los hechos probados.

La abogada alegó subsidiriamente --lo que el juez rechaza-- que el acusado actuó por estado de necesidad, lo que se denomina hurto famélico (para comer), ya que la gallina es un alimento. El joven es de escasos recursos y ha trabajado en su día de repartidor de pizzas. La defensa destaca que, en caso de que se confirme el año de cárcel, debería ingresar en la cárcel por esta causa al menos 4 años después de los hechos, porque tiene antecedentes.

divendres, 12 de juliol del 2013

El Gobierno avala la persecución policial de la bandera republicana

Font: Kaos en la Red

Confirma la expulsión de un estadio de un espectador que enarboló la tricolor, al considerarlo una "alteración del orden público en la grada". 
 

El Gobierno del PP sigue pensando que enarbolar una bandera republicana en un estadio deportivo no es un acto de libertad ideológica y de expresión sino que puede incitar a la violencia y constituir "una alteración de orden público en la grada".

En respuesta al diputado valenciano de IU Ricardo Sixto, el Ejecutivo justifica en esos términos la expulsión de un espectador al inicio de un partido de balonmano entre las selecciones de España y Serbia que se disputó en el pabellón Príncipe Felipe, de Zaragoza, el pasado 21 de enero.

Añade que la Subdelegación del Gobierno en dicha ciudad abrió al ciudadano un expediente sancionador, de acuerdo al artículo de la Ley contra la Violencia en el Deporte que prohibe la exhibición "de pancartas, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia o al terrorismo o que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante". 

Según explicaba Sixto en su pregunta, en el acta de incidencia en espectáculo público que se levantó se recogía que, durante el himno, la exhibición de una bandera republicana provocó una reacción contraria del público que se encontraba más próximo, "produciéndose un acercamiento de varias personas al ciudadano que exhibía la bandera, profiriendo insultos contra él,calificando estos hechos como alteración grave del orden público".

El ciudadano fue expulsado y la bandera retirada por la Policía. Sixto afirma que la reacción de los otros espectadores no fue tal como dice el acta, aunque, si así hubiera sido, debió ser el ciudadano que llevaba la bandera el protegido de los silbidos e insultos de los otros asistentes y no al revés. Además, subraya que quien enarboló la bandera republicana "estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión".

"Exhibir banderas republicanas está amparado por los derechos fundamentales previstos en los artículos 16.1 y 20.1.a de la Constitución, que consagran la libertad ideológica y de expresión", expuso Sixto al Gobierno.

Por todo ello, elevó pregunta al Ejecutivo para saber si tuvo conocimiento de los hechos, cómo valoraba los mismos, por qué no fue protegido el ciudadano que exhibó pacíficamente la tricolor, o por qué no se repuso el orden público supuestamente alterado sin retirar la bandera republicana ni expulsar al ciudadano increpado por otros espectadores.

La respuesta del Gobierno es breve y lacónica. Se limita a señalar que, efectivamente, el pasado 21 de enero, "en el momento de iniciarse, en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, el encuentro deportivo del Mundial de Balonmano entre las selecciones de España y Serbia, un espectador provocó una alteración del orden público en la grada".

Por ello, el coordinador de Seguridad --máximo responsable del mantenimiento de la seguridad durante el desarrollo del acontecimiento deportivo--  "dispuso su expulsión, con el fin de evitar mayores incidentes", y procedió a elevar acta de denuncia y proponer la apertura del expediente sancionador.

Es el segundo incidente relacionado con la bandera republicana y un partido de la selección española de balonmano del que el Gobierno de Rajoy ha tenido que dar explicaciones durante su mandato. Durante un encuentro entre España y Argelia en Alicante, en abril de 2012, sucedió algo similar y la Policía también expulsó al ciudadano que exhibía la tricolor. El Ejecutivo justificó entonces el suceso en que la actitud de quien portaba la bandera podía interpretarse como una incitación a la violencia y una provocación al resto de aficionados españoles.

En aquella ocasión, la Policía estimó que el espectador ondeó la enseña republicana "con gran vehemencia", lo que según el Gobierno "provocó malestar entre el resto de espectadores que animaban a la selección española". En ese contexto, se procedió a expulsarle, se le identificó y se le abrió expediente de sanción.  

