Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 30 de mayo de 2013
Este artículo señala el impacto
negativo que la existencia de la Monarquía implica para la cultura
democrática del país. El caso del yerno del Rey es un claro ejemplo de
ello.
La ideología imperante dentro de los
sistemas democráticos actuales es la que sostiene que el orden social
está basado en el mérito. Tal discurso sostiene que, siempre y cuando la
movilidad y permanencia social se base en el mérito de cada persona,
tal orden social es justo. Las políticas públicas derivadas de esta
ideología están orientadas a dar a cada ciudadano las mismas
oportunidades de poder acceder en la jerarquía meritocrática. Como ya he
escrito en otra ocasión, tal ideología está perdiendo credibilidad
rápidamente al verse cada vez más claramente que el mérito no es la
variable explicativa del ascenso social (ver artículo “El fin de la mal
llamada meritocracia”, publicado en El Plural, 28.07.12). Y ello alcanza
mayor expresión en la monarquía, donde los miembros y la Corte de la
Casa Real están en la cúspide del orden social por nacimiento, no por
mérito, dándose así la paradoja de que el Jefe del Estado, que
representa a la ciudadanía, no es, en realidad, representativo de la
población, pues está en la cúspide, no debido a su mérito, sino a su
nacimiento. Es más, tal carencia de representatividad (es decir, que no
es un ciudadano más, sino un ciudadano que por nacimiento está por
encima de todos los demás) se presenta como parte de su valor y mensaje.
En el protocolo monárquico, el Rey llama a todos de tú, pero todos
deben llamarle de usted.
El impacto simbólico de esta realidad es
enorme. Se establece así una casta o grupo real cuyos comportamientos
están por encima de todos los demás. Y así es percibido por el resto de
la ciudadanía. De ahí que las prácticas del caso del yerno del Rey sean
tan entendibles. Las autoridades daban por supuesto que tenían que
ofrecer dinero al yerno real. El servilismo incluía una dimensión
monetaria. Y los medios consideraban que tenían el deber proteger al
Monarca y al sistema monárquico haciendo la vista gorda. El yerno mismo y
su esposa, la Infanta, se beneficiaron monetariamente de su posición de
superioridad, lo cual consideraban normal.
En realidad, lo que es más llamativo del
caso del yerno del Rey no fue que intentara utilizar sus títulos para
obtener el máximo número de ingresos, incluyendo medios posiblemente
ilegales, sino el enorme número de autoridades públicas que consideraron
normal transferirle fondos, y ello como medio de conseguir posibles
favores o caer bien con el Jefe del Estado, el Rey.
Que este sistema es profundamente nocivo
para el sistema democrático en España queda bien reflejado en la
movilización casi inmediata tanto del sistema jurídico (una de las ramas
del Estado más conservadoras, a la que, en teoría, se le paga para
garantizar la igualdad ante la ley, como parte del ideario democrático)
como del sistema mediático (clave para reproducir los valores
supuestamente democráticos) para proteger a la Infanta, la esposa del
yerno que está ya en los tribunales, estableciendo una especie de
protección a su figura y a la Monarquía. Sin ningún tipo de reparo, las
autoridades jurídicas ya reconocen, al proteger a la Infanta, que
algunas personas son más iguales que otras. Y todo el mundo sabe quién
está protegido y quién no. Esta percepciones un ataque frontal a la
cultura democrática del país.
Y, lo que es incluso peor, el sistema
monárquico se sabe lo suficientemente poderoso para no sentir que tiene
que dar cuentas de ello. Ni que decir tiene que la Casa Real es
consciente del coste político de estos comportamientos. Pero su
permanencia no depende del apoyo popular, sino del apoyo de la
estructura de poder –desde el financiero y económico hasta el mediático,
y en última instancia de las Fuerzas Armadas- que hacen todo lo posible
para mantener la Monarquía que les está proveyendo la legitimidad que
necesitan. El desmantelamiento de la Monarquía abriría toda una serie de
interrogantes que la estructura del poder no puede permitirse. Así de
claro.
