Por Esther López Barceló y Alberto Garzón Espinosa
(publicado en eldiario.es)
Vivimos en un Estado que tolera la impunidad de crímenes de lesa
humanidad entre sus muros de silencio. Los ciudadanos sufrimos
impotentes cuando escuchamos las historias que conforman la criminal
trata de robo de bebés que se produjo en España entre los años 40 y los
años 90. Y, sin embargo, este Estado, a través de sus diferentes
gobiernos, intenta hacernos creer que no puede hacer más que lo que
hace: transmitir compasión y lástima.
Pero nosotros tenemos la obligación moral de denunciar que
precisamente este Estado es responsable y cómplice, por su falta de
voluntad política, de aquella trama creada y organizada por motivos
ideológicos en pleno franquismo. Trama que continuó hasta los años 90
convertida en un oscuro negocio.
Es curioso. Este mismo Estado que se preocupa y legisla para
arrebatar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo a las mujeres, se
despreocupa a su vez de aquellos bebés que les fueron arrebatados a
miles y miles de familias. A veces incluso es peor, como cuando emite
comunicados y notas de prensa de contenido ambiguo que generan vanas
esperanzas entre las víctimas. Sin embargo, nunca concretan ni una
solución real que permita, por ejemplo, la creación de un banco de ADN
que sea la base angular en la posibilidad de reencuentro de las
familias. Algo que ya existe en otros países como Argentina y Guatemala.
Cuando se aprueban iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión,
como por ejemplo ha sucedido recientemente en Les Corts del País
Valenciá, el resultado final es una declaración vaga y ambigua en la que
queda neutralizada la sustancia de la iniciativa. Además, también el PP
votó en contra de la petición de una comisión de investigación sobre el
tema. Precisamente por esa razón se explica que, a pesar del trámite
institucional, meses después la única resolución concreta sobre el tema
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana corresponda a la
aprobación de una partida económica destinada a la Casa Cuna Santa
Isabel de Valencia, una entidad religiosa bajo sospecha de pertenecer a
la trama. Para más inri dicha resolución se produjo el mismo día en que
un juez admitía a trámite las denuncias de veinte víctimas de este
lugar.
Sin duda no estamos ante un problema de inviabilidad técnica sino
ante la falta de voluntad política para atreverse a desentrañar una
madeja molesta y perversa que envuelve los apellidos de notables
personajes de la actualidad y que, evidentemente, obligarían al Estado a
“topar” frontalmente con la Iglesia. No olvidemos que ésta es
responsable y propietaria de la mayoría de clínicas y hospitales en los
que miles de niños y niñas nunca nacieron. Aprovechamos para contar aquí
una historia de tantas miles. Un caso que hicimos también público,
manteniendo el anonimato, en un reciente debate en Les Corts.
Corre el año 1966 en el País Valenciá cuando una mujer tiene un parto
de mellizas en el Hospital Clínico de Valencia. Al día siguiente
proporcionar mayor información le dicen que una de sus hijas ha
fallecido. El hospital, generosamente, declara hacerse cargo del duro
proceso consiguiente. Años más tarde la hija que sobrevive empieza a
dudar de la versión oficial y comienza una investigación para tratar de
atar cabos. Sin embargo, la joven se encuentra con que en el hospital no
existe la historia clínica ni de su madre, ni de ella ni de su otra
hermana supuestamente fallecida al nacer. De la misma forma tampoco en
el registro civil se encuentra documentación de nacimiento. En ninguna
parte queda constancia de aquel oscuro proceso, y sólo persiste la duda
sobre lo que pudo haber sucedido realmente.
Es cierto que la Justicia actúa de oficio, pero en la mayoría de las
ocasiones se archivan los casos por falta de documentación. Una
documentación que, por norma ha sido falsificada, ocultada
deliberadamente o directamente destruida. Sin embargo, esta
documentación es fundamental para que la Justicia, a la que se deriva
toda la responsabilidad, actúe. Pero las administraciones no hacen nada
para garantizar que aparezca.
En nuestra opinión se debería legislar en favor de esclarecer estos
casos y garantizar, gracias a ello, el derecho a saber de los adoptados
irregulares. Y, además, el Estado debería actuar para evitar la opacidad
que caracterizan a las organizaciones religiosas que gestionaron en su
momento las clínicas sospechosas de realizar estas prácticas.
Desgraciadamente para la imagen de nuestro Estado, la mirada de estas
víctimas se ha vuelto directamente hacia Argentina, donde la esperanza
está depositada en la querella que prepara contra el Estado español una
juez federal argentina por los crímenes contra la humanidad cometidos
durante la dictadura franquista. Es lamentable que la Justicia, una vez
más, haya que esperarla desde el extranjero, aunque a veces se sienten
positivos precedentes como el de la Audiencia Provincial de Madrid que
ha resuelto que el delito de robo de niños no prescribe. Pero
desgraciadamente la situación general no hace sino dar la razón a
aquellos que aseguran que lo dejaron todo, aquí en nuestro país, “atado y
bien atado”.
¿Quién busca a los niños robados del franquismo y de los años
posteriores a la transición? Las familias y las víctimas están en
absoluta soledad porque el Estado español no es quien los busca ni quien
ayuda a que se haga. Esperemos que la movilización social, que está
poniendo en entredicho el llamado proceso de transición española, junto
con la presión internacional puedan hacer que por fin se pueda pasar la
página, con dignidad, de la reciente y negra historia de España.
Nosotros seguiremos luchando para que así sea.