Para el Ejecutivo, según subrayaba entonces, "portar una bandera republicana no es un comportamiento que 'per se' incite a la violencia", pero "son las circunstancias en un contexto concreto, como en este caso, las que determinan, a juicio de los agentes responsables de la seguridad del evento, si puede convertirse en un acto de incitación a la violencia".

Otra bandera susceptible de generar violencia según el Gobierno es la independentista catalan, conocida como estelada. En respuesta parlamentaria de hace unos meses, el Ejecutivo manifestó que ondearla, tanto en el fútbol como en otros espectáculos deportivos, puede incitar a la violencia en sectores de aficionados, por lo que está justificado confiscarla en la puerta de los estadios --es decir, en este caso, incluso antes de ser enarbolada-- y prohibir su exhibición si la Policía lo juzga oportuno.

dijous, 11 de juliol del 2013

La Comissió de la Dignitat denuncia el govern espanyol davant la Unesco pels 'papers' de Salamanca

Font: Ara

L'entitat assegura que el ministeri de Cultura posa nous obstacles perquè els documents, la digitalització dels quals ha costat 1.558.195 euros al govern català, tornin als seus legítims propietaris
 
És una història que sembla no tenir final. Altra vegada, la Comissió de la Dignitat ha denunciat l'incompliment de la llei de retorn del 2005. Segons aquesta llei, tots els 'papers' de la Generalitat i de particulars requisats per l'exèrcit franquista durant la Guerra Civil ja haurien d'haver tornat als seus legítims propietaris.  L'entitat ha denunciat que l'actual ministre de Cultura, José Ignacio Wert, va prometre ara fa sis mesos que "completaria" el retorn de la documentació en el termini de mig any. Però les 300 caixes amb 'papers', una cinquantena de documents –cartells, postals, pamflets, làmines...– i 3.000 llibres continuen a Salamanca. Independentment de les promeses de Wert, segons la llei, ja haurien de ser a Catalunya.

La Comissió ha decidit enviar a la Unesco un informe en què denuncia "els incompliments i els entrebancs del govern espanyol", segons ha assegurat el seu portaveu, Josep Cruanyes. "Tota la documentació està digitalitzada i preparada [el govern català hi ha invertit més d'1,5 milions d'euros] però no s'ha transferit, quan, segons la llei, els 'papers' s'han de retornar tres mesos després de ser digitalitzats". Cruanyes també ha criticat els nous obstacles que posa Wert. "Hi ha documentació que ara consideren que no han de retornar, perquè en el moment que es va fer la llei no era a Salamanca, com alguns documents judicials de Companys". El govern espanyol tampoc vol retornar la documentació de 13 ajuntaments –com l'acta en què l'Ajuntament de Moià recull la proclamació de la República– o d'altra relacionada amb la maçoneria. "Potser –ha lamentat Cruanyes– el model de Wert és el de Franco i el senyor Rafael Álvarez Arenas, cap del servei d'ocupació de Catalunya el 1939". El director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Josep Maria Sans i Travé, ha expressat el suport de la Generalitat a les demandes de la Comissió de la Dignitat.

dimecres, 10 de juliol del 2013

Otra España y otra Catalunya son posibles

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 4 de julio de 2013

Este artículo analiza la situación en España, incluida Catalunya, y las posibilidades y estrategia para un cambio.


Estamos viendo claramente en España (y también, por lo tanto, en Catalunya) el fin del periodo iniciado en la transición de la dictadura a la democracia, conocido como el “periodo democrático”. Como resultado del enorme dominio que las fuerzas profundamente conservadoras tenían sobre el Estado español y sus aparatos y también sobre los medios de información, las instituciones llamadas representativas reproducían una visión y una práctica democrática enormemente limitada que determinó una democracia muy incompleta, responsable de un bienestar social sumamente insuficiente. El gran retraso social de España (con el gasto y empleo público en su Estado del Bienestar más bajos de la comunidad de países de semejante desarrollo económico, la Unión Europea de los Quince, UE-15, y con el no reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español) es un indicador de las enormes limitaciones de la democracia española. Esta se ha entendido y promovido por los establishments políticos y mediáticos que dominan el poder en nuestro país, como el proceso de votar cada cuatro años según un proceso electoral muy poco representativo y proporcional, sesgado en contra de las fuerzas reformistas, en un contexto mediático carente de diversidad ideológica.

La respuesta de las instituciones estatales (tanto centrales como autonómicas) a las crisis actuales (financiera y económica) refleja claramente las enormes limitaciones de esta democracia. En realidad, la democracia apenas existe hoy en España. Se están llevando a cabo políticas sumamente impopulares sin ningún mandato popular, pues ninguna de estas políticas estaba en los programas electorales de los partidos gobernantes que las están imponiendo a la ciudadanía. Por lo demás, las fuerzas ultraconservadoras están consiguiendo lo que siempre han deseado, es decir, el desmantelamiento del estado del bienestar y la reducción de los salarios, (en complicidad con las élites gobernantes de la Unión Europea), justificando dichas medidas como necesarias “para recuperar la confianza de los mercados financieros” o “para mejorar la competitividad” u otros argumentos que ocultan el enorme poder de unas minorías financieras y patronales que diseñan aquellas políticas para optimizar sus intereses, con la ayuda de las mal llamadas instituciones democráticas y de las mediáticas que controlan  o sobre las que tienen una gran influencia.

Hoy, demacracia en España, incluyendo en Catalunya, es votar cada cuatro años -en un proceso escasamente democrático- para elegir gobiernos que no cumplen su programa electoral, imponiendo políticas opuestas a las que prometieron. Y la mayoría de la población está hastiada, con la consiguiente pérdida de legitimidad del sistema democrático; hastío que viene incluso más acentuado como resultado de la extendida corrupción, consecuencia del maridaje existente entre el establishment financiero y empresarial con el establishment político y mediático.

¿Cómo se reproduce esta supuesta democracia?

Este sistema escasamente democrático se reproduce a base de una enorme represión, no sólo policial (la cual ha aumentado considerablemente) sino también económica. El elevadísimo desempleo tiene aterrorizada a la población. Existe un temor (diría yo terror) entre la ciudadanía a perder su puesto de trabajo, terror que el mundo empresarial aprovecha para bajar los salarios, empeorar las condiciones de trabajo, anular los convenios colectivos y debilitar y demonizar los únicos instrumentos que las poblaciones trabajadoras tienen a su alcance: los sindicatos.

Este terror es un campo fértil para que cuajen los mensajes que llegan a la ciudadanía a través de los medios, que están altamente controlados (muy en especial por la banca, que les presta el dinero que los tiene endeudados). Junto a la represión, la información (mejor dicho, desinformación) es el mecanismo por el cual el sistema de poder y sus instituciones se mantienen y reproducen. Se crea así una imagen de inevitabilidad de las políticas públicas que dañan a las clases populares, insistiendo en que “No Hay Alternativas”, el mensaje que ha sido promovido con más intensidad por los medios de mayor difusión. Es precisamente la falta de diversidad ideológica de los medios (que excluyen sistemáticamente la abundante evidencia que muestra lo contrario) lo que permite que estos mensajes, claramente ideológicos, se presenten como “científicos” o “razonables”.

La realidad, sin embargo, siempre termina imponiéndose. Y el gran fracaso de estas políticas de recortes y de reformas laborales regresivas (que intentan exitosamente bajar los salarios y destruir empleos) en conseguir lo que se presentaba como su objetivo –la recuperación económica- está mostrando su falsedad, apareciendo con intensidad detrás de ellas los intereses financieros y económicos que las promocionan.

Las revueltas populares

El movimiento 15-M fue un soplo de aire fresco que se está convirtiendo (a través de los distintos movimientos que lo componen) en un vendaval. Su gran impacto ha sido debido, precisamente, a su radicalidad, es decir, el ir directamente a la raíz de los problemas en España: la falta de democracia. Su “no nos representan” y su “no hay pan para tanto chorizo” (entre otros muchos otros eslóganes) iban directamente al grano y contaron y cuentan con gran apoyo y simpatía popular, de los que derivan su gran poder e influencia. Y este movimiento está teniendo un impacto radicalizador en los instrumentos tradicionales de las izquierdas tales como partidos políticos y sindicatos. Entre estos movimientos en Catalunya está el movimiento llamado “para un proceso constituyente” (“per un Procés Constituent”).

Una característica común de estos movimientos es una protesta frente a esta estructura de poder, que controla las instituciones llamadas representativas para optimizar sus intereses. Dicha estructura está asfixiando la democracia en España. Como bien ha señalado el 15-M, “Su democracia no es nuestra democracia”. Y “su España no es nuestra España”. Y “sus símbolos no son nuestros símbolos”. Su atractivo es su radicalidad, no solo en sus análisis sino también en sus medios. “No os dejaremos dormir, si no nos dejáis soñar” transmite un mensaje contestatario de un reformismo radical. Y por soñar se entiende diseñar y llevar a cabo una alternativa al sistema ademocrático y, en muchas dimensiones, antidemocrático que existe en España.

La definición del futuro deseable

La protesta, sin embargo, no es suficiente. Se  requiere diseñar alternativas al sistema democrático actual con el desarrollo de una estrategia sobre cómo alcanzarlas. De ahí la necesidad y urgencia de encontrar puntos de acuerdo entre los distintos movimientos sociales contestatarios para que se pueda ir creando un movimiento político socialreunido alrededor del consenso sobre un programa que refleje el tipo de sociedad que se desea, con suficiente especificidad, y que cuente, punto por punto, con amplio apoyo popular. Y en contra de lo que pudiera parecer, este proyecto, conceptualmente, debería ser fácil, pues un simple análisis de la mayoría de los movimientos sociales, así como de los partidos políticos de izquierda y de los sindicatos, muestra que los puntos en común son mucho más abundantes que los puntos de separación. La dificultad radicará en los comportamientos corporativos de las élites dirigentes de estos instrumentos de las clases populares, que desearán enfatizar su propia identidad sobre el proyecto común. Pero es ahí donde el movimiento político social debería movilizar a las clases populares, incluyendo también a las bases de esos partidos y sindicatos (que deberían ser uno de los componentes de ese movimiento, sin liderarlo), a fin de presionar para que se desarrolle un programa consensuado por todos sus componentes.

La respuesta del establishment a las revueltas populares

Ni que decir tiene que ya existe un intento por parte de los establishments políticos y mediáticos de desacreditar ese movimiento. Y el intento que se reproduce con mayor frecuencia es aquel que presenta dichos movimientos como bienintencionados pero “no realistas”, “utópicos”, o “algo irrealizable”. Ese sentimiento, sintetizado en la frase de que “son buena gente pero no tienen los pies en la tierra” traduce este intento de desmerecer el enorme potencial de cambio que ofrecen tales movimientos. “No tener los pies en la tierra” es el código utilizado por las fuerzas conservadoras de todos los colores para señalar que aquellos movimientos no aceptan las estructuras de poder que los establishments consideran inalterables.

Por ejemplo, la petición del proceso constituyente en Catalunya de la expropiación de la banca privada (que se caracteriza por su carácter especulativo) y la defensa de la banca pública se desmerece como poco realista, aún cuando la experiencia muestra que la primera nos ha conducido al desastre de la falta de crédito y la segunda, cuando ha existido en condiciones reguladas, ha dado mejores resultados que la banca privada. O cuando se pide el fin de los salarios bajos y de los recortes, se responde ridiculizando esta petición como contraria a lo que la ciencia económica aconseja, cuando en realidad toda la evidencia científica muestra precisamente lo contrario. O cuando se pide democracia participativa, expandiéndola mediante el poder de decisión a través de referéndums vinculantes tanto a nivel central como autonómico y local, se niega su posibilidad considerándola anticonstitucional, idealizando una Constitución que fue resultado de un gran dominio de las fuerzas conservadoras en el proceso de transición. Y así un largo etcétera.

Otra España y otra Catalunya son posibles

Existe una gran agitación social en España, incluyendo Catalunya, frente a esta España oficial, frente a los establishments políticos y mediáticos y frente a los poderes financieros y económicos que los instrumentalizan. Nunca antes, durante el periodo democrático, había habido mayor nivel de movilización, con gran descrédito de las instituciones del Estado y pérdida de su legitimidad. Para millones de españoles, esta España oficial no es su España, y para millones de catalanes, esta Catalunya oficial tampoco es la suya. Lo que se requiere es que estas distintas movilizaciones sectoriales converjan hacia una movilización política (que no quiere decir crear un nuevo partido político) que demande y exija el desarrollo de otra España y de otra Catalunya que sean auténticamente democráticas, con amplia participación de la ciudadanía en la gobernanza del país, tanto a nivel central como autonómico y local, a través de fórums de democracia directa -tales como referéndums vinculantes- o con formas de democracia indirecta o representativa basadas en un sistema electoral auténticamente proporcional y con plena diversidad ideológica en los medios (hoy prácticamente inexistente).

Democracia es poder de decisión de la ciudadanía a todos los niveles del Estado y que, como reconocimiento del carácter plurinacional de España, este poder pueda ejercerse por todos los pueblos y naciones de este país. Por último, como condición para eliminar los obstáculos que empobrecen la democracia, se requieren políticas públicas redistributivas que terminen con la enorme concentración de las rentas y riquezas que convierte a España en el país más desigual de la UE-15. Esta desigualdad es causa y consecuencia de nuestra limitadísima democracia.

dimarts, 9 de juliol del 2013

Un juez y la Falange, contra la libertad de expresión

Font: La Lamentable

Carlos Jiménez Villarejo
Ex fiscal Anticorrupción

Volvemos a encontrarnos con otra muestra de la presencia del franquismo en la magistratura. Hace unos meses, un articulista de ELPLURAL.COM, Gerardo Rivas, hacía una referencia a Falange Española de las JONS como una organización “con un amplio historial de crímenes contra la humanidad”. Esta afirmación es un hecho histórico más que acreditado e incontrovertible. Pues, pese a ello, la Falange presentó una querella criminal contra dicho colaborador por un delito de injurias graves del Art. 208 del Código Penal. Y, lo que es muy grave y reprochable, es que el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid- en un Auto carente de toda motivación y, por tanto, de justificación- la haya admitido a trámite y que el articulista esté citado a declarar como imputado. Una verdadera aberración jurídica y gravísimo ataque a la libertad de expresión.

Como hemos dicho, la  activa, plena y continuada participación de Falange en el genocidio franquista es una realidad histórica. Así lo acreditan desde hechos concretos hasta valoraciones históricas más globales. Entre los primeros, cómo “una milicia de Falange”, en 1936, asesinó a sangre fría a treinta y cuatro hombres en Zaragoza. (1) Y los análisis más recientes de Julián Casanova sobre “la radicalización  que el fascismo aportó a los proyectos y prácticas contrarrevolucionarias, su potencial totalitario, la pureza y exclusivismo ideológico y la experiencia de la guerra de exterminio… desde julio de 1936…”. (2) O, entre otros muchos, los análisis de Paul Preston sobre “el terror-actos de robo, tortura, violación y asesinato-ejercido por los falangistas…” (3) en distintos puntos de la geografía española, son suficientemente elocuentes de la veracidad de las afirmaciones del periodista injustamente perseguido.

En el propio Auto, de 16 de Octubre de 2008 (Sumario 53/2008) del juez Garzón, se hace constar que la realidad dramática de las desapariciones forzadas- desde el 17 de julio de 1936 a diciembre de 1951-se tradujo en la cifra de 114.266 personas. Y en diferentes momentos de dicha Resolución se hace referencia a la participación en ese sistema de represión de “estructuras paramilitares como la Falange” y a la “estructura paramilitar conocida como Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a cuyo frente estaba el Generalísimo Francisco Franco, y que estuvo presente en todo momento en la represión desplegada”. Consecuentemente, entre las Diligencias acordadas se encontraba reclamar la identificación de los “máximos dirigentes de la Falange Española” durante el periodo indicado para“acordar lo necesario sobre la imputación y extinción, en caso de fallecimiento, de la responsabilidad penal”. La juez de Instrucción debe saber que los historiadores, los citados y muchos más, nunca han sido perseguidos por esta causa y que por las resoluciones mencionadas y otras similares, el juez Garzón fue absuelto.

Para la catalogación de los crímenes contra la humanidad, nada mejor que retomar su definición por el juez Garzón en el Auto anterior: “La categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental: que estas conductas agreden en la forma más brutal a la persona como perteneciente al género humano en sus derechos más elementales como la vida, la integridad, la dignidad y la libertad, que constituyen los  pilares sobre los que se constituye una sociedad civilizada y el propio Estado de Derecho”.

Exactamente, esta fue la posición y la conducta adoptada por Falange desde la sublevación militar y la posterior dictadura. ¿Cómo pueden tener la osadía y desfachatez de invocar ahora una supuesta “dignidad” ofendida de quienes participaron consciente y activamente en el exterminio impuesto por el franquismo?

En el conflicto, ya histórico, entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor -que incluye la persecución del delito de injurias- la jurisprudencia constitucional ha diseñado un modelo donde prima el primero de ellos en cuanto fundamento básico de la sociedad democrática con ciertas limitaciones que, en este caso, no concurren. Los juicios históricos, la crítica política, no pueden en ningún caso generar una calificación penal. Y menos aún, cuando, además de ser veraces, los destinatarios de dicha crítica no solo atropellaron la dignidad de tantos miles de personas sino que además contribuyeron a impedir durante cuarenta años su justa reparación.

Por tanto, carecen de todo derecho a una “fama” y a  una “propia estimación” de la que carecen, personal y públicamente, y que, en ningún caso,  pueden exigir porque actuaron, como vencedores de la guerra civil, de forma cruel, inhumana y, en cualquier caso, delictiva.

Así lo hizo la STC 39/2005, entre otras, que entendió que aquel derecho opera como instrumento de participación política y, en consecuencia, debe reconocérsele una mayor amplitud que al derecho al honor ya que garantiza un bien jurídico fundamental cual es la formación de una opinión pública libre. Derecho, por ello,  “especialmente resistente” a  restricciones que podrían justificarse en otros ámbitos. Máxime, cuando el destinatario de la crítica es o ha sido, como en este supuesto, sujeto con responsabilidades políticas.

Ante esta interpretación democrática de los delitos contra el honor resulta sorprendente,  cuestionable y rechazable la posición del Juzgado nº 37 de Madrid, que, además, expresa objetivamente un evidente menosprecio a las incontables víctimas de la Falange Española.

_________________
(1) “Cunetas”, de La obra del miedo. Gutmaro Gómez Bravo y Jorge Marco, Editorial Península. 2011. pg. 120.
(2) España partida en dos. Julián Casanova. Editorial Crítica. 2013. Pg. 147.
(3) El Holocausto Español. Editorial Debate. 2011. Pgs. 283 y otras.

diumenge, 7 de juliol del 2013

Ja s'han obert les inscripcions per a participar a la 6ª Cursa i Caminada Lluís Companys

Ja ens podem inscriure per participar el proper 6 d'octubre a la Cursa i Caminada Lluís Companys, en homenatge a la Olímpiada Popular de Barcelona de 1936.

Les inscripcions es fan des de la web:
www.cursacompanys.cat



dissabte, 6 de juliol del 2013

La silenciada lucha de clases

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 2 de julio de 2013

Este artículo analiza el impacto que las políticas públicas neoliberales han tenido en la distribución de las rentas en España, mostrando que las rentas derivadas del capital han crecido desorbitadamente a costa de las rentas del trabajo. El artículo señala como esta realidad queda ocultada por el silencio en la narrativa de los establishments políticos y mediáticos, que vetan el uso de categorías analíticas como clase social y lucha de clases.

¿Existe la lucha de clases? En realidad, muchos se preguntarán incluso si existen clases sociales. Algunos columnistas ultraliberales que gozan de grandes cajas de resonancia en los medios públicos y privados de Catalunya incluso han llegado a ridiculizar el mero concepto de clase social. En realidad, términos como burguesía, pequeña burguesía o clase trabajadora casi nunca aparecen en las páginas de los medios de mayor difusión. El único término que se utiliza en tales medios es el de clase media, donde, por lo visto, la mayoría de la ciudadanía se encuentra. En esa estructura social, la población se divide en ricos, clase media y pobres. Esta definición de la estructura social refleja, por cierto, la enorme influencia en España de la cultura dominante en EEUU, donde términos como burguesía o clase trabajadora nunca se utilizan. Son parte del lenguaje prohibido. En aquel país, el término clase media se utiliza para definir clase trabajadora. La americanización de la cultura política y mediática de España (fenómeno masivo que considero muy preocupante) se traduce, así, en la americanización del lenguaje.

Y en este nuevo lenguaje, el concepto de lucha de clases aparece también en España como anticuado. Ya nadie lo utiliza. ¿Por qué? Por la misma razón por la que está en la práctica prohibido en EEUU. La enorme influencia de la clase dominante, es decir, de la clase capitalista (término que es considerado más que anticuado; se define casi como blasfemo) aparece en una cultura en la que el  lenguaje de clases y lucha de clases no existe. Este es uno de los mayores indicadores de aquel dominio de clase. El mero concepto de clase desaparece. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país.

Y, sin embargo, continúa existiendo lo que Noam Chomsky, en la introducción al libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España (de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón) ha definido acertadamente como la guerra de clases unilateral, es decir, la agresividad que se ve y se palpa en bases diarias de la clase capitalista en contra de la clase trabajadora y de las clases medias, que juntas suman la gran mayoría de la población, las clases populares. Es lo que en lenguaje anglosajón radical (del Occupy Wall Street Movement) se llama la lucha del 1% de la población (los súper ricos, que junto con otro 9% constituyen los establishments financieros, empresariales -de las grandes corporaciones-, mediáticos y políticos que dominan las instituciones mal llamadas representativas del país) contra la gran mayoría de la población. En esta “guerra de clases”, la lucha de la burguesía en contra de la clase obrera se ha ampliado y redefinido para pasar a ser la lucha de una minoría –las elites financieras y de las grandes corporaciones que controlan la actividad económica del país- ayudada por las elites mediáticas y políticas, frente a la gran mayoría de la población (el 90%).

No hay manera más fácil de demostrar que España tiene clases sociales que mirar a nuestro alrededor, observando dónde vive la gente, cómo vive y cuándo muere. Cojan ustedes un taxi y conduzcan por los barrios de Barcelona. Verán ustedes que hay claramente barrios burgueses, barrios pequeño burgueses, barrios de clase media y barrios de clase trabajadora, que a su vez pueden diferenciarse entre clase trabajadora cualificada y clase trabajadora no cualificada. Verán fácilmente que no es cierto que todos los barceloneses vivamos en barrios de clase media. Y verán también como el tipo de comercio va orientado a distintas clases sociales. Y si miran las tasas de mortalidad verán que siguen un gradiente según su clase social, de manera que en España un burgués, como promedio, vive diez años más (sí, diez años más) que un trabajador no cualificado en paro crónico.

¿Existe lucha de clases?

Una manera fácil de verlo es analizar la distribución de las rentas en el Estado español hoy. Estas, las rentas del país, derivan bien de poseer capital (tal como acciones bancarias u otros bienes que generan dinero) o del trabajo, es decir, de los salarios y otras rentas asociadas al trabajo. La gran mayoría de la ciudadanía consigue sus rentas a partir de su trabajo. Solo una minoría (muy minoría) deriva sus rentas del capital.

Pues bien, analicemos cómo han ido evolucionando estos dos tipos de rentas en España. Si las rentas estuvieran distribuidas proporcionalmente a como se distribuye la población, las rentas del capital serían un porcentaje del total de rentas muy bajo, pues los capitalistas –que obtienen sus rentas de la propiedad del capital- son un sector muy pequeño de la población. Pero en realidad, debido a la mala distribución de las rentas a favor del capital (es decir, de los capitalistas) a costa del mundo del trabajo (incluido usted lector y yo, puesto que deduzco que los capitalistas no me leen), observamos como las rentas del capital alcanzaron más del 40% de las rentas totales. Y las rentas del trabajo oscilaron alrededor de un 50% (hay un 10% que procede de otras fuentes) durante los últimos treinta años.

Esta cifra ya le da a usted una idea de quién tiene más poder en España. Por cierto, que España es uno de los países de la UE-15 donde las rentas del capital son más altas, y por lo tanto donde las rentas del trabajo son más bajas. El poder del capital sobre el Estado explica que las rentas del capital se gravaran mucho menos que las rentas del trabajo. Incluso el Banco Central Europeo (que es una institución de las más conservadoras que hay en el establishment conservador que gobierna la Eurozona) ha indicado que los beneficios de las grandes empresas en España son demasiado altos en comparación con otros países de la Eurozona.

Pero, por si fuera poco, las políticas neoliberales (que son las políticas promovidas por el capital en los medios y en las instituciones llamadas democráticas) han ido acentuando todavía más esa polarización, de manera que este año las rentas del capital, por primera vez desde que se recogen datos sobre la distribución de las rentas, han sido mayores (46%) que las rentas del trabajo (45%). La situación no podía haber ido mejor para los capitalistas. Aunque usted no lo sabrá puesto que no aparecerá en los medios de mayor difusión, donde usar la palabra “capitalista” es anticuado, y hablar de “lucha de clases” es “demagógico”. ¿Se da cuenta usted, lector, del significado que tiene que a un lenguaje se le fuerce y margine para que aparezca como anticuado? Y mientras tanto la lucha de clases ha alcanzado un nivel de hostilidad sin precedentes. Excepto en la mal llamada Guerra Civil, que fue una lucha de clases de primera magnitud, realizada por medios militares, no habíamos visto una lucha con semejante agresividad. Llevada a cabo ahora por el gobierno más reaccionario que España (ver “El gobierno Rajoy, el más reaccionario de la eurozona”, El Plural, 01.07.13) ha tenido desde el establecimiento de la democracia, se están recortando derechos laborales, sociales, civiles y políticos con una hostilidad que justifica la definición de “guerra de clases” que utiliza Chomsky. La única alternativa a esta situación es que esta guerra sea bilateral y que la mayoría de la ciudadanía, que deriva sus rentas del trabajo, se rebele por todos medios (siempre y cuando no sean violentos) a fin de parar/revertir aquella agresividad. Nunca olvidemos lo que se nos quiere hacer olvidar: que Franco murió en la cama pero la dictadura murió en la calle. Hoy estamos al final del periodo que se inició con aquella Transición de la dictadura a la democracia, una Transición profundamente inmodélica que nos dio una democracia profundamente limitada y un bienestar sumamente insuficiente. Hoy se requiere una segunda Transición que permita el paso a una democracia completa y a un bienestar social que responda a las necesidades de las clases populares (que son la gran mayoría de la ciudadanía), revirtiendo y cambiando la enorme concentración de las rentas y de la riqueza en España que están corrompiendo la democracia subdesarrollada que existe en este país.

divendres, 5 de juliol del 2013

Carme Casas: "¿Os dejaréis comer por la situación?"

Font: El Periódico

La luchadora antifranquista y militante del PSUC, de 92 años, insta a la movilización ciudadana en un vídeo

 


Carme Casas es una luchadora de 92 años. Sus ideales la llevaron al exilio y a la cárcel durante la dictadura franquista. Ahora, en plena crisis y en un contexto de retroceso en materia de derechos sociales, insta en un vídeo a la movilización ciudadana.

"Se debe abrir los ojos a los compañeros de trabajo, a la familia, a los vecinos y amigos. ¿Qué haréis?¿Os dejaréis comer por esta situación?", se pregunta Casas, que apela al sentido de la responsabilidad y pide que no se hagan "barbaridades".

En un tono combativo, que recuerda a José Luis Sampedro y a Stéphane Hessel -ambos fallecidos este año-, Casas explica: "Hay gente que ha perdido el trabajo, tiene miedo y no hará nada". La activista, que opina que ni el Gobierno ni la derecha "nos ayudarán", acaba el vídeo asegurando que "hay que luchar por las cosas por las que se debe luchar".

Una mujer comprometida

Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas de Catalunya y posteriormente del PSUC, Carme Casas tuvo que exiliarse en 1939, al final de la guerra civil. En Francia pasó por varios campos de concentración y sufrió la persecución nazi.

Bajo el nombre de Elisa, regresó a España en 1943 para organizar el movimiento que, con ayuda internacional, quería acabar con el franquismo. La ayuda nunca llegó y Casas fue encarcelada durante dos años en Madrid, acusada de comunista y por organización ilegal. Su marido, Leandre Saún, también miembro del PSUC, pasó 15 años en la prisión de Zaragoza.

Casas -que vive en Tarragona- también militó en CCOO, en ICV y fue una de las fundadoras de la entidad Dones del 36, integrada por supervivientes de la guerra civil.

dijous, 4 de juliol del 2013